«Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente dañada y comiencen a generar ganancias para el país.» Donald Trump, 3 de enero de 2026

I

El 3 de enero de 2026 no constituye simplemente una fecha en el calendario de las intervenciones hemisféricas. Bombardeo, captura, extracción, traslado: la secuencia marca una inflexión, si es que los acontecimientos aún marcan (trazan) algo en la saturación informativa que todo lo disuelve. Los dispositivos de gubernamentalidad que atraviesan el continente se reconfiguran; las relaciones entre Estado, crimen organizado y gestión de poblaciones mutan hacia formas que apenas comenzamos a entrever. La pregunta que esta escena obliga a formular excede lo coyuntural: ¿qué sucede con las categorías que usábamos para pensar el poder cuando un acontecimiento las desborda? Venezuela no es solo caso a analizar; es umbral que exige replantear los marcos mismos del análisis.

Las declaraciones de Trump en las últimas 72 horas resultan indescifrables desde el paradigma biopolítico. «Queremos el petróleo», «es un país muerto ahora mismo», «estamos a cargo», «el hemisferio es nuestro», «lo que necesitamos es acceso total». No hay aquí invocación de derechos humanos ni retórica de liberación democrática ni ficción jurídica que envuelva la apropiación. Hay enunciación directa del saqueo. La obscenidad no radica en el acto, pues la apropiación de recursos ha sido constante histórica del imperialismo, sino en la renuncia a la coartada. El cinismo se vuelve explícito; la ficción legal que Agamben describe como constitutiva del estado de excepción contemporáneo es abandonada.

II

Esto señala una mutación decisiva. El poder (lo terminamos de saber) ya no necesita legitimarse; le basta con exhibir su capacidad de ejercerse. La «guerra civil legal» suponía que la violencia requería traducción jurídica para ser aceptable; Trump sugiere que esta traducción se ha vuelto innecesaria. El espectáculo de la fuerza reemplaza a la ficción del derecho. Las consecuencias son significativas: si el poder renuncia a la coartada legal, renuncia también al marco que permitía impugnarlo. ¿Cómo denunciar la ilegalidad de una intervención cuando el interventor no reclama legalidad? ¿Cómo apelar al derecho internacional cuando quien lo viola declara abiertamente su indiferencia hacia él?

La biopolítica nombra una mutación histórica en el ejercicio del poder. Siglo XVIII: emergencia. Siglo XX: apogeo. El soberano clásico ejercía el derecho de hacer morir y dejar vivir; su poder se manifestaba en la capacidad de quitar la vida, en el suplicio público, en la espada. El poder biopolítico invierte la fórmula: hacer vivir y dejar morir. Ya no se trata de matar sino de gestionar la vida, de administrar los procesos vitales de la población entendida como especie. Natalidad, mortalidad, salud, higiene, longevidad. La medicina pública, la demografía, la seguridad social, la planificación urbana: dispositivos que responden a una racionalidad orientada hacia el cuidado de la vida. Aunque fuera, y siempre lo fue, un cuidado instrumental. Aunque sirviera, y siempre sirvió, a la productividad capitalista.

Esta racionalidad suponía que las poblaciones eran valiosas como recurso a optimizar. Cuerpos sanos, educados, productivos. La fábrica fordista necesitaba obreros capaces de soportar jornadas extenuantes; el consumo de masas requería consumidores con poder adquisitivo; el ejército nacional demandaba soldados aptos. Todo esto justificaba, desde la lógica fría del capital, invertir en la vida de las poblaciones. El Estado de bienestar no fue concesión altruista sino cálculo de rentabilidad: mantener viva y productiva a la población era condición del ciclo de acumulación. Incluso el racismo biopolítico operaba dentro de esta lógica: se dejaba morir a algunos para hacer vivir mejor a otros, pero el horizonte normativo del hacer vivir permanecía intacto.

III

Venezuela desborda este marco. Lo que allí observamos no es gestión de poblaciones sino abandono calculado; no optimización de la vida sino producción sistemática de las condiciones de muerte. Siete millones de desplazados. La cifra debería estremecer, pero las cifras ya no estremecen. No fueron objeto de ninguna política de cuidado, ni por el régimen que los expulsó ni por el orden internacional que los recibe como amenaza. La intervención estadounidense no viene a instaurar un régimen biopolítico que proteja a la población venezolana. Viene a controlar recursos, a enviar señales, a administrar el caos. No hay Plan Marshall en el horizonte ni proyecto de reconstrucción social. Hay extracción y contención. Hay, como Achille Mbembe lo ha nombrado con precisión brutal, necropolítica: política que administra la muerte.

Cuando Trump declara que Venezuela «es un país muerto ahora mismo», no está diagnosticando una crisis sanitaria ni un problema demográfico que requiera intervención para restaurar la vida. Está enunciando una condición ontológica: el país como cadáver, como cosa inerte. Lo muerto no se gestiona biopolíticamente; se apropia, se extrae, se descarta. No hay promesa de resurrección ni de cuidado; hay constatación de un estado terminal que habilita la apropiación sin responsabilidad sobre los vivientes. Los 31 millones de venezolanos desaparecen del discurso; solo quedan recursos a extraer.

IV

Antes de desarrollar esta hipótesis es preciso marcar distancias. Distancias con la decadencia de Caracas, con el régimen que convirtió la retórica revolucionaria en coartada para el saqueo. Porque sin estas distancias el análisis se vuelve cómplice. Y la complicidad del silencio, la complicidad del matiz infinito que nunca llega a la condena, es precisamente lo que ha hundido a cierta izquierda en el descrédito.

No hay defensa posible de una izquierda en estado de dolo. El régimen venezolano, cualquiera sea la retórica antiimperialista que lo envuelva, operó durante años como nodo de narcotráfico, como plataforma de crimen organizado, como estructura de expoliación que empobreció a su propia población mientras enriquecía a una élite militar y civil. El Cartel de los Soles no es invención de la propaganda estadounidense; es realidad documentada, estructura criminal incrustada en el aparato estatal. El Tren de Aragua no emergió del vacío sino de un contexto de impunidad garantizada, de complicidades que alcanzaban las más altas esferas. Defender lo indefendible en nombre de una geopolítica de bloques es claudicar éticamente, sacrificar a los pueblos en el altar de abstracciones ideológicas.

La izquierda que calló ante la evidencia, que relativizó los crímenes, que confundió antiimperialismo con complicidad autoritaria, esa izquierda no merece ser defendida. Está en estado de dolo: sabía, o debía saber, y eligió mirar hacia otro lado. Obviando toda tesis espumosa sobre el consenso de Washington y las canonizaciones tardías, lo que queda es la constatación de un fracaso: el de un proyecto que se dijo emancipatorio mientras traficaba, que habló de soberanía mientras entregaba el país a mafias, que invocó al pueblo mientras lo condenaba al éxodo y la miseria.

V

La intervención estadounidense tampoco es operación de rescate humanitario, ni mucho menos preocupación por el destino de Venezuela. Es proyección de fuerza imperial que utiliza la criminalidad real del régimen como coartada para objetivos ajenos al bienestar del pueblo venezolano. A la administración actual no le interesa la democracia venezolana ni el sufrimiento de los desplazados que su propia política migratoria criminaliza. No le interesa reconstruir lo destruido. Le interesa el petróleo, la señal geopolítica, el espectáculo punitivo, la rentabilidad electoral de mostrarse duro ante el narcoterrorismo.

Cuando Trump afirma «estamos a cargo», elimina toda mediación entre poder y población. No hay mención de gobierno, de transición democrática, de reconstrucción institucional, de bienestar de los venezolanos. Hay pura afirmación de control. La frase no responde a la pregunta «¿quién cuida de Venezuela?» sino a «¿quién manda?». El poder se enuncia como dominio, no como gestión de la vida. Cuando añade «puede quedarse mientras haga lo que queremos» sobre Delcy Rodríguez, reduce al sujeto a instrumento descartable. No es sujeto de gobierno sino herramienta cuya permanencia depende de su funcionalidad. Poder soberano desnudo, sin mediación biopolítica.

Doble impostura, entonces. La del régimen que se dijo revolucionario mientras traficaba. La del imperio que se dice defensor de la libertad mientras produce la crisis que descarga sobre otros. Entre estas dos imposturas, que en ningún caso son simétricas, hay que situar el análisis.

VI

¿Por qué hablar de fin de la biopolítica? ¿No es precipitado declarar el agotamiento de un paradigma? Quizás. Pero los sucesos de Venezuela, leídos junto a otros signos y articulados con otras escenas, autorizan la hipótesis. Lo que Venezuela exhibe es el abandono de la pretensión de hacer vivir. El poder biopolítico, con todas sus violencias, mantenía al menos la ficción de que las poblaciones importaban, de que su vida constituía un valor a proteger. Esta ficción tenía efectos reales: obligaba al poder a justificarse en términos de cuidado, abría espacio para demandas formuladas en el lenguaje de la vida, permitía impugnar políticas que dañaban a la población. El Estado de bienestar, los sistemas de salud pública, la seguridad social: dispositivos que materializaban, imperfecta y selectivamente, la promesa biopolítica. Esa promesa se ha vuelto insostenible.

Primero: el régimen chavista-madurista abandonó a su población. No la gestionó biopolíticamente; la expulsó, la empobreció, la dejó morir en hospitales sin medicinas, la convirtió en excedente exportable. Siete millones de personas no migran; huyen de un poder que ha renunciado a hacerlas vivir. Segundo: la intervención estadounidense no restaura el cuidado biopolítico. Controla territorio, extrae recursos, envía señales, administra el caos sin asumir responsabilidad por las vidas. Tercero: el orden internacional trata a los desplazados venezolanos no como población a integrar sino como amenaza a contener. La biopolítica suponía que las poblaciones eran valiosas; el tratamiento de los migrantes revela lo contrario: son excedente, problema, masa a gestionar con técnicas de control fronterizo, no de cuidado.

Mbembe lo ha formulado con precisión: en las periferias del sistema-mundo, y Venezuela ha devenido periferia, el poder no opera para hacer vivir sino para administrar la muerte. La soberanía se define por la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir. La biopolítica fue pensada desde la experiencia europea, desde el Estado de bienestar, desde la promesa del cuidado. No logra captar las formas de violencia que operan donde esa promesa nunca existió o ha sido retirada, donde poblaciones enteras son tratadas como lo que Mbembe llama, con fórmula estremecedora, «muertos vivientes».

VII

Aquí aparece, como síntoma y escena paralela, lo que constituye el punto ciego del discurso sobre el narcoterrorismo: la economía estadounidense como economía estructuralmente dependiente del consumo de drogas. Cien mil muertes anuales por sobredosis; setenta mil vinculadas al fentanilo; la principal causa de muerte entre personas de 18 a 45 años. Por primera vez desde la Primera Guerra Mundial, reducción de la esperanza de vida en la potencia hegemónica.

El adicto de West Virginia y el desplazado venezolano comparten una condición que el paradigma biopolítico no puede pensar: son poblaciones sobrantes, vidas que no cuentan, excedentes humanos cuya desaparición el sistema absorbe sin inmutarse. El capitalismo contemporáneo funciona dejando morir a millones. No necesita hacerlos vivir ni gestionarlos biopolíticamente. Le basta con contenerlos, impedir que su desesperación se vuelva disruptiva, administrar su lenta extinción. La demanda de drogas fue producida por el propio sistema biomédico estadounidense, por la connivencia entre industria farmacéutica, gremio médico y reguladores, por una cultura que promete la eliminación química de cualquier malestar. La genealogía de la epidemia es estrictamente doméstica. Pero se proyecta hacia el sur la responsabilidad, se monta el espectáculo de la captura, se despliega el aparato militar contra el narcoterrorismo extranjero. Mecanismo de defensa, manera de no mirar el abismo que se abre en el corazón del imperio.

La pregunta civilizatoria que el espectáculo de la captura permite eludir: ¿qué clase de sociedad produce cien mil muertos anuales por sobredosis y sigue funcionando como si nada? ¿Qué clase de no-vida se está viviendo para que tantos prefieran la muerte química lenta? El mapa de la epidemia coincide con el cinturón del óxido, las zonas de desindustrialización, las comunidades que perdieron su base económica. Pero también abarca suburbios de clase media, ciudades costeras, poblaciones negras y latinas excluidas del sueño americano. Lo que une a estos grupos es la experiencia de una promesa incumplida: la promesa de que el trabajo duro conduciría a la prosperidad. Esa promesa, núcleo ideológico del modo de vida americano, se ha revelado como ficción. Los opioides ofrecen lo que el sistema ya no puede: alivio del dolor de existir en un mundo sin futuro.

VIII

El caso venezolano pone de manifiesto es la gestión diferencial de los ilegalismos. No todos los crímenes son igualmente perseguidos. La industria farmacéutica que produjo la epidemia pagó multas; sus ejecutivos jamás fueron juzgados. Los bancos que lavaron dinero del narcotráfico recibieron sanciones financieras; ningún banquero fue capturado por fuerzas especiales. La selectividad no es accidente sino estructura. El poder no opera prohibiendo sino administrando, no eliminando los ilegalismos sino distribuyéndolos. El narcotráfico latinoamericano y el consumo estadounidense son dos momentos del mismo circuito. La guerra contra las drogas funciona como dispositivo de regulación que produce aquello que dice combatir. Venezuela constituye infraestructura criminal que la intervención no desmantela sino reconfigura. La hidráulica criminal redistribuye flujos sin interrumpirlos porque la demanda del norte permanece intacta.

Cuando el poder abandona la pretensión de cuidar, cuando asume que hay poblaciones prescindibles, se erosiona el fundamento mismo de la obediencia. ¿Por qué obedecer a un orden que no promete protección? El vacío de legitimación solo puede llenarse con fuerza bruta o espectáculo punitivo: exactamente lo que presenciamos. Las consecuencias resultan previsibles: fragmentación del tejido social, proliferación de violencias, emergencia de poderes paralelos que ofrecen la protección que el Estado niega. Donde el biopoder retrocede avanza el narcopoder, el poder miliciano, la gubernamentalidad criminal. El orden social no desaparece; muta hacia formas más brutales. Venezuela anticipa este futuro.

Colofón

La captura de un presidente no equivale a la captura de un orden. Las estructuras persisten. La demanda del norte persiste. La crisis civilizatoria persiste. Las declaraciones de Trump rompen este dispositivo. «Queremos el petróleo», «el hemisferio es nuestro», «ahora se llama Doctrina Donroe»: sin mediaciones, sin coartadas, sin eufemismos. No hay invocación de derechos humanos ni construcción jurídica que envuelva la apropiación. Hay enunciación directa del saqueo. El cinismo abandona toda mediación; la ficción legal que Agamben describía como constitutiva del estado de excepción resulta descartada como innecesaria. La violencia imperial ya no requiere traducción jurídica para ejercerse; le basta con exhibir su capacidad de acción. El espectáculo de la fuerza reemplaza a la ficción del derecho. La frase «nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero», ante la pregunta por elecciones, confirma esta ruptura.

La biopolítica moderna se articulaba con la democracia liberal: el cuidado de la población se legitimaba mediante la representación, el voto, la participación. Descartar las elecciones para «arreglar» primero el país revela una racionalidad donde la población no cuenta como sujeto político sino como variable a administrar una vez que la extracción esté asegurada. Primero el petróleo, después los ciudadanos. Inversión completa de la jerarquía biopolítica. Un poder, acaso, post-biopolítico: ya no gestiona la vida ni finge gestionarla; administra recursos y territorios mientras deja morir a las poblaciones que los habitan. Soberanía desnuda.

Hojarascas…

Dr. Mauro Salazar J.