1. La «emergencia» como concepto estratificado

Antes de trazar las escenas del desplome narrativo (gubernamental), es necesario detenerse en la arquitectura del término mismo. La «emergencia» que el Partido Republicano instaló como eje de su programa de gobierno no es una palabra: es una construcción de cuatro pisos (heterogéneos) que el uso político aplana en uno solo, confundiendo deliberadamente sus niveles para que cada uno refuerce a los otros sin que ninguno deba responder por lo que los otros no pueden sostener.

La primera dimensión es global. Más allá de lo provinciano, en su plano más abstracto y más real, la «emergencia» nombra una condición estructural del capitalismo financiero contemporáneo: la tendencia a gobernar mediante la excepción, a transformar la crisis en modo de administración permanente y a extraer de la urgencia declarada las condiciones que el debate ordinario no toleraría. No es una invención del Partido Republicano ni una ocurrencia chilena. Es el script disponible globalmente para sistemas políticos que ya no pueden producir consenso mediante la deliberación y que encuentran en la amenaza —el migrante, el terrorista, el gasto descontrolado, el caos institucional— el sustituto de la legitimidad que la promesa redistributiva ya no puede ofrecer. El Democracy Index 2024 del EIU registra el mínimo histórico del índice democrático mundial —5,17 sobre 10—, con sesenta regímenes autoritarios, ocho más que una década atrás, y apenas el 6,6% de la población mundial bajo democracia plena. La investigación comparada documenta cómo Orbán, Milei, Bukele y Modi son capítulos nacionales del mismo texto político que el capital financiero transnacional encuentra más manejable que las democracias de masas con sus costosas exigencias redistributivas. La teoría de la securitización —de Schmitt a Wæver— describe el mecanismo: el discurso de excepción convierte demandas sociales en problemas de orden, instala la gobernanza extraordinaria como forma permanente de administración de lo ordinario y produce la suspensión del debate sobre las causas estructurales de lo que se declara amenaza. Este primer nivel no tiene caducidad interna: no expira porque no promete acabar. Muta bajo otros nombres, en otros gobiernos, con otros enemigos disponibles.

La segunda dimensión es jurídico-institucional. Chile llega a 2026 sin la Constitución que el ciclo 2019–2022 prometió producir: dos procesos constituyentes derrotados, un marco jurídico que sigue siendo el heredero reformado de la arquitectura de 1980, y un Estado que no logró dotarse de los instrumentos legales para procesar las demandas que el estallido condensó. En ese vacío, la «emergencia» republicana opera como sustituto funcional del derecho que no existe: donde no hay ley migratoria adecuada, decreto de control fronterizo; donde no hay reforma al sistema de concesiones, promesa de desmantelar la «permisología»; donde no hay reforma policial, estado de excepción en La Araucanía. La incerteza jurídica no es solo un déficit técnico sino una condición de posibilidad para la táctica de la excepción: un Estado con instituciones consolidadas ofrece resistencia a la lógica emergencial porque dispone de procedimientos ordinarios para procesar las demandas extraordinarias. El Estado chileno post-estallido, en cambio, llega con instituciones degradadas por décadas de privatización de funciones públicas, un sistema de partidos en descomposición y una ciudadanía que aprendió —en tres ciclos de movilización sin articulación— que las instituciones no son el canal sino el obstáculo de sus demandas. Este segundo nivel caduca entre los doce y los veinticuatro meses de gobierno: es el período en que la lógica de excepción agota su reserva de credibilidad porque los decretos que emitió revelan su límite —pueden gestionar síntomas pero no producir las transformaciones estructurales que exigirían precisamente los instrumentos legales que la «emergencia» sustituyó. El decreto que reemplaza a la ley se convierte entonces en prueba de la incapacidad del gobierno para producir ley.

El tercer nivel es táctico (ideológico). La «emergencia» republicana es también una construcción discursiva deliberada de una fracción política que aprendió de sus fracasos electorales anteriores que la retórica del orden y la amenaza es más rentable en el Chile post-estallido que cualquier programa positivo de gobierno. El Partido Republicano llega a La Moneda como heredero de una tradición que combina el pinochetismo cultural con la influencia de los Think Tanks libertarios anglosajones, con el modelo Bolsonaro como prueba de lo que la movilización del miedo puede producir electoralmente, y con la lectura —tácticamente correcta— de que el agotamiento de la centroizquierda y el fracaso de los dos constituyentes habían producido en amplios sectores de la sociedad chilena una disposición hacia el orden disponible para su capitalización política. La arquitectura táctica es precisa: identificar amenazas suficientemente heterogéneas para interpelar a sujetos con intereses distintos —la inseguridad urbana para las clases medias, la migración para los sectores populares amenazados por la competencia laboral, el «dispendio fiscal» para los sectores empresariales— y articularlas bajo el significante común del «caos» que solo el gobierno de emergencia puede clausurar. El enemigo no necesita ser coherente: necesita ser renovable. Este tercer nivel caduca antes de los ciento veinte días no por un golpe externo sino por la contradicción que llevaba inscrita desde el primer decreto: los intereses que unió durante la campaña descubren en el gobierno que no son equivalentes sino contradictorios. La rebaja del impuesto corporativo y la demanda de gasto social no coexisten en el mismo presupuesto. La militarización de la frontera y la dependencia de mano de obra migrante no coexisten en la misma economía regional. Los indultos a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos y el cálculo electoral de la derecha liberal no coexisten en el mismo cuerpo político sin fisuras. Cuando la amenaza se normaliza, la cadena se afloja.

Por fin, una cuarta dimensión, de insospechada relevancia: la «emergencia» opera así en dos registros a la vez: desmantela las mediaciones institucionales y desmantela los instrumentos críticos antes de que puedan registrar el desmantelamiento. El tiempo que separa ambas operaciones es demasiado corto para que la resistencia se organice entre una y otra. En este marco, las indexaciones—mercantilizadas en la lógica de la industria del conocimiento— no miden la educación: administran su sustitución por un simulacro certificable. Lo que se evalúa no es la capacidad de pensar sino la capacidad de rendir un formato. Y lo que el formato no puede capturar —la pregunta que no tiene respuesta en cuatro opciones, el argumento que requiere más tiempo del que la prueba permite, el conocimiento que no es transferible a indicador— desaparece no porque haya sido prohibido sino porque ha sido vuelto invisible por el sistema que mide lo que produce y produce lo que puede medir. El desempoderamiento cognitivo no es el efecto secundario del orden que viene: es su condición de posibilidad, la operación previa sin la cual ningún otro vaciamiento podría sostenerse sin resistencia articulada^*.

II. Tres escenas del desplome

La caducidad diferenciada de los cuatros planos (emergencia) no produce un vacío uniforme: produce una grieta estratificada sobre la que tres escenas compiten por la definición del período 2026–2032. No son etapas consecutivas sino tendencias simultáneas cuya dominancia depende no solo de variables estructurales sino de algo que ningún modelo predetermina: la decisión política de los actores que habitarán lo que el desplome deje abierto.

Escena I. La erosión sin espectáculo

El desgaste no llega como acontecimiento: llega como repetición sin resolución. La primera escena es también la más probable y la de mayor duración. El Partido Republicano descubre, en el ejercicio del poder, que la coalición que la «emergencia» articuló durante la campaña se deshace desde sus eslabones más débiles en cuanto el gobierno tiene que administrar lo que prometió resolver. La «deuda de bienestar» acumulada durante tres décadas no se paga ni se renegocia: se administra con promesas diferidas que cada vez convencen menos. El resultado no es el estallido sino la «era de discordia» de baja intensidad: una secuencia de crisis parciales, cada una suficientemente intensa para desestabilizar el ciclo inmediato pero insuficientemente articulada para producir la ruptura que forzaría la reconfiguración estructural del campo. No produce el acontecimiento que moviliza: produce la fatiga que desmoviliza. La fatiga acumula en el cuerpo social lo que el acontecimiento no pudo nombrar: es la forma que adopta la historia cuando se niega a precipitarse.

Escena II. La saturación que abre

La segunda escena se activa en el umbral donde el deterioro sostenido de las condiciones materiales deja de poder ser narrado como provisional. El adulto mayor que no puede pagar la salud no puede esperar la reforma previsional. El joven endeudado por el CAE no puede esperar el proyecto que lleva seis años sin avanzar. El trabajador informal que la desregulación republicana deja sin protección no puede esperar el siguiente ciclo electoral. Cuando el diferimiento deja de ser posible como estrategia de administración del descontento, el campo político se abre a una reconfiguración que ninguno de sus actores puede controlar. Lo que esta escena hace posible —si las condiciones se conjugan— es la aparición de un «significante de rearticulación» cualitativamente diferente del significante vacío clásico: no el nombre que promete la plenitud ausente sino el que nombra la herida sin fingir que puede curarla de inmediato, que articula la heterogeneidad del campo popular sin subsumirla, que produce el reconocimiento colectivo sin reproducir los mecanismos de representación que el estallido de 2019 había impugnado. La diferencia entre el liderazgo populista clásico y el que esta escena hace posible reside exactamente ahí: en la disposición de sostener la apertura de la herida como condición política, en lugar de ofrecer su cierre como promesa electoral.

Escena III. La administración del silencio

La tercera escena exige aceptar lo más incómodo: que la condición post-hegemónica no produzca ebullición sino apatía, que tres ciclos de movilización sin articulación hayan sedimentado en amplios sectores del campo popular la conclusión de que movilizarse no sirve. La derrota que se interioriza sin poder nombrarse: esa es la forma más eficaz y más duradera de la dominación. La variable crítica es la securitización de la inmiseración —la operación mediante la cual las demandas sociales son recalificadas como problemas de orden público—, que en el programa republicano no es un recurso circunstancial sino una doctrina de gobierno: el migrante que demanda condiciones de vida dignas se convierte en amenaza a la seguridad; el pueblo mapuche que demanda restitución territorial, en perturbador del Estado de derecho; el sindicalista que demanda derechos laborales, en obstáculo para el crecimiento. El resultado es la «estabilización autoritaria blanda»: un campo social fragmentado en demandas particulares que compiten entre sí sin articulación es, paradójicamente, más fácil de administrar que un campo articulado en una cadena de equivalencias capaz de producir desafío. El poder prefiere el ruido de las particularidades que se estorban mutuamente al silencio que precede al nombre que las articula. La fragmentación no es el problema que el poder tiene que resolver: es el recurso que tiene que conservar.

III. La grieta como lugar de lectura

Las cuatro dimensiones de la «emergencia» no caducan simultáneamente ni producen el mismo vacío. En su capa más profunda, la contradicción entre capitalismo financiero y demanda democrática sigue activa y buscará nuevas formas de gestión —el script está disponible para el próximo actor que sepa leer en el agotamiento del campo popular la oportunidad de la siguiente movilización del miedo, y la destrucción de las mediaciones simbólicas que ese script requiere seguirá avanzando mientras la industria del conocimiento encuentre rentable administrar el simulacro en lugar de sostener la elaboración crítica. En su capa intermedia, el déficit jurídico-constitucional sigue sin resolverse y continuará produciendo las condiciones que hacen posible la próxima «emergencia», porque la excepción no es una anomalía del sistema sino su modo de reproducción cuando la reforma se bloquea. En su capa más visible, el Partido Republicano dejará la táctica de la «emergencia» disponible para sus herederos, empobrecida pero no clausurada.

Lo que el desplome (gradual-complejo) deja abierto no es un vacío sino una grieta estratificada donde la pregunta por el nombre sigue sin respuesta. ¿Puede el campo popular y ciudadano chileno producir el significante que no cierra la herida sino que la reconoce en su apertura, que no promete la plenitud sino que nombra la fractura como lugar desde el que todavía es posible algo distinto? No la transformación ni la reforma que nadie puede prometer. No la restauración que ninguno de los ciclos anteriores logró sostener, sino la reconfiguración que emerge cuando la saturación alcanza el umbral donde el silencio ya no puede sostenerse como respuesta y el ruido de las particularidades ya no puede confundirse con política. Esa pregunta no la resuelve el modelo estructural. La produce también —y quizás fundamentalmente— la escritura que elige qué palabras merecen la complejidad de lo que ocurre y cuáles sirven solo para domesticarlo.

Aporías: Pese a la supuesta sensatez sobre el vencimiento de la emergencia, y dadas las enormes singularidades, Milei no es una anomalía argentina: es el espejo donde Chile prefiere no mirarse. La ultraderecha no necesita ser coherente —le basta ser implacable—, y llega por ocho, doce años, quizás una generación, con su catecismo neofeudal: antivacunas, anticiencia, trabajo sin amparo, castigo sin proporciones. La izquierda chilena, mientras tanto, oscila entre la nostalgia de lo que nunca terminó de ser y la administración prolija de su propia derrota. Paradoja feroz: en un país estructuralmente de derecha, la mayor contribución de ciertos partidos progresistas ha sido legitimarla.

* Sobre este punto, y como no hacerlo, agradezco las generosas observaciones de Flavia Costa.

Dr. Mauro Salazar J. URO-Sapienza