Resumen: blasfemias del Estado mínimo

El gobierno encabezado por José Antonio Kast, instalado el 11 de marzo de 2026, ha hecho del recorte del Estado el eje articulador de su programa: 260 programas públicos sometidos a tijera, US$6.000 millones de gasto suprimido en 18 meses, rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, recorte del 15% a la Pensión Garantizada Universal pese a la promesa de campaña «Te amo PGU». La operación discursiva es triple: invocar una «emergencia» que justifica la urgencia, citar tres o cuatro países como prueba de éxito, y vender el ajuste como modernización. Esta nota desmiente las tres operaciones por examen empírico. No existe ningún país que haya combinado reducción del gasto y reducción de impuestos corporativos con desarrollo generalizado: los casos invocados (Singapur, Irlanda, Estonia) operan, vistos de cerca, con fuerte intervención estatal. Cinco ideas gravitacionales sostienen la nota: el «estado mínimo» es un fantasma ideológico; los casos invocados redistribuyen activamente; el crecimiento bajo este modelo es asimétrico (los ricos crecen tres veces más); el modelo enriquece a los mismos de siempre; y este es un modelo de crecimiento de la riqueza, no de desarrollo de los pueblos.

1. La escena de la repetición y la coartada de la «emergencia»

La escena se repite con la regularidad de una consigna. El gobierno instalado el 11 de marzo de 2026 invoca, una y otra vez, una «triple emergencia» (de seguridad, económica y social) para justificar lo que en realidad es un programa ideológico de larga data: el achicamiento del Estado. El ministro de Hacienda, principal arquitecto y vocero del plan, anuncia recortes a 260 programas por US$6.000 millones, rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, supresión del ajuar de recién nacidos, recorte de US$1.000 millones a la Pensión Garantizada Universal, eliminación o reducción de Liceos Bicentenario, beca Vocación Profesor, beca Juan Gómez Millas, financiamiento del MIM, programas del SENAME, CONADI e INJUV. Y todo eso, se nos dice, «sin tocar los beneficios sociales». La piratería argumental opera por sustracción: el ministro repite que «no se va a tocar ningún beneficio social» mientras firma decretos que tocan beneficios sociales. La distancia entre el enunciado y el acto define la estructura del dispositivo.

2. El examen empírico de los tres casos invocados

Cuando la coartada de la «emergencia» se desgasta, el oficialismo acude a la prueba por ejemplo: tres o cuatro nombres exóticos repetidos como amuletos. Conviene examinar los especuladores de la palabra del Kastismo. La ciudad-Estado del sudeste asiático, primer ejemplo invocado, exhibe gasto público en torno al 14% del PIB, uno de los más bajos entre las economías avanzadas. Pero la cifra oculta lo que importa: el Fondo de Previsión Central de esa ciudad opera como un sistema masivo de seguridad social que cubre pensiones, salud, vivienda y desempleo. La corporación nacional de vivienda da techo al 80% de la población. Los hogares de los deciles inferior y medio crecieron en ingresos reales por encima del promedio nacional durante la última década, según datos del propio Ministerio de Finanzas de esa ciudad. El llamado «estado mínimo» es, examinado de cerca, un estado interventor de altísima intensidad.

El segundo nombre es la república insular del Atlántico Norte. La consigna oficialista chilena la invoca por su tasa corporativa baja. La consigna omite dos hechos verificables. Primero: durante las décadas anteriores al despegue, esa república recibió más de 17.000 millones de euros en fondos estructurales y de cohesión externos, una redistribución supranacional masiva sin la cual el crecimiento posterior habría sido literalmente imposible. Segundo, y más decisivo: estudios académicos recientes con métodos econométricos contrafactuales sobre la reforma tributaria de 1997 muestran que la reducción adicional del impuesto corporativo produjo dos efectos simultáneos y opuestos: aumento estadísticamente significativo de la participación del 1% más rico en el ingreso nacional, y reducción correlativa de la participación del 40% medio. La república creció. El crecimiento fue capturado por el vértice. La ecuación que la propaganda chilena no escribe es la siguiente: «más milagro, más concentración».

El tercer nombre pertenece al Báltico. Se elogia su «impuesto plano», su digitalización, su modernidad ágil. Lo que se silencia es que durante la crisis de 2008 los tres países bálticos aplicaron paquetes de austeridad reconocidos como los más severos de Europa, con efectos exactamente inversos al «éxito» que se les atribuye: aumento del desempleo y la pobreza, deterioro de la salud pública, emigración juvenil masiva, tasas de suicidio entre las más altas del continente. La «modernización báltica» no es un caso de éxito sino un caso límite. Y aun así, el oficialismo chileno la cita.

3. Las cinco ideas gravitacionales del desmentido

Una vez examinada la retórica del «gobierno de emergencia» y los tres casos que la sostienen, el desmentido puede formularse con precisión. Cinco ideas gravitacionales lo articulan:

Primera. Ningún país ha combinado, históricamente, reducción del gasto público con reducción de impuestos corporativos y aumento generalizado del bienestar. La afirmación contraria es retórica, no empírica. La frase debería repetirse: ningún país. La excepción no existe. Cuando el Ministerio de Hacienda chileno invoca a la ciudad-Estado, a la república insular y al Báltico como prueba, lo que hace es citar tres casos que, examinados de cerca, demuestran exactamente lo contrario.

Segunda. Los casos invocados como prueba operan, en realidad, con fuerte intervención redistributiva. Vivienda pública masiva en la ciudad-Estado, fondos estructurales europeos en la república insular, ajuste pagado con fractura social en los países bálticos. Lo que la receta presenta como éxito del «estado mínimo» es siempre, en sus condiciones efectivas de posibilidad, su contrario: un Estado activo que la propaganda chilena se encarga de borrar del cuadro.

Tercera. El crecimiento bajo este modelo es estructuralmente asimétrico. Cuando los ingresos del decil superior aumentan un 30%, los del decil mediano apenas alcanzan un 10%, y los del decil inferior se quedan mirando desde abajo el espectáculo del crecimiento ajeno. Cuatro décadas de literatura económica documentan la curva. La asimetría no es un defecto del modelo: es su modo de operar. La propuesta chilena de bajar el impuesto corporativo del 27% al 23% beneficiará al 1% más rico, sin garantía empírica de derrame hacia los deciles medios o bajos.

Cuarta. El «estado mínimo» es un fantasma ideológico (que responde a la aventura de Quiroz en tanto bróker). No describe ninguna realidad empírica, sino que organiza una expectativa colectiva que produce adhesiones, organiza voto, moviliza mayorías. El último informe global sobre desigualdades documenta que el 10% más rico del planeta concentra hoy el 52% del ingreso mundial mientras el 50% más pobre se reparte apenas el 8,5%. Allí donde se prometió «desarrollo para todos», se ha producido «concentración para pocos». Y el fantasma sigue funcionando porque su eficacia ideológica reside en que ya no necesita ser creído para seguir operando: basta con que sea repetido.

Quinta. Este no es un modelo de desarrollo de los pueblos: es un modelo de crecimiento de la riqueza. Las dos cosas no coinciden. Es un modelo de explotación, como toda forma del capital, sólo que más eficiente en su capacidad de exhibirse como su contrario. Donde el capitalismo clásico mostraba la fábrica y el patrón, el capitalismo del «estado mínimo» chileno muestra la métrica del PIB y el ranking de competitividad, y bajo esa exhibición técnica realiza la misma operación de siempre: que los que tienen tengan más, y que los que no tienen sean convencidos de que su falta es responsabilidad propia.

4. La piratería argumental del «gobierno de emergencia»

La operación retórica que sostiene al gobierno chileno actual merece un nombre técnico: piratería argumental. Consiste en tomar tres procedimientos y combinarlos. Primero, declarar una «emergencia» que justifica la urgencia y suspende el debate. Segundo, citar tres o cuatro nombres exóticos como prueba de éxito sin examinar ningún caso. Tercero, prometer que «no se tocará ningún beneficio social» mientras se firman los decretos que los recortan. Es piratería porque toma para sí, sin pagar el precio analítico, el lenguaje técnico de la modernización, el imaginario del progreso y el prestigio internacional de los países invocados. Es argumental porque opera enteramente en el orden del discurso: la realidad presupuestal, la realidad de los recortes, la realidad de la PGU, queda fuera del cuadro.

La promesa de campaña «Te amo PGU» quedó refutada por el oficio del Ministerio de Hacienda del 21 de abril de 2026 que recorta US$1.000 millones a la Pensión Garantizada Universal. La promesa de no tocar beneficios sociales quedó refutada por el decreto del 24 de abril que retira $32.721 millones del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La promesa de modernización quedó refutada por la lista de programas suprimidos: ajuar de recién nacidos, becas estudiantiles, financiamiento del MIM, programas del SENAME, CONADI, INJUV. La promesa de equilibrio fiscal queda refutada por el propio informe financiero de la reforma tributaria oficialista, que admite que la reforma será deficitaria durante no menos de ocho años. La piratería argumental no resiste el contraste documental.

5. Disputar el lenguaje, desmentir la propaganda

La frase que sintetiza el caso es de una nitidez aritmética que basta por sí sola: si los ricos ganan un 30% de aumento, el resto, un 10% o menos. Esa frase, que parece una estadística, es en realidad la fórmula última del fantasma: el dispositivo que convierte la desigualdad estructural en consigna de éxito y la distribución asimétrica en relato de progreso. La crítica al gobierno chileno actual no puede limitarse a refutar las cifras del decreto del 24 de abril. Tiene que intervenir el lenguaje en el que esas cifras se anuncian: desmontar la palabra «éxito» allí donde nombra concentración, devolver a la palabra «desarrollo» su cuerpo de verbo (lo que se hace, lo que se distribuye, lo que efectivamente se reparte) y disputar al adversario la posesión técnica del vocabulario. La pregunta que el gobierno de Kast y su ministro de Hacienda evitan responder no es si los recortes son técnicamente necesarios, sino para quién está organizado el modelo que los recortes inauguran. La respuesta empírica está en los datos: para los mismos de siempre.

Conclusión: la pedagogía del recorte como progreso

Conviene cerrar con la nitidez que la propaganda no permite. El gobierno chileno actual ha descubierto, en apenas siete semanas, una verdad que los economistas serios llevan cuatro décadas intentando comunicar: que ordenar las cuentas, focalizar el gasto y modernizar el Estado son operaciones técnicas, neutras, despolitizadas, ajenas a cualquier consideración ideológica. Por eso se las puede aplicar al ajuar de los recién nacidos, a la beca Vocación Profesor, al Museo Interactivo Mirador, a las pensiones del sistema de reparto y, en última instancia, a la Pensión Garantizada Universal. Se aplican sin tocarlas, naturalmente. La piratería argumental ha alcanzado tal grado de sofisticación que el verbo «recortar» y la expresión «no recortar» significan, en boca del ministro de Hacienda, exactamente lo mismo. Esa equivalencia semántica es el verdadero milagro chileno: superior, en su pulcritud técnica, a cualquier caso invocado del sudeste asiático, del Atlántico Norte o del Báltico. La rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, en este vocabulario, no es una transferencia de riqueza hacia el 1% más rico: es una «medida de competitividad». Los US$1.000 millones recortados a la PGU no son un recorte: son una «sugerencia para el presupuesto 2027». El espectro del «estado mínimo» recorre Chile (otra vez) y, como en sus apariciones anteriores, lo que distribuye no es desarrollo, sino la convicción de que esta vez sí, esta vez por fin, será para todos. La historia, sin embargo, ya escribió la respuesta. Será para los mismos de siempre.

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Dr. Mauro Salazar J. y Dr. Andrés Leiva