Ministros que profesan: fe sin mundo, fe sin afuera Doctrina austríaca, pero callada, callada como callan los que mandan sin saber qué mandan. Capturan. articulan. redistribuyen —regresivamente, claro— (la palabra cae como cae el ingreso: hacia abajo) Modernizan: pero sólo lo punitivo lo demás: que se administre solo, que se reduzca, que se calle. Operan: sin frontera, sin contraparte, sin antagonista es decir: solos. Solos en el poder que es la peor de las soledades. (Epígrafe en prosa de Patricio Marchant)

Conviene preguntarse en qué sentido se importa cuando un gobierno repite los gestos de un régimen anterior, la Dictadura, sin disponer ya de las condiciones materiales y simbólicas que hicieron posibles esos gestos. Eso es, exactamente, lo que ocurre con el gobierno de José Antonio Kast: una operación de importación, en el sentido aduanero del término. Una retórica refundacional puesta en escena sin la maquinaria doctrinaria que en su momento la sostuvo. Lo que se importa del tramo refundacional alto del pinochetismo, el bienio 1979 a 1982, son dos elementos disociados de su contexto de enunciación: el formato del gabinete de privados confesionales y la cita del lenguaje refundacional. Pero esa importación se hace sin pasar por el filtro tomista guzmaniano que daba cuerpo conceptual al dispositivo. ¿«Empresariado tomista sin Santo Tomás»? O bien, tecnocracia a secas. La fórmula, escrita así, en su escándalo, dice toda la verdad de la operación: enuncia la falta del nombre que daba consistencia teológica al engranaje.

Hubo, sin embargo, un esfuerzo silencioso, contracorriente, dirigido a desmontar la lectura monolítica del régimen pinochetista. Esa lectura homogénea, común al discurso oficialista de derecha y al conmemorativo de izquierda (extraña fraternidad la de los enemigos cuando ambos prefieren el adversario simple), tenía la ventaja política de simplificar pero el costo intelectual de aplanar. La historiografía nos enseñó que el pinochetismo no fue uno sino tres, y que esos pinochetismos sucesivos sostuvieron entre sí una relación de desplazamiento, derrota interna y superposición productiva (Valdivia, 2003). Conviene retenerlas, advirtiendo que las transiciones entre fases nunca fueron limpias y que ninguna fue tampoco enteramente coherente: las tres combinaron, en distinta proporción, productividad material concreta con improductividad doctrinaria parcial.

El régimen como sucesión de tres pinochetismos

Hubo, primero, los oficiales del golpe del bienio 1973 a 1975, fase estatista y nacionalista. Los militares en el poder conservaban todavía el imaginario keynesiano y desarrollista heredado de los años treinta. Aspiraban apenas a contener al marxismo, a reorganizar el orden sindical anterior, a restablecer una autoridad amenazada, sin proponerse todavía romper con la matriz económica vigente. Los actores fueron los uniformados estatistas, los corporativistas militares, los oficiales nacionalistas, figuras como Gustavo Leigh Guzmán y sectores enteros de la oficialidad que terminarían siendo desplazados con la precisión silenciosa con que las dictaduras saben borrar a sus propios precursores (Valdivia, 2003). Esta primera fase produjo orden castrense, reorganización autoritaria del Estado heredado, cierre violento del ciclo de la Unidad Popular. Productividad material indiscutible, aunque sin doctrina articulada todavía.

Hubo, después, el pinochetismo neoliberalizante del período 1975 a 1982. Aquí se produce la alianza decisiva entre tres componentes: la tecnocracia Chicago, el gremialismo guzmaniano de Jaime Guzmán Errázuriz, y el pinochetismo personalista que va configurándose como liderazgo unipersonal por encima de la Junta. Esos componentes operaban articulados en una máquina doctrinaria común con su liturgia (Chacarillas, julio de 1977, antorchas y juventud en formación), su aparato (ODEPLAN bajo Miguel Kast Rist, ese otro Kast que vuelve hoy como hermano espectral), su cierre institucional (el Plebiscito de 1980, ese acto fundacional cuya falsedad procedimental no impidió que fundara). Esta fase fue propiamente refundacional. Articuló, bajo una «Declaración de Principios» común, los componentes dispares en un dispositivo integrado capaz de producir doctrina, Estado y constitución.

Por último, el pinochetismo popular y la alcaldización del período 1982 a 1989. La crisis económica de 1982, sumada a la creciente movilización social desde 1983, obligó al régimen a reorganizar su estrategia hacia el mundo popular bajo una nueva lógica territorial. La política se desplazó hacia los espacios microlocales de las comunas y municipios. El alcalde, designado por el régimen, pasó a operar como cara visible del Estado y mediador clientelar con el mundo poblacional. Programas como el PEM, el POJH, las erradicaciones poblacionales y la red asistencial municipal coordinada bajo el nuevo subsidiarismo configuraron la infraestructura clientelar del pinochetismo electoral que sobreviviría hasta hoy en la UDI y en RN (Valdivia, Álvarez y Donoso, 2012).

Aludimos a tres momentos sucesivos del pinochetismo histórico. Cada una produjo algo: mundo, subjetividad, adhesión, instituciones llamadas a durar más que sus arquitectos. Conviene también una precisión categorial: lo que solemos llamar dictadura de Augusto Pinochet Ugarte fue, propiamente, un régimen civil-militar. Las Fuerzas Armadas conservaron la coerción soberana, pero los componentes civiles (gremialistas, tecnócratas Chicago, empresariado, derecha tradicional) no fueron simples auxiliares: fueron coproductores del orden. La parte civil hacía la doctrina, la parte militar hacía el resto.

La obra del gobierno: lo que hace cuando dice que no funda

Conviene preguntarse, con la franqueza política que el momento exige: ¿qué produce esta fase actual, este cuarto pinochetismo no anunciado que el gobierno de Kast inauguró sin saberlo, sin nombrarlo? La respuesta debe distinguir dos planos. En el plano de la doctrina y la escena fundacional, este gobierno no produce ninguna síntesis comparable a la del pinochetismo neoliberalizante. Pero en el plano del poder efectivo, la ausencia de doctrina articulada no equivale a la ausencia de poder. Lo que produce, y produce con creciente eficacia, es otra cosa: reconfiguración securitaria del aparato del Estado, captura institucional progresiva de contrapesos hasta hace poco autónomos, redistribución regresiva del ingreso por la vía tributaria. Caracterizar el presente como pura citación sin obra sería una elegancia analítica que el momento no se puede permitir.

Conviene también desmontar otra hipótesis sostenida implícitamente: la idea de que el gobierno de Kast carecería por completo de corporativismo. Lo que carece es del corporativismo nacionalista militar de la primera fase (encarnado en figuras como Gustavo Leigh Guzmán) y del corporativismo gremialista guzmaniano de la segunda. Pero hay otro corporativismo, civil, derechizado, posrefundacional, que opera por cuatro vías. Primero, por la elevación discursiva de los gremios empresariales (CPC, SOFOFA, SNA) como interlocutores privilegiados del Estado, sustituyendo al parlamento como espacio efectivo de negociación. Segundo, por la valorización pública de cuerpos intermedios selectivos (iglesias evangélicas, asociaciones de vecinos securitizadas, gremios profesionales conservadores), articulados bajo la categoría de «sociedad civil sana» frente a la «sociedad civil ideologizada». Tercero, por la apelación nacionalista a una identidad chilena amenazada (por la migración, por el delito, por el progresismo) que opera como cemento simbólico cuando falla el cemento doctrinario. Cuarto, por la construcción capilar de un sentido común sobre seguridad, migración y orden. Tal como la Concertación construyó en su momento un sentido común sobre estabilidad, crecimiento y acuerdo democrático que sostuvo dos décadas de hegemonía cultural, el kastismo construye hoy su propio sentido común. La desarticulación de aquel sentido común concertacionista, ocurrida entre 2018 y 2022, abrió el espacio simbólico que hoy ocupa esta derecha.

Conviene formular la pregunta inversa, la que la oposición se niega a hacerse. Si hipotéticamente el kastismo perdiera su monopolio simbólico sobre el orden, ¿qué encontraría la sociedad chilena del otro lado? Las izquierdas chilenas, hoy, no representan una frontera antagónica capaz de operar como alternativa hegemónica, ni una masa crítica suficiente para reemplazar el sentido común erosionado por uno propio. La caída del relato kastista no devolvería automáticamente la centralidad a las izquierdas, porque carecen del trabajo cultural acumulado, del lenguaje compartido, del sentido común propio capaz de llenar ese vacío. Tendríamos no el regreso de la izquierda sino el desconcierto generalizado, la apertura a nuevas figuras de derecha radical o populismos de signo incierto. Esa es la tragedia política del momento: el kastismo no enfrenta hoy frontera antagónica, enfrenta vacío. La oposición no es derrotable mientras la izquierda no sea construible.

No es, en suma, el corporativismo militar de 1973 ni el gremialista de 1979. Es un corporativismo posrefundacional, sin fundamento doctrinario integrado pero con eficacia movilizadora suficiente para sostener una mayoría, al menos temporal, sostenida a su vez por una operación de sentido común que opera bajo el umbral de la conciencia política explícita y por la ausencia simétrica de su contraparte hegemónica.

Carece este gobierno de la cohesión castrense de los oficiales del golpe: ya no hay militares en el dispositivo. Carece de la cohesión doctrinal del pinochetismo neoliberalizante: no hay Chacarillas posible, no hay «Declaración de Principios» articulada, no hay ODEPLAN, no hay Miguel Kast Rist, no hay Jaime Guzmán Errázuriz, no hay tomismo articulado, no hay liturgia refundacional. La categoría misma de «proyecto» fue reemplazada por la «emergencia», sustituto preferido por los gobiernos que ya no saben qué proyecto enunciar.

Ello además además de la falta de doctrina, el partido. La UDI fue un partido orgánico con cuadros formados, disciplina interna, escuela de formación política e inserción municipal sostenida por décadas. El Partido Republicano, en cambio, es una organización electoral personalista, una maquinaria construida en torno a una figura, sin estructura programática autónoma ni vida orgánica capaz de producir cuadros propios. Esa carencia es estructural y no doctrinaria: explica el gabinete de privados sin partido, las peleas internas sin marco interpretativo común, la imposibilidad de generar continuidad política más allá del ciclo personal del líder.

A esa carencia estructural corresponde una sintomatología cotidiana. Cada ministro se entrampa en peleas provincianas al carecer de marco interpretativo común. El ministro Jorge Quiroz Castro lanza una chorrada al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en plena junta de accionistas (la palabra es justa, la grosería es sintomática del rebajamiento del lenguaje político). La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana Carrillo, delira en materias de delito al declarar que la seguridad es un problema de la gente, frase cuya estructura confiesa la abdicación del Estado en su tarea hobbesiana primaria. Y el propio Kast, lejos de poner orden, se mimetiza con problemas parroquiales, pueriles. El mimetismo es la operación contraria a la autoridad: quien manda no se mimetiza, separa, instituye una diferencia entre su lugar y el de los otros. A diferencia de él, Sebastián Piñera Echenique tuvo hitos donde, mediante gestos totémicos, cuadró a la derecha y construyó momentos de república. Piñera supo, por instantes, ser tótem. Kast no.

A este gobierno le falta el acto fundacional. Chacarillas fue acto fundacional de la segunda fase. El Plebiscito de 1980 lo fue, aunque fraudulento, porque lo fundacional no requiere veracidad sino escena. La municipalización fue acto fundacional de la tercera fase, silencioso pero fundacional al fin. ¿Cuál es el acto fundacional del gobierno de Kast? La firma de un decreto a las siete y media de la mañana, dicen los noticieros. Si eso es escena fundacional, quedan rebajados todos los estándares.

Le falta, además, el tomismo. Frente a la pregunta sobre el bien común en Tomás de Aquino, la respuesta exige precisión. Nos referimos al bien común político: el orden surgido del fin último de la vida humana, la felicidad o eudaimonía. En la ética tomista, el orden se despliega como resultado de la instauración, en la multitud, de la vida virtuosa. Tomás de Aquino señala, en la Suma de teología (I-II, q. 92, a. 1, ad 3), que las realizaciones personales, cuando están direccionadas en ese sentido, no resultan incompatibles con las que persigue la comunidad. El fin de la política es el fin último de la vida humana, y el bien común consiste en ese fin supremo o beatitud. De allí que el principio de subsidiariedad, en su formulación clásica, buscara abrazar una ética general compartida capaz de integrar el sentido de la vida en comunidad con las libertades personales.

Tal era el horizonte del tomismo que Jaime Guzmán Errázuriz trasladó al lenguaje político del régimen. Conviene retenerlo, no por adhesión sino para medir la distancia: nada de eso queda hoy en pie. La subsidiariedad sobrevive como técnica focalizadora del gasto, no como ética compartida. El bien común sobrevive como retórica electoral, no como fin último ordenador. La beatitud no sobrevive: ha sido reemplazada por la seguridad como administración del miedo.

A esa piedad privada corresponde una zona específica de desconcierto: aquella en que la religión y la modernización se cruzan, se invocan, se cancelan mutuamente sin que ninguna llegue a articularse como horizonte. José Antonio Kast Rist pertenece a Schoenstatt, movimiento católico cuya espiritualidad es intimista, replegada a la familia y al trabajo. Movimiento programáticamente anti-político, lo cual no impide a sus miembros gobernar, sólo les impide explicar por qué. A diferencia explícita del Opus Dei, que supo ubicar a sus miembros en puestos clave de la economía y la banca como tecnócratas articulados, Schoenstatt no tiene tecnócratas: tiene devotos, condición meritoria espiritualmente y desorientadora políticamente. El gabinete actual exhibe una confesionalidad demostrativa, casi performativa, pero ninguno articula desde ahí algo parecido a una teología política. Donde el catolicismo guzmaniano producía Estado, el catolicismo de este gabinete produce, a lo más, biografía religiosa. La metafísica reducida a curriculum vitae. Esa disyunción entre confesión presidencial y origen tecnocrático del gabinete confirma la hipótesis: empresariado tomista sin Santo Tomás, devoción mariana sin teología política operativa, gabinete confesional sin doctrina común.

¿Y qué decir, cabe la pregunta, de nuestros liberales —o social cristianos de derecha— que marcan la pauta medial sin advertir el desplazamiento doctrinario en curso? Lo que celebran como continuidad neoliberal es, en rigor, otra cosa: el kastismo no es Chicago. Chicago fue élite tecnocrática chilena, formada en universidades norteamericanas, articulada con el empresariado tradicional, portadora todavía de una ambición civilizatoria, modernizadora. Lo que hoy se instala en la escena empresarial chilena, en cambio, es libertarianismo digital, mentalidad de emprendedor agresivo, lectura individualista extrema que ya no oculta su desprecio por el Estado. El gabinete acoge sin nombrarla esta mutación cultural. Este empresariado no quiere modernizar Chile: quiere desregularlo. No quiere gobernar la sociedad: quiere reducirla. La diferencia con el empresariado piñerista es generacional y doctrinaria. Sebastián Piñera Echenique aún creía en el Estado eficaz; el kastismo lo asume ineficaz por definición, salvo en su función punitiva, y esa es, precisamente, la marca austríaca de nuestro tiempo. Penetración que opera por vías informales: redes digitales, podcasts libertarios, think tanks recientemente reorientados, cuadros formados en circuitos vinculados al Mises Institute o Cato.

La constelación regional confirma la lectura: Javier Milei en Argentina es austríaco declarado, no Chicago; Jair Bolsonaro operó con economistas vinculados a la tradición austríaca norteamericana; el kastismo chileno se inscribe en la misma matriz aunque sin enunciarla. Lo que está en curso no es continuación del neoliberalismo Chicago, sino mutación hacia matriz austríaca de tercera generación. Si se invoca la modernización tardía de Hernán Büchi Buc (1987-1990), no se llega a producir el reconocimiento que Alejandro Foxley Rioseco dio en su momento: para ser reconocido hay que ofrecer una racionalidad que el adversario pueda traducir, y este gobierno produce comunicados, no racionalidad articulada. La religión, despojada de teología pública, y la modernización, recortada a sus dimensiones securitario-administrativas con sustrato austríaco, son las dos zonas donde el gobierno habla de un modo y opera de otro.

Al cierre

Conviene cerrar con tres advertencias. La primera es de método. La categoría de cuarto pinochetismo sigue siendo nominalista, y conviene dudar de ella. Si el corporativismo del gobierno de Kast no es ni el militar de 1973 ni el gremialista de 1979, sino una formación de tercera generación sin fundamento doctrinario integrado, entonces la categoría misma de pinochetismo entra en crisis nominal. Lo que vendría sería postpinochetismo, fenómeno donde la matriz original deja de operar como referente estructurante y opera como repertorio simbólico disponible para usos discrecionales del presente. Reconocer esta categoría tiene una consecuencia política decisiva: si el fenómeno actual no es continuación sino mutación, la oposición no puede combatirlo con el repertorio antipinochetista clásico.

La segunda advertencia precisa el alcance del proceso. Lo descrito como cuarto pinochetismo o postpinochetismo no constituye, en sentido estricto, un cambio de régimen político. El orden constitucional vigente sigue siendo el de la transición pactada, modificado por reformas sucesivas pero no sustituido. Conviene distinguir los planos que el sentido común mediático suele confundir: cambio de gobierno, cambio de coalición gobernante, cambio de modelo socioeconómico, cambio de régimen propiamente tal. Pero hay una mutación interna del régimen democrático heredado, captura institucional progresiva mediante, que puede derivar en cambio de régimen sin que medie ruptura formal. Erosión democrática silenciosa: la forma democrática se conserva, pero su contenido se vacía por dentro. Lo que está en curso es un cambio de tipo postransicional: la arquitectura política heredada del ciclo 1987-1990 se desmonta sin ruptura formal. La matriz sociopolítica chilena se ha desarticulado capilarmente; el clivaje autoritarismo-democracia ha sido reemplazado por seguridad-orden frente a inseguridad-amenaza; el centro de gravedad del sistema de partidos se ha desplazado hacia una derecha radical-popular con códigos posideológicos pero efectos sustantivamente conservadores (Garretón, 2012). Cambio de mapa, no de régimen formal. La consecuencia política es directa: la oposición que no entienda este proceso seguirá perdiendo elecciones que ni siquiera comprende. No es problema de candidatos ni de campañas: es problema de mapa cognitivo. Se navega con cartografías obsoletas un territorio que ha cambiado de coordenadas.

La tercera advertencia es territorial. Este gobierno administra el pueblo clientelar heredado de la alcaldización original, pero esa administración no es pasiva: hay reconfiguración municipal en curso, capilar, silenciosa, articulada bajo nuevas categorías securitarias y nuevas alianzas con seguridad privada y municipal. La derecha actual no sólo hereda la infraestructura clientelar territorial: la está rearticulando. Y este fenómeno no es chileno aislado: pertenece a una constelación latinoamericana donde Jair Bolsonaro, Javier Milei o el republicanismo trumpista comparten rasgos estructurales con el kastismo (personalismo electoral sin partido orgánico, gestión por emergencia, captura institucional, religión privada sin teología política, modernización fragmentaria sobre matriz austríaca, corporativismo civil de tercera generación).

Por fin, tenemos una matriz austríaca antiestatal que ni siquiera nombran. Un Gabinete que redistribuye regresivamente el ingreso, moderniza selectivamente el aparato del Estado en dirección securitaria, y opera sin frontera antagónica capaz de disputarle la hegemonía. La obra negativa también es obra. La pregunta política es a quién favorece, qué territorio efectivamente está construyendo bajo la apariencia de no construir nada, y qué ausencia simétrica le permite operar sin contraparte. Tal es el desconcierto. Y como suele ocurrir con las verdades acerca del poder, no consuela a nadie, ni siquiera al que las enuncia.

Referencias

Garretón, M. A. (2012). Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile, 1990-2010. Santiago: ARCIS-CLACSO.

Valdivia Ortiz de Zárate, V. (2003). El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet, 1960-1980. Santiago: LOM Ediciones.

Valdivia Ortiz de Zárate, V., Álvarez Vallejos, R., y Donoso Fritz, K. (2012). La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago: LOM Ediciones.

Dr. Mauro Salazar J. UFRO/Sapienza.