La hacienda no fue tierra: fue gramática, fue látigo inscrito en la carne oscura. Alguien firmó el dieciocho y el dieciocho se hizo mito, se hizo cueca, se hizo la forma exacta del miedo que se viste de bandera. El cuarenta y cuatro por ciento no votó por un hombre: votó por seguir siendo legible en el orden que los hizo sombra con nombre prestado. Borrarlo sería borrarse. La traza no cede.

La formulación misma del problema (despinochetizar) no significa que el tiempo está fuera de quicio, sino que contiene su propia clausura. No se trata de un fracaso operacional de la «transición», de su pedagogía cívica, sino la evidencia de una dificultad geográfica que las ciencias sociales -y los actores políticos- se han resistido sistemáticamente a reconocer en el orden de lo diacrónico-temporal: la despinochetización, como ilusión metafísica de la reversibilidad, es impracticable porque implicaría la deschilenización de una arquitectura oligárquica, racista y autoritaria de un modo que precede y excede a Pinochet, y persiste después de su muerte física como sustrato político-cultural activo. La política de la conjuración, con sus trazas y herencias, se mantiene suspendida porque la hacienda, la encomienda, el vasalle y el racismo fundacional se mantienen en vilo. Una tarea que, sin negar los afanes reformistas (1990), trasciende cualquier agenda transicional y que las ciencias sociales, aún presas del empirismo del presente no han querido, todavía, comenzar. El «cuerpo colonizado-hacendal» no fue simplemente explotado: fue ordenado semánticamente. La hacienda produjo una sintaxis de la carne, un sistema de posiciones que distribuía la voz, la obediencia y la pertenencia según coordenadas que nada tenían de naturales. La encomienda no fue, en primer lugar, un dispositivo económico: fue una operación metafísica que separó a los seres con densidad ontológica propia de aquellos condenados a existir solo como funciones de otro.

Pinochet no abrió ese abismo: lo heredó, lo administró, le dio nombre moderno. Actualizó con tecnología de Estado lo que la colonia había escrito en los cuerpos durante siglos. Por eso el 44% de 1988 no debe leerse como adhesión a la crueldad: debe leerse como pánico de desclasificación y condición de posibilidad del presente gubernamental. Votar por Pinochet, admitir esas pulsiones de subjetividad, fue votar por la continuidad de un código (Kastización) que les decía quiénes eran, dónde estaban, qué podían reclamar. Fue votar por la gramática colonial que ha marcado trazas sin nombre.

Tal afirmación sobre la arqueología oligárquico-racista-autoritario es constitutiva de la formación nacional, (no es desviación de una esencia democrática chilena) y resulta inadmisible para la mayoría de las formaciones intelectuales progresistas porque desarma sus propias mitologías: la excepcionalidad democrática chilena, la cultura cívica superior, el Chile ilustrado frente al resto de América Latina. Con todo, tal periodización requiere matices historiográficos importantes que impiden una lógica de la causalidad. No es aceptable homogenizar el Estado portaliano (1830-1860), el parlamentarismo oligárquico (1891-1920), el presidencialismo de masas (1920-1973): la dictadura militar (1973-1990) y la democracia post-1990 bajo bloques monolíticos. Ello borraría diferencias históricas sustantivas (más que sustanciales). El parlamentarismo permitió la democratización progresiva que culminó en la Constitución de 1925; la Unidad Popular llegó al poder mediante vías institucionales legítimas. No son anomalías sino evidencia de que la historia política chilena contiene en prevalencias oligárquicas y procesos democratizadores concretos cuya existencia no niega las configuraciones de poder.

Bajo la transición democrática (1990), pese a la indudable ampliación de derechos, operó la clausura de toda posibilidad de despinochetización real mediante una doble operación: preservó la arquitectura institucional del pinochetismo (Constitución, modelo económico, enclaves autoritarios, impunidad) mientras produjo un relato de «reconciliación» que instaló la memoria de la dictadura como pasado clausurado, vaciando así toda potencia crítica del recuerdo. El continuum de la dictadura fue la operación cultural más exitosa del Chile post-autoritario. La Concertación (sin negar sus esfuerzos, ni caer en las «leyendas negras» del movimiento 2011) abrazó reformas y tecnología de despolitización.

¿Por qué la despinochetización jamás fue realmente emplazada? Porque habría implicado un gesto suicida para las élites democráticas que condujeron la transición. Estas élites, provenientes mayoritariamente de la misma matriz de clase que sustentó el golpe de 1973, aunque posicionadas en el bando democrático-reformista, compartían con las élites pinochetistas el sustrato social: clase, privilegio, capital cultural, redes, posiciones en el campo de poder. Las élites de la Concertación no eran idénticas a las pinochetistas, esa diferencia permitió espacios de democratización real, pero desmantelar el pinochetismo habría significado desmantelar las bases materiales de su propio margen democrático.

¿Qué significa entonces afirmar la imposibilidad diacrónica (temporaria) de la despinochetización? No significa determinismo ontológico que cancele la contingencia histórica y sus micropolíticas. Ya lo sabemos; convertir una configuración histórica particular en destino ontológico debería despertar sospechas en cualquier análisis crítico, sino reconocer que las arquitecturas oligárquicas construidas históricamente condicionan (sin determinar absolutamente) las posibilidades políticas del Chile OCDE. La contingencia es constitutiva de lo político: aunque las estructuras oligárquicas hayan persistido, ello no significa que deban subsistir como ley de bronce. El problema es que el diagnóstico de imposibilidad se autorrefuta políticamente: si la deschilenización fuera imposible, ¿para qué escribir críticamente? La crítica radical que cancela toda posibilidad termina siendo conservadora en efectos prácticos. La pregunta correcta no es si Chile es ontológicamente autoritario, sino bajo qué condiciones pueden construirse mayorías democráticas (micropolíticas).

El argumento aquí esgrimido implica una objeción fundamental desde la teoría de la identidad: la «chilenidad oligárquica-autoritaria» no es una matriz cultural (a-temporal) constituida de una vez para siempre, cuando la identidad es un proceso de construcción histórica, y no algo fijo o permanente. Con todo, afirmar que «la chilenidad es pinochetismo sin Pinochet» convierte una configuración histórica particular en esencia inmutable, negando que la identidad chilena ha expresado de diversas maneras en tiempos distintos rasgos que aparecen, desaparecen y se reconfiguran. La investigación sobre identidad chilena demuestra que en cada período histórico emergen rasgos identitarios diferentes: el centralismo y autoritarismo colonial, la admiración por valores republicanos post-independencia, el desarrollismo industrial de mediados del siglo XX, el emprendimiento neoliberal post-dictadura, las nuevas identidades emergentes post-2019 (feminismos, plurinacionalidad, ecologismo). Reducir esta complejidad a «autoritarismo permanente» es analíticamente insostenible (porque han existido intervalos reformistas). Además, este tipo de versiones públicas de identidad que enfatizan lo negativo y permanente emergen típicamente en períodos de crisis, estancamiento, cuando bajan índices de desarrollo y bienestar. Presentar las cosas como destino ontológico clausura precisamente esa construcción que debería mantenerse abierta como margen de posibilidades.

Esta crítica al esencialismo identitario es válida y necesaria, pero no invalida el argumento central. La distinción crucial es entre identidad (construcción discursiva siempre abierta) y dominio arquitectural (configuración material de relaciones de poder que persiste más allá de los relatos identitarios). Los rasgos identitarios cambian, del catolicismo colonial al laicismo republicano, del desarrollismo al emprendimiento, pero los clivajes oligárquicos atraviesan las mutaciones identitarias. Las nuevas identidades emergentes post-2019 (feminismos, plurinacionalidad, ecologismo) expresan cambios reales en la construcción discursiva de lo chileno, pero operan sobre una estructura de desigualdad material que no se disuelve mediante resignificación identitaria. La dificultad estructural no niega la apertura identitaria: señala que los cambios en los relatos sobre quiénes somos no transforman automáticamente las relaciones materiales de dominación que condicionan qué podemos llegar a ser.

La «despinochetización» como operación radical implicaría entonces interrogar y desmantelar las formas oligárquicas de dominación que preceden a Pinochet, lo exceden y persisten. Si lo oligárquico-autoritario no es accidente sino estructura, desmantelarlo implicaría refundar radicalmente la nación, no como reforma sino como ruptura. Y esa ruptura no tiene sujeto político capaz de realizarla: las élites democráticas no pueden porque comparten sustrato con las élites pinochetistas; los sectores populares están fragmentados, despolitizados, muchos adheridos al proyecto autoritario. La imposibilidad aparece entonces simultáneamente como diacronía e históricamente contingente: estructural porque implicaría la disolución de formas de dominación que constituyen lo chileno en su matriz oligárquica; históricamente contingente porque fue construida mediante operaciones concretas de despolitización que la crítica debe seguir desenmascarando.

Reconocer esto implicaría un ejercicio crítico radical: interrogar la propia complicidad con las estructuras que se dice combatir, examinar las continuidades entre la administración democrática del modelo y su imposición dictatorial, desmantelar la ilusión de que existe diferencia sustancial entre gobierno de élites con legitimidad electoral y gobierno de élites mediante represión cuando ambos preservan intacta la dominación oligárquica. Las instituciones tienen lógicas propias, no reducibles a dominación pura, pero esas lógicas operan dentro de estructuras de clase que las condicionan. Esta crítica es precisamente lo que se evita: se prefiere la denuncia del pinochetismo como otro absoluto, como mal externo, porque esa operación permite mantener intacta la autoimagen progresista sin interrogar las propias complicidades.

La revuelta de octubre 2019, esa irrupción que se celebró prematuramente como «momento refundacional», ese gesto de las calles que se leyó bajo el signo de la ruptura, operó (esto es lo que habría que reconocer sin las ilusiones del progresismo celebratorio) como pieza funcional dentro del programa de meta-estabilidad que caracteriza la formación social chilena post-dictatorial. ¿Qué es la meta-estabilidad sino esa capacidad sistémica de incorporar su propia crisis como mecanismo de perpetuación, de procesar la protesta como insumo para renovar las tramas de legitimación sin alterar (jamás) las relaciones materiales de dominación? El estallido no fracturó el modelo: lo actualizó. Permitió al dispositivo hegemónico absorber tensiones acumuladas durante tres décadas mediante la operación clásica que Gramsci llamó transformismo y que en Chile alcanza refinamiento casi obsceno: el proceso constituyente como tecnología de domesticación. Las calles gritaban «que se vayan todos» y el sistema respondió: adelante, escriban ustedes mismos su Constitución. Pero escriban dentro de estos marcos, bajo estos quórums, con estas reglas del juego que garantizan (siempre ya) que lo escribible jamás tocará el núcleo duro del poder oligárquico. El desbande alcanzó aquí su forma perfecta (y esto debería aterrar a cualquier análisis que se pretenda crítico): la revuelta misma convertida en escena de relegitimación democrática. No hubo represión masiva como en 1973 porque no hacía falta. Las élites aprendieron: se administra la crisis, se procesa institucionalmente, se convierte Plaza Italia en símbolo vaciado, el «momento constituyente» en espectáculo de participación cuyo desenlace estaba inscrito desde el origen. Dos plebiscitos perdidos, una Convención que redactó para ser rechazada. ¿Cómo leer esto? Como triunfo del programa de meta-estabilidad: el sistema preservado mediante la crisis que lo cuestionó, ahora con legitimidad refrendada. Porque puede decir (y esto es su obscenidad política): ustedes tuvieron voz, eligieron, participaron. Esto es la democracia. La dominación oligárquica persiste, pero ahora blindada por el gesto mismo de haber permitido la crítica, de haber abierto —controladamente— el juego.

Esa es la verdad obscena que la crítica académica ha obliterado después de los años 90’: que el problema no es Pinochet sino las actualizaciones de una acumulación originaria. Que el fervor autoritario no es patología, sino latencia y dispositivo. Que la «despinochetización» es inviable porque la «chilenidad» (al menos en su forma oligárquica dominante) es pinochetismo sin Pinochet. Tal imposibilidad no es ontológica, sino histórica. Y lo histórico, construido mediante operaciones concretas implica la crítica, la política y las mayorías sociales para seguir desenmascarando. Admitir micropolíticas; aunque la batalla parezca perdida.

Referencias.

Correa Sutil, Sofía. Con las riendas del poder: La derecha chilena en el siglo XX. Santiago: Editorial Sudamericana, 2005.

Garretón, Manuel Antonio. Incomplete Democracy: Political Democratization in Chile and Latin America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2003.

Larraín, Jorge. Identidad chilena. Santiago: LOM Ediciones, 2001.

Dr. Mauro Salazar J. UFRO/Sapienza.