Fuente: Revista Trama

Desde el regreso de la democracia, el sistema neoliberal se ha sostenido fundamentalmente mediante la presión de los grupos económicos políticamente representados por el bloque en el poder. Esto se ha traducido en un enclaustramiento transversal de las disputas políticas al interior de la esfera estatal. La formación de alternativas de izquierda no depende solo de una crítica estructural a la economía e ideología neoliberal, sino que debe prestar mayor atención a la administración política con que la ex Concertación y Alianza han intentado sostener el dispositivo de enclaustramiento estatal de la política y la despolitización de lo social.

Ya el Estado Nacional Popular, del breve y fracasado periodo desarrollista, intentó –vía pacto social– obturar las capacidades deliberativas y resolutivas proyectadas por el demos chileno hacia un nuevo tipo de espacio público vinculante. En ese espacio, la “forma Estado”[1] estaba siendo plegada hacia la vida-en-común, mediante una doble articulación de lo instituido y lo (co)instituyente que llegó a ser nombrada como Poder Popular.

Si la dictadura militar intentó desbaratar esta forma de organización y acción política que desbordó al Estado de Compromiso, la democracia transicional ha operado como un régimen estabilizador que administra la desvinculación interna del pueblo chileno, como también sus capacidades deliberativo-resolutivas (lo político) y las formas en que se atienden los asuntos en común (La Política). De ahí que, más allá de denunciar la articulación clasista del empresariado y la derecha, es necesario pensar los lindes de la política actual, pues es tanto en ella, como en lo social, donde debemos recomponer la doble articulación que impide dicotomizar la construcción del socialismo “desde abajo” o “desde arriba”. Es un desafío para la izquierda no solo articular las formas de comprensión de la relación político/política, sino que, a la par, elaborar una propuesta que destruya las construcciones teóricas, políticas y discursivas que han forjado una inmunización de “lo político” (instituyente) por “la política” (instituida). En este sentido, atestiguamos un proceso de “expropiación” de la agencia política,[2] articulado por la sustracción de la capacidad deliberativa del pueblo, aumentando así las brechas entre el bloque en el poder y la sociedad. Esa será nuestra primera entrada.

Lo político y la política en el contexto Neoliberal

Al preguntarnos por los adversarios de la izquierda, apuntamos de forma correcta hacia aquellos actores políticamente articulados en la ex Concertación y Alianza. Sin duda, es un escenario provechoso para profundizar transversalmente el neoliberalismo usando el espacio estatal. Lo que una estrategia de izquierda debe partir explicando es: cómo la promesa concertacionista de revertir la condición neoliberal economizante implantada por la dictadura, ha logrado legitimar precisamente la operación contraria. Desde esta perspectiva, la promesa de reversión estaba fundada en un llamado a “economizar” la vida común de la polis.

Es necesario acotar que el capitalismo no solo requiere ampliar el campo de lo mercantilizable (salud, educación, medio ambiente), sino también trascender las formas de su reproducción, basadas en la pura circulación de mercancías y su proliferación.[3] Esto finalmente, apunta a una rearticulación de los procesos de acumulación con la producción de subjetividades “apropiadas que […] luego de un tiempo se van encarnando en nuevas relaciones sociales y nuevos comportamientos” (Leiva, 2010:7,8). La democracia chilena busca legitimar un orden cuyo origen constitucional, en 1980, da cuenta de las formas de reestructuración capitalista y neoliberal, generando “un modelo de regulación, es decir, la instalación de un conjunto de mediaciones e instituciones para administrar dentro de los límites aceptables las contradicciones y conflictos inherentes al nuevo régimen de acumulación” (Leiva, 2010:15).

Es en este escenario donde problematizamos la relación entre lo político y lo social. Como señala la conocida tesis de Carl Schmitt (2009), lo político y el Estado se superponen.[4] Lo político, desde el autor, aparece al momento de distinguir entre amigos y enemigos. Teoría que, desmitificando el concepto procedimentalista liberal de la democracia, la re-mitifica al proponer la noción de un pueblo identificado como un “nos-otros” sin antagonismos de clase. Junto con Schmitt, Mouffe (2007) apunta a la construcción adversarial de lo político bajo el modelo agonístico en tanto dimensión característica de las sociedades humanas. Lo peculiar, argüirán autores como Mouffe o Espósito (1996, 2006), es justamente el contenido conflictual de lo político, siendo una dimensión constitutiva y necesaria para su comprensión en los escenarios contemporáneos. Distanciándonos de Schmitt en cuanto a su perspectiva en relación al Estado y el carácter decisionista de este, consideramos que la democracia contemporánea postdicatorial se configura como un escenario particular para la desvinculación entre lo social y político, al despojar los medios que permiten “tomar parte” en la decisión de los destinos de la sociedad. Separación deliberada, instrumental, de lo social y lo político, donde lo político se enclaustra en la política y “lo social” se presenta como no-político. La peculiaridad de los escenarios liberales radica en la forma en que la neutralización de lo político se articula desde la esfera estatal, generando una vinculación en base a una supuesta coordinación de los intereses de clase, cuyo ejercicio se establece desde el Estado. Si lo social lo comprendemos como el espacio donde radica la posibilidad de decisión y capacidad deliberativa, lo político sería la zona conflictiva de la decisión y capacidad deliberante de la sociedad.

Lo político y la Democracia en el Chile reciente

Si bien el ejercicio de análisis implica retrotraernos a los cimientos del sistema jurídico-político soberano, (Agamben, 2003, 2005, 2007) es pertinente acotar nuestra visión a la historia reciente. Tres serán los mecanismos que se vinculan en nuestro análisis.

Por una parte, han sido diversas las tesis que se han levantado para comprender este proceso, entre ellas, la reflexión donde el Golpe aparecía como la síntesis de un proyecto agotado, debido a la polarización de la política chilena [5], al debilitamiento del sistema de representación y a la sobre-ideologización de la sociedad (Villalobos-Ruminott, 2008). Tesis provenientes de una renovada izquierda,[6] sitúan el agotamiento del sistema representacional anterior al 73’ debido a la radicalización de las demandas sociales, junto con un enaltecimiento de la estabilidad constitucional chilena durante el período 25’-73’ que se vio mermada por la inestabilidad creciente del sistema político. Esto posibilitará un análisis autoflagelante sobre los errores cometidos en las formas de concebir y articular la política. Tópicos como autoritarismo/democracia se articulan, en tanto dicotomías, que versan sobre las nuevas características de la política chilena, dando cuenta de la crisis que atravesaban los enfoques tradicionales. El filósofo Sergio Villalobos-Ruminott señala al respecto:

“El fin de la ‘vía chilena al socialismo’ anunciaba la instauración hegemónica de un concepto de lo político estrictamente acotado a la administración y gestión del capital global y su patrón de acumulación flexible. Así mismo, la Unidad Popular, ese doloroso ‘error de juventud’, comenzaba a concebirse como expresión de un ingenuo populismo latinoamericano” (Villalobos-Ruminott, 2013:101).

En resumen, el análisis de la polarización social confluye en una perspectiva que se apareja con la aseveración de una sociedad sobre-ideologizada, con complejos problemas del campo político para realizar la representación como “su” función propia y diferenciada.

El segundo elemento surge de la desvinculación de lo social y lo político, articulado bajo la demanda de una democracia consensual, cuya idea se dibuja en la misma dictadura y se materializa en la transición. Más que una redemocratización de la sociedad, contemplamos un escenario que grafica una nueva democracia, vaciada ya del componente antagonista, donde la conceptualización de transición[7] establece a lo menos tres dimensiones: un proceso de adecuación y reacomodación de las estructuras dictatoriales escudadas en la Constitución de 1980 (los enclaves); una paulatina economización de aspectos cada vez más diversos de la vida y las relaciones sociales;[8] y la capacidad de cooptación por parte de la política estatal del germen político incipiente contenido, tanto en las formas clásicamente reivindicativas, como en la recomposición del tejido social surgida desde las movilizaciones del 82’ en adelante. La dicotomía dictadura-democracia establece una noción para que el despojo de la acción política se vuelva una condición de posibilidad para la readecuación democrática. La noción normativa que le secunda establece una visión administrativa de la política estatal, perspectiva que propicia un atrincheramiento de la labor de los partidos tradicionales al amparo del sistema binominal. La elaboración de tales discursos –devenidos en hegemonía– establece una epistemología de la transición que se articula como dispositivo de gobierno, comprendiendo este último como el “conjunto heterogéneo, que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no-lingüístico, al mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se establece entre estos elementos” (Agamben, 2011). Saberes en suspenso que intentan adaptarse a las necesidades flexibles de legitimación, logrando con gran facilidad establecer una normativización desde los discursos transicionales. El pensamiento excepcional de la dictadura militar fue, en este sentido, acomodaticio al artejo de la transición.

La tercera arista advierte la reconfiguración paradojal de la promesa democrática, donde esta última sugería una restitución de los escenarios republicanos tradicionales de la política chilena, volviéndose más bien una reconfiguración de los intereses de la élite bajo la noción gubernamentalizad de la distinción político/social. Por gubernamentalidad comprendemos el conjunto de procedimientos, instituciones, saberes, cálculos, tácticas, técnicas y prácticas de subjetivación vinculadas con el Estado. Foucault señala al respecto: “Sociedad, economía, población, seguridad, libertad: esos son los elementos de la nueva gubernamentalidad cuyas formas, creo, aún conocemos en sus modificaciones contemporáneas” (Foucault, 2009:405). La desvinculación político/social posee su origen en la construcción del Estado moderno, restringiendo en el Estado la capacidad de la toma de decisión desdibujando la participación de la sociedad civil. Foucault enfatiza: “La sociedad civil es lo que el pensamiento gubernamental, las nuevas formas de gubernamentalidad nacidas en el siglo xviii, ponen de manifiesto como correlato necesario del Estado” (Foucault, 2009:400).

En este sentido, la particularidad es cómo esa disociación se administra en el registro chileno contemporáneo. Así, la dicotomía dictadura-democracia es modulada desde un aspecto institucional, donde Estado y mercado aparecen bajo la rúbrica de tecnicismos procedimentales cuya emergencia se vislumbra en dictadura, pero su legitimación solo fue posible cuando la democracia la hizo viable. Ello requirió de la desarticulación del incipiente tejido social desarrollado en los 80’s, despejando el contenido político de la demanda, arguyendo el pasado politizado de la up y la fragilidad institucional de la postdictadura. La síntesis del proceso conforma un retorno a la democracia donde más que la restitución de la capacidad deliberante y acción política, se subsumió en una reconfiguración de carácter económico condicionada por el crecimiento del mercado: la movilización y la recomposición del tejido social parecieron estériles frente a las nuevas formas consumistas. Cabe recalcar que la desvinculación de lo político y lo social como dispositivo gubernamental se entreteje en un enjambre de procedimientos políticos, culturales y económicos,[9] donde el lenguaje político queda superpuesto en un espacio tecnificado, expropiando así a la sociedad de sus propios términos políticos.

 Resituar lo político: apuntes para un cierre

 La pregonada despolitización de la sociedad puede ser leída –desde nuestros términos– como una forma de administración de lo político, basada en el consenso institucional, cuyo objetivo es el de establecer un sistema de dominación que permanezca indefinidamente en el tiempo mediante la construcción de dispositivos gubernamentales. Para ello, el gobierno de turno en conjunto con la élite económica operan estableciendo la vieja práctica de cooptación de las demandas y reivindicaciones políticas mediante la institucionalización del conflicto: a saber, aquel mecanismo que reconoce la demanda pero la administra mediante la creación de espacios institucionales (mesas de diálogo, comisiones o comités de expertos) que desvirtúan y desmovilizan el contenido político de la demanda. Así, lo social adquiere una doble dimensión: desde el gobierno se configura como una amenaza que desafía el espacio consensual establecido en la medida que articula una demanda; desde “la política” como un espacio vaciado de politicidad. Una tercera arista se abre respecto de lo social, cuando se concibe como un espacio caracterizado por el distanciamiento de la política tradicional, comprendida desde los partidos políticos.

Desde esta perspectiva, las tres vertientes de análisis comprenden lo social en tanto espacio contrapuesto a lo político. El problema nos lleva a las bases mismas del mecanismo que elabora dicha declaración: la necesidad del sistema democrático de administrar un orden, privatizando las relaciones sociales donde la disputa social está más vinculada a la demanda económica que a los derechos sociales, por cierto inherentes a la promesa democrática liberal.

La democracia transicional ha demostrado cómo se establece en tanto gobierno de una élite económica y política. Cómo se administra la desigualdad mediante el acceso a los servicios y recursos, y cómo demuestra su inoperancia en intentos infructuosos de solventar una contradicción inherente a su propia conformación. Hoy, corregir los fundamentos mismos de esa elaboración de “la política” parece un método inviable en un contexto carente de legitimidad.

Esta reflexión ha enfatizado en cómo se ha posibilitado el verdadero gobierno por parte de las élites económicas de nuestro país: es con la intencionada forma de comprender lo político, como se ha podido asegurar la solvencia del modelo neoliberal. Una política de izquierda debiese abogar por la superación de la distinción político/social, donde los adversarios serían aquellos conglomerados que sostienen la separación de las esferas. Nuestro desafío es entonces poder restituir la demanda política originaria: aquella que apela a una comunidad deliberativa mediante la articulación y restitución de lo político por parte de lo social.

NOTAS

[1] Sobre este concepto ver: Miliband, Ralph (1991).

[2] Ejemplo de esto es la falta de una legislación sindical adecuada, la carencia de democracia en las instituciones educacionales y la demanda por los de derechos sociales.

[3] Esta estaría dada por el carácter propio del capitalismo en su incapacidad “Estructural para reproducirse a sí mismo exclusivamente a partir de las relaciones mercantiles y de intercambio que generaliza y mundializa con su expansión” (Leiva, 2010:7).

[4]. En el texto señala: “El concepto del Estado supone el de lo político. De acuerdo con el uso”. (Schmitt, 2009: 49).

[5] Por ejemplo: José Joaquín Brunner (1981); Eugenio Tironi (1998).

[6] Véase Brunner, José Joaquín (1988); Garretón, Manuel Antonio (1984); Tironi, Eugenio (1984).

[7] El mismo vocablo “transición” apela a un proceso temporal de cambio de estado o situación, apuntando a una idea de futuro inconcluso que se desprende de un marco político definido por un sistema electoral binominal.

[8] La matriz del cual se levanta de las nociones de mercado-desarrollo-desideologización se realiza en pos de un estigma democrático. Como lo señala Frei: “[…] [L]a democracia será mejor y más auténtica cuando más y más ciudadanas y ciudadanos participen del esfuerzo productivo de toda la nación” (Frei, 1999:36).

[9] El objetivo de ello es establecer un cierto grado de unificación y homogenización en los proyectos, perspectivas y directrices políticas, morales y sociales. El desarrollo de una racionalidad gubernamental estaría dado por el procesamiento de la realidad, el cual es manejado por tecnologías políticas, mediante agencias, instituciones, procedimientos, formas legales, políticas públicas, por mencionar algunos aspectos.

REFERENCIAS

Agamben, Giorgio (2003) Homo sacer i. El poder soberano y la nuda vida. Ed. Pre-Textos Valencia.

_______________ (2005) Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer iii. Ed. Pre-textos. Madrid.

_______________ (2007) Estado de Excepción. Homo Sacer ii.1. Ed. Adriana Hidalgo. Buenos Aires.

_______________ (2008) El Reino y la Gloria. Una genealogía teológica de la economía y del gobierno. Homo Sacer ii.2. Ed. Adriana Hidalgo. Buenos Aires.

_______________ (2011) “¿Qué es un dispositivo?” En: Sociológica, año 26, número 73, pp. 249-264 mayo-agosto.

Brunner, José Joaquín (1981) Cultura Autoritaria en Chile. flacso. Santiago de Chile.

_________________ (1988) Un espejo trizado. flacso. Santiago de Chile.

Espósito, Roberto (1996). Confines de lo político. Ed. Trotta. Madrid.

______________ (2006) Categorías de lo impolítico. Ed. Katz. Buenos Aires.

Foucault, Michel (2009) Seguridad, Territorio, población. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Frei, Eduardo (1999) “Discurso Presidencial. 21 de mayo 1999”. [Recurso electrónico: http://historiapolitica.bcn.cl/mensajes_presidenciales].

Garretón, Manuel Antonio (1984) Dictaduras y democratización. flacso. Santiago de Chile.

Leiva, Fernando (2010) “Acumulación, cohesión social y subjetividad en el capitalismo latinoamericano contemporáneo. El aporte de la economía política cultural crítica”. Ponencia preparada para la mesa Aportes de la Economía Política Cultural Crítica al estudio de América Latina de la Asociación Centro-Americana de Sociología (acas), 4-6 de Agosto de 2010, San José, Costa Rica.

Miliband, Ralph (1991) “Réplica a Nicos Poulantzas”. En: Horacio Tarcus (comp.), Debates sobre el Estado Capitalista/1. Ed. Imago Mundi. Buenos Aires.

Mouffe, Chantal (2007) En torno a lo político. Ed. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Schmitt, Carl (2009) El concepto de lo político. Versión de Rafael Agapito. Alianza Editorial. Madrid.

Tironi, Eugenio (1984) La Torre de Babel, ensayos de crítica y renovación política. Ed. sur Profesionales, Santiago.

_____________ (1998) El Régimen Autoritario. Para una Sociología de Pinochet. Ed. Dolmen, Santiago.

Villalobos-Ruminott, Sergio (2008) “Modernidad y Dictadura en Chile”. En: Revista Acontra Corriente, Vol. 6, No. 1, Fall 2008, 15-49.

_______________________ (2013) Soberanías en suspenso. Imaginación y violencia en América Latina. Ed. La Cebra. Buenos Aires.

≡

Imagen principal: Gregor Maver, In Between Denied Citizens