1.

Visto que los hombres son iguales por naturaleza, y ahí dominan las pasiones, es la razón, según leemos en Leviathan de Hobbes, la que apela a otra instancia: las leyes de naturaleza tienden a la paz porque son el cálculo racional de la supervivencia. Precisamente esa palabra: «supervivencia» es el centro de una interesante reflexión de Elias Canetti sobre el poder. En el ensayo «Poder y supervivencia», escrito en 1962, incluido en La conciencia de las palabras, el autor identifica una pulsión humana que se nutre del miedo a la muerte y de la satisfacción de ver morir al otro. Su planteamiento se desarrolla a través de la reflexión sobre la diferencia entre el que está en pie y el yacente, sobre el poder sobre el caído, y el deseo de ver caer. El extremo de esta imagen es la del delirio del hombre gigantesco que lo devora todo (¿Leviathan o Donald Trump?). Acaba su ensayo Canetti: «Mi intención ha sido limitarme a estudiar aquí el aspecto interno del poderoso, que nos parece inconcebible, contra el cual se rebela todo nuestro ser y que por eso mismo hemos de tener siempre muy presente» (Canetti, E. La conciencia de las palabras; pag 55).

Pero el que ignora la lógica del poder y se entrega a la pasión de «sobrevivir» sobre la muerte del otro, su sed de poder nunca será aplacada. La violencia se ha impuesto en la esfera pública, pero ya no es solo violencia discursiva: aparece también la violencia física. Ya es solo por placer: hay que ver caído al opositor, incluso muerto. La realidad virtual que constituye el sistema simbólico está controlada por los magnates de las redes. Esos magnates han consolidado su nuevo poder recurriendo a viejas consignas. El nacionalismo es la forma de identidad que las derechas ofrecen tradicionalmente al pueblo para acabar con su conciencia de clase, es decir, para dominarlos. La masa necesita una identidad que le proporcionan su estatus, sus condiciones de vida y su trabajo, pero el nacionalismo en política, la religión y la moral le confieren un suplemento identitario, que le permiten compartir la superioridad, la elevación, del amo, sin darse cuenta que yace. La batalla cultural de la derecha tiende a reforzar ese suplemento erradicando el verdadero fundamento de la organización social. Cuando entra en crisis la ideología identitaria de la derecha, su respuesta violenta es inminente. ¿Hasta dónde puede llegar la violencia? ¿Serán capaces las democracias actuales de frenar la imparable escalada de los violentos que nunca han respetado la voluntad general y que, por eso, siempre hablan de libertad? La caza es una pasión generalizada pero la resistencia también. Pero debemos conocer las maneras que emplea el que nos mira desde lo alto como si ya estuviéramos caídos, ilusoriamente elevados, ilusoriamente vivos.

2.

Parece que se está normalizando eso de «cazar zurdos», expresión cara a Milei, que cada vez se oye más frecuentemente. Es como si hubiéramos regresado a los fascismos de primeros del siglo XX o a la Guerra Fría. Algunos añaden a esta cacería a los inmigrantes, especialmente musulmanes, en menor medida siguen hostigando a homosexuales, trans o a ecologistas y feministas. Todos son amenazas para ellos, en tanto que pueden ofrecer resistencia masiva, para la «libertad» de los grandes. Estos sectores políticamente no existen, y si pretenden representatividad son linchados. El Estado social, que protege a las mayorías, es una amenaza para los que se creen amos. Lo encontramos en España, en Argentina o en Colombia, en Chile o en Francia, en Italia o en EEUU, no hay grandes diferencias. Los discursos de odio y desprecio son similares, con igual falta de empatía e insolidaridad en todos sitios. El malestar generado por los ricos en la sociedad se dirige a los «rojos», inmigrantes, etc. a los que se consideran los causantes de los problemas. Así, la garantía de protección y consolidación de los derechos de las mayorías son conculcados con el concurso de los propios interesados. Nada de eso se hace sin manejar los medios y fabricar al enemigo a abatir. Y la violencia ya está saltando por todos sitios.

Y esto nos lo planteamos incluso en otras formas de violencia que parecen respuestas organizadas a toda esta otra violencia del poder económico sobre las mayorías cada vez más pauperizadas. Y hay que plantearlo desde la perspectiva generacional. El odio no es captado de la misma manera a todas las edades y no tiene el mismo valor en los jóvenes que en los adultos que saben instrumentalizar el discurso del odio. Los jóvenes no lo instrumentalizan, no entienden el desprecio como una herramienta, una mediación para la victoria de determinado partido político. Ellos lo creen, con creencia adolescente, de verdad, sentida, pasional. Asumen los insultos como descripciones de un hecho, no como mera estrategia circunstancial para abatir al contrincante en unas elecciones generales.

Estos días, en España, nos preguntamos a qué se debe la vandalización protagonizada por grupos de menores que pasan las mañanas en los institutos y salen por la noche a la guerra y la destrucción, nos preguntamos varias cosas. ¿Cómo perciben esos jóvenes que sus maestros sean despreciados por las autoridades regionales (el caso de la presidenta madrileña, Diaz Ayuso, es ejemplar) cuando se manifiestan exigiendo mejoras y, además, sean apaleados por la policía en las calles? ¿Qué lectura hacen de un espacio público en el que quienes enseñan son tratados como sospechosos y quienes protestan por la educación reciben golpes de la policía? ¿Cómo perciben que se insulte sistemáticamente al presidente del país y se le trate de delincuente, como si la institución misma, el Gobierno, el Estado, fuera un enemigo a batir? ¿Cómo perciben que se hable de un colapso económico, de un futuro sin trabajo ni vivienda, mientras se les pide que confíen en el sistema? Y, por otra parte, ¿cómo perciben los jóvenes inmigrantes magrebíes que se les criminalice como a delincuentes por su origen? ¿Cómo perciben que la extrema derecha postule abiertamente la caza del moro, que haga de ese lema un programa político y que ese discurso encuentre eco en instituciones y medios? No digo que eso explique la violencia nocturna, pero me pregunto si una sociedad que desprecia a sus maestros, que degrada a sus autoridades, que anuncia el colapso y estigmatiza a una parte de su juventud puede luego extrañarse de que algunos de sus menores crezcan sin referentes, sin confianza y sin otra forma de expresarse que la destrucción.

La situación en Europa en este 2026 es cada vez más complicada. La sensación apocalíptica asociada a la cada vez más difícil supervivencia cada día se convierte en combustible para los grupos de extrema derecha. Es paradójico, pero el desencanto y la frustración, la inseguridad y el miedo, generado por un capitalismo salvaje, se convierten en las consignas políticas de los que representan a los megamillonarios. Los corderos se encomiendan a los lobos.

3.

Existe una secuencia que comienza con el cuestionamiento de la democracia, continúa con el insulto hacia aquellos a quienes se desprecia, avanza hacia la deshumanización y culmina en el ataque violento contra los «rojos». No se trata de pasos aislados, sino de un proceso que se alimenta de sí mismo: primero se pone en duda la legitimidad del sistema o de quienes lo representan, y esa duda justifica el desprecio; después, el adversario político deja de ser un interlocutor y se convierte en objeto de burla y escarnio, se le niega autoridad moral y se le degrada públicamente. El insulto, cuando se repite y se normaliza, se radicaliza hasta negar la humanidad del otro: se le compara con animales, enfermedades o plagas, y al no ser reconocido como persona se suspenden las inhibiciones morales que frenan la agresión. Es entonces cuando el paso a la violencia física —amenazas, acoso, agresiones, incendios— se percibe como legítimo o necesario, porque el «rojo» ya no es un ciudadano con derechos, sino un enemigo a batir. Esta secuencia no es inevitable ni automática, pero describe un patrón documentado en la propaganda y la violencia política: cada etapa prepara psicológicamente la siguiente, haciendo que la violencia aparezca como una consecuencia natural del desprecio previamente sembrado.

En España, el cuestionamiento de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez se ha formulado principalmente desde la oposición política —PP y VOX— y desde medios de comunicación afines a estos. La acusación se articula en torno a dos ejes: la pérdida de legitimidad política (por los pactos de investidura y la corrupción) y la deslegitimación institucional (por el uso de mecanismos parlamentarios para evitar el control de la Cámara). Las implicaciones suponen una profunda crisis de confianza democrática y un bloqueo legislativo que condiciona la gobernabilidad. Los ciudadanos y los políticos se han acostumbrado a insultar (famoso «me gusta la fruta» de Diaz Ayuso, que en realidad era «hijo de puta»), llamar traidor, asesino, mafioso, mentiroso. Y una retahíla de variados insultos que emplean los políticos de PP y VOX y que repiten los ciudadanos, de frente a los propios líderes, en las conversaciones cotidianas y en las redes sociales.

El problema no reside en que se critique al presidente del Gobierno o se cuestione su gestión, algo perfectamente legítimo en una democracia, sino en que la descalificación sistemática termine por negar la legitimidad de quien ha sido elegido mediante los procedimientos constitucionales. Cuando se insulta al representante del Gobierno como si su condición de adversario lo privara de legitimidad, el desprecio alcanza también, de manera indirecta, a los millones de ciudadanos que han votado a las formaciones que lo sostienen. La confrontación, alimentada por la polarización política y mediática, contribuye así al deterioro de una cultura democrática ya de por sí frágil. La conclusión es que este sector no acepta la democracia al deslegitimar al representante electo de todos los españoles. Enfrascados en su cada vez más pasional desprecio no comprenden que insultan sistemáticamente a los millones de votantes y simpatizantes de la opción socialista e izquierdista. El enfrentamiento, debido a la polarización cultivada por políticos y medios de comunicación, conduce a un deterioro completo de la precaria cultura democrática del país.

Es difícil comprender el argumentario justificativo de este sistema de descalificación empleado por la oposición española después de las elecciones de 2020, se retuerce y se quiebra, la forma en la que se formula la acusación de que nos gobierna un «dictador». Podríamos explicarlo como un mecanismo de «falsa proyección»: los acusadores proyectan en el acusado su propia voluntad. Así lo presentan Adorno & Horkheimer a propósito de los nazis. El presidente no es legítimo porque llega por moción de censura en 2018, es mentiroso por que dijo que no pactaría con Podemos, y lo hizo en las elecciones de 2020, razón por la que se crea el primer gobierno de coalición desde la república. Y es un traidor porque pacto con los independentistas de izquierda para formar el nuevo gobierno en 2023. Si a todo eso le unimos la amnistía a los encausados por la proclamación independentista de Cataluña, la corrupción de un ministro (J.L.Ábalos), El caso del Fiscal general en relación con la pareja de Diaz Ayuso, las denuncias y procesos a su mujer y a su hermano, la «invasión» inmigrante, y las investigaciones que afectan al expresidente Zapatero, tenemos el cuadro completo del argumentario. Un conjunto de acusaciones que sabemos, cada día tenemos más datos, de que algunas de ellas han sido fabricadas desde dentro y desde fuera de la nación.

Para el PP, esta acumulación de casos judiciales configura un «gobierno tramposo» que se aferra al poder para defenderse judicialmente.VOX lleva la acusación a un terreno más radical. Su líder, Santiago Abascal, ha exigido «detener y juzgar a la mafia de Sánchez y Zapatero», calificando al Ejecutivo como una «organización criminal» que gobierna España. En el Congreso, diputados de VOX han denunciado el carácter «totalitario y corrupto» del Gobierno. Pero ¿qué respeto a la democracia demuestran estos tipos que así insultan a la mitad del país? ¿Qué valor tiene para ellos esos votantes de los partidos que gobiernan en coalición? La crítica política puede ser contundente, pero cuando se sustituye la discusión por la atribución de una condición criminal al adversario se está desplazando el conflicto desde el terreno de la discrepancia democrática hacia el de la exclusión del enemigo. Y esa es la lectura que hacen los perplejos ciudadanos fieles a las consignas de estos sectores de la derecha más extrema.

Es conveniente que nos planteemos ¿Qué implicaciones tiene ese discurso? El cuestionamiento no se limita a la gestión, sino que pone en duda la legitimidad de origen y el respeto a las instituciones. La editorial de La Razón llegó a afirmar que los españoles «recuperan sus derechos soberanos» con la convocatoria electoral, argumentando que Sánchez accedió al poder incumpliendo promesas electorales (no pactar con Bildu, no conceder la amnistía) . Esto genera una fractura en la percepción de la democracia española: para unos, es un gobierno legítimo fruto del Parlamento; para otros, es un gobierno que ha usurpado la voluntad popular.

La falta de una mayoría estable y los pactos con socios que ya no le sostienen (como Junts) han provocado que los Presupuestos Generales lleven tres años prorrogados, un hecho insólito en democracias avanzadas . El Gobierno funciona en modo de «resistencia», sin capacidad de aprobar nuevas leyes, lo que agrava la sensación de fin de ciclo. Desde el entorno del Gobierno se denuncia una persecución judicial («lawfare») por parte de sectores conservadores de la judicatura. El portavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello, advirtió que el discurso de la ilegitimidad es «las tesis de Trump» y que están «preocupados» porque cualquier resultado que no favorezca a la derecha ya se sospecha de ilegítimo. Esta dinámica genera una espiral de desconfianza mutua entre el Ejecutivo y el Poder Judicial que erosiona la separación de poderes.

4.

En este contexto, en el que el presidente es tomado por un delincuente al que hay que derrocar, es cuando comienza a aflorar una forma de violencia que es consecuencia de esa discurso victimario de la oposición. La población, y sus derechos, estarían secuestrados por los «zurdos». Recientemente Javier Milei, en su visita a Madrid, Octubre 2026, llama al presidente del Gobierno de España, «ladron corrupto» e «impresentable dictador». Esta atmósfera, este discurso, justifica cualquier acto de violencia contra el «opresor» y sus simpatizantes. Y eso es lo que está funcionando, la maquinaria violenta se ha puesto en marcha, los gestos falangistas y nazis se han normalizado, y la «caza» discursiva salta a la calle.

Estas «cazas» necesitan unos medios de difusión, medios que en gran medida están financiados por administraciones públicas que controlan partidos de derechas afines. En España son decisivos los medios como OK Diario o Libertad digital. Los canales de Youtube, Instagran o Tik Tok ya se cuentan por miles. Es aquí donde nos encontramos la conexión con EEUU e Iberoamérica: Javier Negre y Cerimedo. Negre es propietario de EDATV (Estado de Alarma TV), La Derecha Diario, Right News Media / The Right News Show / UHN Plus, Informa Radio, VisegradES (o Visegrad 24/24), Nexjournal y The Energy Post. Y para que estos medios tengan seguidores masivos surgen la «granjas de bots». La violencia discursiva ya tiene medios y cientos de miles de seguidores falsos. Con esa estructura comienza la andadura del neofascismo internacional que actúa sobre la opinión pública, normalizando la violencia simbólica e instigando la violencia física. La fabricación de esa mayoría aparente contribuye a normalizar la violencia simbólica y puede favorecer la instigación de agresiones físicas. En esa estructura se reconoce uno de los rasgos del neofascismo internacional: su capacidad para intervenir en la opinión pública mediante la fabricación de enemigos, la amplificación de agravios y la movilización permanente de la hostilidad.

Esa mezcla entre la violencia discursiva y la física requiere de kamikazes que trabajan para estos medios. Conocida es la imagen que se produce durante las celebraciones del 12 de octubre de 2026, donde, ademas de los insultos habituales en los últimos años al presidente, un grupo de legionarios uniformados vitoreó a Vito Quiles (trabaja para Negre) mientras coreaban «¡A por los rojos!». El Ejército de Tierra abrió una investigación por posible vulneración de la neutralidad política de las Fuerzas Armadas. Quiles, apoyado por la derecha de PP y vox, con vínculos con sectores extremistas y apoyo a grupos neonazis como Núcleo Nacional, actua como periodista cuyo modus operandi consiste en convocar actos provocadores en universidades y espacios públicos para generar enfrentamientos y visibilidad mediática, como ocurrió en Pamplona y Barcelona.

En el ecosistema mediático y político, la red de instigación se amplía a figuras como el eurodiputado Alvise Pérez y el líder de Vox, Santiago Abascal, quienes comparten estrategias y narrativas con Quiles y Núcleo Nacional, partido próximo al credo totalitario fascista. Lo que estos «actores» hacen es convertir la diferencia política, él no alienado por su ideología nacionalista, racista y machista, en un enemigo a batir. Su programa económico, el apoyo a unas cuantas familias acaudaladas requiere de una base social que se sostiene en esa ideología. El grito «a por los rojos» no es una metáfora: es una consigna que, en el contexto de una España polarizada y con antecedentes de violencia política, funciona como una invitación a la agresión. Los casos que se han venido registrando (amenazas a científicos, periodistas y políticos de izquierdas) son la materialización de ese discurso. La instigación no siempre viene de un único líder, sino de un ecosistema que incluye agitadores callejeros, grupos neonazis, medios de ultraderecha y, ocasionalmente, sectores institucionales que miran hacia otro lado o participan activamente.

En esta «guerra» el uso del poder judicial es decisivo, hemos visto a organizaciones del ultraderecha, como Hazte oír o Manos Limpias, que han denunciado casos con recortes periodísticos. Es decir, el medio ultra fabrica el bulo y las estructuras paralelas emplean la «noticia» para acusar judicialmente a un individuo. Pero también es importante la colaboración de la policía, famosos es el caso del inspector Villarejo, para conspirar contra partidos como Podemos. En la causa sobre el presunto espionaje policial irregular a Podemos, Pablo Iglesias está personado como perjudicado. En las noticias recientes sobre Podemos aparece con frecuencia el nombre de José Manuel García Catalán, exjefe de la UDEF, que ha sido imputado (investigado) por presuntas investigaciones ilegales contra Podemos durante el Gobierno de Rajoy. 

Más impactante ha sido el caso contra Miguel Urbán, exeurodiputado y fundador del partido de Podemos que fue acusado de tráfico de drogas. Sin embargo, la acusación fue un montaje policial urdido durante el gobierno de Mariano Rajoy (PP) para desacreditar a Podemos, y así lo ha reconocido la Audiencia Nacional. En 2016, la Fiscalía Antidroga abrió una investigación secreta contra Urbán a raíz de un informe policial. Según el relato de un confidente, Urbán habría transportado 40 kilos de cocaína procedentes de Venezuela para financiar a Podemos, y habría celebrado la venta derramando cocaína en la barra de un pub de Malasaña. La investigación se cerró en apenas seis meses por falta absoluta de indicios de delito. La Audiencia Nacional ha calificado posteriormente los hechos como un «presunto montaje policial» y ha permitido a Urbán personarse como acusación particular, al apreciar que fue investigado «sin que se aprecie vínculo alguno» con los hechos. El propio Urbán ha declarado que todo fue «una coartada para montar un aparataje político policial contra un partido» .

Los medios, a veces los políticos señalan a los adversarios a abatir. Después se pone en marcha la maquinaria de extorsión policial y judicial. Eduardo Inda (Ok Diario) mencionó en 2016 a José Ramón Galindo (Podemos) como ‘detenido por traficar con drogas’, en referencia a su arresto en 2008. Sin embargo, la causa fue archivada por el Juzgado de Arrecife en noviembre de 2008, sin juicio ni condena, al no apreciarse delito.

El caso de Juan Clavero, ecologista andaluz, se ha convertido en un modus operandi convencional contra enemigos políticos. Aunque la Audiencia Provincial emitió una sentencia en octubre de 2024, que condenó a Manuel Alcaide Parra y José Miguel Herrera Díaz por denuncia falsa. Los hechos probados indicaban que Herrera, gerente de las fincas de Breña del Agua Investments S.L., acordó con Alcaide hacerse pasar por simpatizante de Ecologistas en Acción para introducir droga en el vehículo de Clavero y avisar después a la Guardia Civil, con el fin de provocar su detención por narcotráfico. Esa sentencia fue anulada porque el tribunal de instancia impidió que se juzgaran los delitos de detención ilegal y conspiración para la detención ilegal, limitando el enjuiciamiento únicamente a la denuncia falsa. El TSJA consideró esa decisión «precipitada» y de «respuesta incompleta». La repetición del juicio abre la puerta a penas de hasta siete años de prisión y a que se vuelva a plantear la posible condena de Breña del Agua Investments S.L. como responsable civil subsidiaria.

5.

Nos encontramos en España ante un fenómeno que va más allá de los insultos en redes sociales, cada vez es mas frecuente el hostigamiento contra científicos, ecologistas, periodistas y políticos de izquierdas se ha convertido en una forma de violencia política que busca expulsar a determinadas voces del espacio público. No se trata de episodios aislados, sino de una pauta común que combina la deslegitimación de la persona, el traslado del conflicto al ámbito privado y la amplificación digital, y que en los casos más graves deriva en agresión física, daños materiales o intentos de criminalización.

Todo este proceso se organiza según determinadas estrategias: el primer mecanismo es la deslegitimación. El científico deja de ser presentado como investigador y pasa a ser tratado como propagandista. Si se trata de la información: el periodista deja de informar y se convierte en enemigo político. Cuando nos referimos a los ecologistas, el activista ambiental es descrito como un obstáculo para el desarrollo. Y en el espacio público los representantes políticos, los adversarios, son objetivos a abatir, primero insultados y después simbólicamente liquidados. El ataque no se dirige solo contra una opinión, sino contra la legitimidad de quien la expresa. Así ocurre con Fernando Valladares, amenazado por negacionistas climáticos, o con Isabel Moreno, que recibe insultos misóginos por divulgar información meteorológica¹.

El segundo mecanismo es el traslado del conflicto al ámbito privado. La publicación de domicilios, teléfonos y datos familiares, las visitas intimidatorias y las persecuciones hacen que la exposición pública se convierta en una fuente de inseguridad cotidiana. Rita Maestre sufrió durante más de un año visitas indeseadas tras difundirse su dirección en Telegram; Cristina Fallarás y Sarah Santaolalla vieron expuestos sus datos personales; Irene Montero recibió amenazas que señalaban el domicilio donde viven sus hijos. Son algunos de los casos que se han registrado últimamente.

El tercer mecanismo es la amplificación digital, la hostigación de la víctima se amplifica para que parezca masiva y acabe siendo espectacular. Los insultos y amenazas se multiplican mediante cuentas y comunidades de usuarios que reproducen mensajes y datos personales de la victima. Ione Belarra recibió más de 300 mensajes vejatorios de un solo investigado; Lara Hernández vio cómo fragmentos descontextualizados de sus declaraciones activaban campañas de hostigamiento.

Se trata de una de las formas de cumplir con aquello de que «El que pueda hacer, que haga; el que pueda aportar, que aporte; el que se pueda mover, que se mueva». Aznar justificó la frase (Noviembre 2023) argumentando que se habían «cruzado todas las líneas rojas», con motivo de la ley de amnistía, y que Sánchez era «un peligro para la democracia», de nuevo se le llama dictador, una metáfora que ya no lo es tanto, y la opinión publica comienza a interiorizar esa calificación. José Luis Martínez-Almeida, hizo suya la frase pero añadió un matiz clave: «Quién pueda hacer, que haga, pero dentro de la ley», porque «para hacerlo fuera ya está el Gobierno de Sánchez». Pero en la realidad es un lema que invita a que cada uno contribuya a acabar con el Gobierno de Sánchez,  una invitación a la presión sin límites. No, Aznar no llamaba a una participación democrática ordinaria, sino a intensificar la presión contra el Gobierno «por todos los medios posibles», lo que incluiría el uso de dispositivos del Estado (judicatura, policía) y campañas de desinformación y acoso.

Esta campaña de acoso, cada vez más violenta de los agitadores, sale del espacio virtual, del hostigamiento jurídico al campo de la violencia física. Es la «caza del rojo» que empieza tímidamente pero ya alcanza un nivel de agresividad cercana a la de los primeros años del nazismo, conocemos los nombres de los están en las redes, en las tertulias y también de los que están en las calles, pro no de los que financian estas nuevas fuerzas de la extrema derecha. En los casos más graves de hostigamiento, el acoso deriva en represalia física o judicial. Pedro Costa Morata, ecologista histórico comprometido con la izquierda, sufrió el incendio provocado de su vivienda mientras dormía; El Gran Wyoming, periodista de TV, relató una agresión callejera²; y Juan Clavero fue víctima de un montaje para incriminarle por narcotráfico, con una sentencia que condenó a dos personas por denuncia falsa (aunque posteriormente anulada y pendiente de nuevo juicio). Estos episodios muestran que el objetivo no es solo intimidar, sino destruir la credibilidad de la víctima y convertirla, ante la opinión pública, en aquello contra lo que lucha³.

La consecuencia decisiva es que el acoso funciona como una censura informal. No necesita prohibir una intervención ni retirar un artículo: le basta con hacer que hablar, investigar, informar o discrepar tenga un coste personal suficientemente alto. Cuando científicos, periodistas, activistas y políticos deben calcular los riesgos personales y familiares de intervenir en el debate público, se deterioran las condiciones materiales de la libertad de expresión. El problema, por tanto, no es solo cuantas amenazas se producen, sino qué efecto persiguen y qué consecuencias tienen sobre la esfera pública, y sabemos que pueden inducir a guardar silencio, abandonar temas o retirarse de la discusión. La censura ya no necesita proceder exclusivamente de una autoridad que prohíbe: puede surgir de una sociedad en la que la intimidación hace demasiado costoso ejercer la palabra, y aquellos que acusan de dictadores a sus víctimas, ejercen ellos de verdaderos represores de un sistema totalitario.

5.

En América Latina, la violencia contra defensores del medioambiente, dirigentes comunitarios, periodistas y determinados representantes políticos adquiere formas mucho más letales que en España. Los informes anuales de Amnistía Internacional son esclarecedores. No es que falten campañas de hostigamiento digital o deslegitimación pública —también existen—, sino que esas prácticas suelen desembocar en violencia física sistemática, vinculada a disputas por la tierra, intereses extractivos, economías ilegales y crimen organizado. Allí la amenaza no consiste solo en expulsar una voz crítica del debate público, sino en eliminar físicamente a quien obstaculiza determinados intereses⁴.

Los datos de Global Witness⁵ permiten dimensionar el problema, su informe de 2025 documentó al menos 124 asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente en el mundo, el 85 % ocurrió en América Latina. Colombia y Brasil concentraron el 52 % de los casos. Más de la mitad de los crímenes estuvieron relacionados con disputas territoriales y en más de un tercio aparecieron indicios de crimen organizado o sicarios. Las cifras son probablemente una estimación inferior a la realidad, por las dificultades de documentación en zonas controladas por actores armados. Colombia es el caso más extremo: por cuarto año consecutivo fue el país con más asesinatos de encargados de la protección medio ambiental en 2025 (39 personas, casi la mitad indígenas). La violencia se concentra en territorios donde confluyen conflictos por la tierra, minería ilegal, cultivos ilícitos y disputas armadas, como el Cauca, clave para las rutas del narcotráfico. La impunidad no es un efecto secundario: es una de las condiciones que permiten la continuidad de la violencia.

Brasil vive un perpetuo pulso por el expolio de territorios amazónicos, registró 26 asesinatos en 2025, más del doble que el año anterior. La mayoría se inscribe en conflictos por la tierra que afectan a comunidades indígenas, agricultores familiares y poblaciones rurales presionadas por la expansión agropecuaria y extractiva. En estos casos los que ordenan los crímenes permanecen fuera del alcance de la justicia, de manera que la violencia deja de ser una sucesión de episodios imputables y se convierte en un mecanismo de control territorial.

La violencia tiene perfiles diferentes según las zonas. México presenta una configuración peculiar, pues la violencia no se dirige solo contra defensores ambientales, sino también contra periodistas, autoridades locales y candidatos. La intervención del crimen organizado, las disputas territoriales y la fragilidad institucional convierten la actividad pública en una amenaza para quienes ejercen determinados poderes. Amnistía Internacional y el Comité para la Protección de los Periodistas consideran reiteradamente a México dentro de los países más peligrosos del continente para ejercer el periodismo. El asesinato de Samir Flores en 2019, comunicador indígena opositor al Proyecto Integral Morelos, muestra la intersección entre activismo ambiental, defensa comunitaria y conflicto político. Chile, Perú, Paraguay y Ecuador presentan una situación más heterogénea, pero no exenta de violencia. Perú registró cuatro asesinatos de defensores ambientales en 2025, con especial incidencia en la Amazonía y en el pueblo kakataibo, que ha perdido varios dirigentes desde 2020. Ecuador documentó tres asesinatos, en un contexto de expansión del crimen organizado y deterioro de las libertades públicas. Chile no figura en la lista de asesinatos de Global Witness, pero la conflictividad mapuche, la militarización y la criminalización de la protesta siguen siendo fuentes de tensión; la desaparición de Julia Chuñil en 2024 es uno de los episodios más inquietantes. Paraguay, sin asesinatos de periodistas en 2025, registró 21 casos de violencia contra la prensa y mantiene una impunidad cercana al 90 % en crímenes anteriores.

La diferencia con España exige ciertas cautelas, pues en el contexto español, la violencia política se manifiesta principalmente mediante deslegitimación, señalamiento, hostigamiento digital, amenazas y agresiones que, aunque graves, no alcanzan la dimensión sistemática de los asesinatos latinoamericanos. Además, el Estado dispone de instituciones que, con desigual eficacia, investigan y sancionan parte de esos episodios. En América Latina, hay territorios donde la defensa del medioambiente o el ejercicio del periodismo se desarrollan bajo una amenaza inmediata, procedente de organizaciones criminales, grupos armados, redes económicas o agentes estatales, y donde la ausencia de protección efectiva transforma la intimidación en una forma de gobierno informal del territorio. Donde no llega el Estado, o donde este renuncia a llegar, se organiza un orden paralelo, al modo de los viejo sistemas mafiosos italianos o españoles.

Pero esta diferencia de escala no oculta una continuidad: en ambos escenarios, la estigmatización del adversario debilita su reconocimiento como interlocutor legítimo. La construcción de una figura amenazante —el enemigo del desarrollo, el agitador, el obstáculo para el progreso— facilita que sus demandas sean desatendidas y que las agresiones encuentren justificación o indiferencia para el poder judicial. La diferencia es que, allí donde existen redes criminales y una justicia incapaz de proteger, esa deshumanización puede integrarse en una cadena de violencia que termina en el asesinato. Muchas veces las organizaciones estatales se apartan para dejar a otros que lo hagan, otras veces es el propio Estado el que agrede a la ciudadania.

La impunidad es el elemento que conecta estos procesos. No significa solo que un crimen quede sin castigo, sino que su falta de esclarecimiento comunica que la amenaza puede repetirse sin consecuencias. Se produce así un disciplinamiento colectivo: quienes observan aprenden que denunciar, investigar o movilizarse puede costar la vida. El silencio deja de ser una elección individual para convertirse en una condición impuesta por el miedo. La violencia letal es, en ese sentido, una forma extrema de producción del silencio: no elimina solo una voz, debilita una red de relaciones y transmite una advertencia a quienes podrían continuar su trabajo. Donde el silencio se impone mediante el miedo, la desaparición o el asesinato, la esfera pública deja de ser un espacio de confrontación democrática para convertirse en un territorio sometido a la fuerza.

7.

No se trata de elecciones, no se trata de qué partido gobierne, no se trata de campañas políticas. Tanto en el caso de un estado que renuncia a extender su poder y la defensa de los derechos de la gente, permitiendo a los señores feudales que gobiernen esos territorios, como sucede en Latinoamérica, como a ese estado de permite que ciertos sectores hostiguen a otros, en una forma de guerra de poderes, la enfermedad está expandiéndose por el cuerpo de la democracia. Lo que está en juego no es solo una disputa entre partidos, sino la capacidad del Estado para garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin quedar sometidos a poderes arbitrarios.

Cuando asistimos al espectáculo de jóvenes que se visten de negro y salen a las calles a la caza del inmigrante como puede sucede en tantos sitios, por ejemplo en Verona, o en Madrid, o a dar palizas a travestis y trans como sucede en Palermo, ya no es simplemente el discurso violento de los partidos de extrema derecha, esto apunta a otra cosa. La siguiente generación, en países donde gobiernan los partidos de extrema derecha, sea Italia, Israel o Argentina, ya no le bastarán las políticas de Meloni, Netanyahu o Milei, querrán eso que estos no hicieron, lo quieren ya, un gobierno autoritario que no tenga freno en la represión de «zurdos», palestinos, maricones o migrantes.

Entonces el peligro reside en que la violencia deje de ser una herramienta excepcional del poder y se convierta en una expectativa política de quienes se sienten autorizados a ejercerla. Esos mismos pueden acabar exigiendo al poder que sea el mismo el que ejerza la violencia, con sus actos violentos anticipan el poder de un sistema totalitario. Cuando una generación aprende a identificar la libertad con la eliminación de los derechos del adversario, cuando confunde la fuerza con la justicia y la persecución con la defensa de la comunidad, la democracia empieza a perder algo más que su legitimidad institucional: pierde las condiciones culturales y morales que hacen posible la convivencia entre diferentes. La cuestión ya no es solamente quién gobierna, sino qué formas de vida política se están preparando para el futuro y qué clase de violencia se está enseñando a considerar legítima. Esos son nuestro límites, y para que no los sobrepasen, no debemos estar tumbados, según la metáfora de Canetti, a la sombra de aquellos que nunca dejaron de imaginarnos muertos.

NOTAS

1Uno de los ámbitos en los que se ha denunciado un incremento del hostigamiento es el de la divulgación científica y la defensa del medio ambiente. Los investigadores que intervienen en el debate público sobre el cambio climático, la degradación ambiental o la gestión de los recursos naturales se han convertido en destinatarios de campañas de insultos, desinformación y amenazas. Fernando Valladares, investigador del CSIC y divulgador científico, denunció en noviembre de 2024 una escalada de amenazas e insultos procedentes de sectores negacionistas del cambio climático, especialmente después de la DANA de Valencia. Entre los mensajes recibidos figuraban referencias a su eliminación física y expresiones como que algunos estaban «repartiendo sogas para ahorcarte». Su caso provocó una respuesta colectiva: más de 850 entidades respaldaron un manifiesto de apoyo al investigador y a las personas y organizaciones que sufren acoso por alertar sobre el cambio climático y la degradación ambiental. La relevancia del episodio no reside solamente en las amenazas individuales, sino en el intento de convertir la comunicación científica en una actividad sometida a intimidación. Isabel Moreno, meteoróloga y divulgadora, ha denunciado insultos y amenazas de carácter misógino, incluidos mensajes que expresaban deseos de que fuera eliminada físicamente y amenazas dirigidas también contra su familia. Su caso muestra cómo el cuestionamiento de la información meteorológica y climática puede combinarse con una violencia específicamente dirigida contra las mujeres que participan en el debate público. Francisco Martín, meteorólogo de AEMET, ha relatado haber recibido amenazas de muerte y ha relacionado el hostigamiento con intereses económicos y políticos contrarios a determinadas explicaciones científicas. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, también ha denunciado ataques personales por difundir información meteorológica y climática, con acusaciones de mentir y descalificaciones que buscan desacreditar la autoridad profesional de quienes comunican datos científicos. Pedro Costa Morata, ingeniero, periodista y activista ecologista, constituye un caso especialmente grave por la naturaleza del ataque denunciado. Según su propio relato, durante la noche del 16 de junio de 2025 alguien prendió fuego con gasolina a la puerta de su vivienda en Águilas (Murcia), mientras él se encontraba dentro. La intervención de la Policía Local evitó que el incendio se extendiera. Costa Morata relacionó el episodio con su trayectoria ecologista y con sus posiciones políticas recientes, entre ellas sus críticas al Estado de Israel y la publicación de su libro Israel: del mito al crimen. Estas motivaciones deben presentarse como hipótesis expresadas por el propio afectado, no como una autoría o móvil judicialmente establecidos. Juan Clavero, histórico activista de Ecologistas en Acción en Andalucía, representa uno de los episodios mejor documentados de represalias contra un defensor del medio ambiente. Su coche había sido incendiado y su domicilio apareció señalado en carteles amenazantes. En agosto de 2017 fue detenido después de que se encontrara droga en su vehículo, en un episodio que Clavero y las organizaciones ecologistas denunciaron desde el principio como un montaje. La investigación y el proceso judicial terminaron dando lugar a una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz: en octubre de 2024 dos de los acusados fueron condenados a un año de prisión por denuncia falsa y a indemnizar al ecologista con 20.000 euros; otros dos procesados resultaron absueltos. La sentencia convierte este caso en una referencia fundamental, porque ya no hablamos únicamente de una denuncia pública de acoso, sino de una operación de incriminación que tuvo consecuencias judiciales. El objetivo de una operación de este tipo no sería simplemente intimidar al activista, sino destruir su credibilidad y convertirlo, ante la opinión pública, en aquello contra lo que lucha. Paca Blanco, activista de Ecologistas en Acción en Extremadura, ha denunciado amenazas y agresiones relacionadas con su oposición al proyecto urbanístico y turístico de Valdecañas, junto al embalse del mismo nombre. La presión recibida llegó a hacer inviable su permanencia en El Gordo, localidad en la que residía. Su caso debe incorporarse como ejemplo de las dificultades y riesgos que afrontan quienes se enfrentan a intereses urbanísticos y económicos en el ámbito local. También se ha informado de la agresión sufrida el 12 de junio de 2025 por el presidente de AMA-Natura Ecologistas en Acción, en Arcos de la Frontera, a quien un individuo habría insultado por su discapacidad antes de agredirlo físicamente. Por otra parte, Adolfo Rodríguez, activista de la Comunidad de Madrid, denunció el incendio de su vehículo en abril de 2024. La organización ecologista ha cuestionado las limitaciones de la investigación judicial posterior. En ambos casos conviene completar la documentación con las denuncias y resoluciones correspondientes antes de establecer una relación definitiva entre los ataques y la actividad ambiental de las víctimas.La Fundación Oso Pardo también ha sido mencionada entre las organizaciones afectadas por episodios de hostigamiento, aunque la información disponible en el material consultado no permite precisar suficientemente la naturaleza de los ataques. Es preferible mantener este caso en una relación de seguimiento, pendiente de documentación adicional.

2El segundo ámbito es el de los periodistas, analistas y comunicadores que mantienen posiciones críticas con la derecha y la extrema derecha. En estos casos, el hostigamiento puede adoptar formas distintas: campañas de insultos, amenazas de muerte, persecución en espacios públicos, difusión de información privada o intimidación en las inmediaciones del domicilio y del lugar de trabajo.Sarah Santaolalla, analista política y colaboradora de medios de comunicación, ha denunciado una escalada de acoso que incluye amenazas, insultos y difusión de datos personales, entre ellos su dirección y su número de teléfono. El episodio más conocido se produjo en marzo de 2026, cuando denunció haber sufrido una agresión física y acoso por parte de Vito Quiles y otras personas a la salida de un acto celebrado en el Senado. Posteriormente se informó de que había recibido protección policial. El caso es especialmente significativo porque muestra el tránsito del hostigamiento digital al señalamiento físico: la exposición de los datos personales puede facilitar que la intimidación se traslade al domicilio, a los desplazamientos y a los espacios profesionales de la persona afectada. <em>No se trata ya solamente de discutir o desacreditar sus opiniones, sino de hacerle sentir que su presencia. Ana Pardo de Vera, periodista y directora corporativa de Público, ha sufrido durante años campañas de acoso en redes sociales y episodios de señalamiento en espacios públicos. También se han denunciado acciones de hostigamiento contra ella por parte de Vito Quiles. Arantxa Tirado, analista política, aparece igualmente entre las profesionales que han denunciado intimidaciones y campañas de acoso. Su caso, junto con los de Santaolalla, Fallarás y Pardo de Vera, ha sido recogido por organizaciones sindicales de periodistas. El Gran Wyoming, presentador de El Intermedio, relató en mayo de 2026 que había sufrido una agresión física en la calle. Según su testimonio, tres individuos lo increparon con insultos como «hijo de puta» y «rojo» y, cuando se volvió para preguntarles qué ocurría, uno de ellos le golpeó en la cara. El presentador explicó que había ocultado inicialmente el episodio y que había atribuido las lesiones a un accidente jugando al baloncesto. También recordó otros episodios de hostigamiento, entre ellos los insultos que recibió mientras estaba con sus hijos en la terraza de un restaurante. Es importante precisar que, en el caso de la agresión callejera, la información procede de su propio relato público; no debe presentarse como una sentencia o una investigación judicial acreditada. libertad de información y expresión.

3Un caso que considero muy representativo es el del vicealcalde de Murcia, Mario Gomez, del partido Ciudadanos que gobierna en coalición con el PP, afirma que comenzó a recibir amenazas anónimas, que denunció a la Policía, tras haber entregado expedientes del Ayuntamiento a la UDEF. LAs amenazas se producen por su denuncia de la corrupción de la Alcaldía. Es significativo porque esa denuncia afectó a Murcia y a Madrid, donde se anticiparon las elecciones. Lo más escandaloso fue que la población no castigó a los corruptos sino a los que denunciaban la corrupción. Eso supuso que el partido Ciudadanos, a partir de ese momento inició su declive y su desaparición. La violencia hacia representantes políticos viene confirmada por agresiones como la del Delegado de Gobierno en Cantabria que es abofeteado por un edil del PP. Las mujeres con responsabilidades políticas o presencia pública en la izquierda han denunciado formas especialmente persistentes de hostigamiento, en las que se combinan las amenazas políticas con insultos machistas, campañas de descrédito y ataques a su vida privada. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, denunció una campaña de amenazas y ciberacoso a través de Instagram. En marzo de 2026 se informó de la detención de dos hombres, uno en Toledo y otro en Xirivella (Valencia), como presuntos autores de los mensajes. Según la información policial difundida por RTVE, uno de los investigados habría enviado más de 300 mensajes vejatorios e intimidatorios. La detención no equivale a una condena, pero acredita que el caso dio lugar a una investigación policial y a actuaciones contra presuntos responsables. Irene Montero, eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, denunció en marzo de 2026 amenazas de muerte procedentes, según la información difundida por su partido, de una organización neonazi considerada terrorista por las autoridades estadounidenses. En los mensajes se habría señalado su domicilio, donde residen también sus hijos y su pareja. Montero presentó una denuncia ante la Policía Nacional y solicitó protección al Ministerio del Interior. La gravedad del episodio reside también en que el señalamiento no afectaba únicamente a la persona amenazada, sino que exponía a su entorno familiar. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, denunció que llevaba más de un año sufriendo visitas indeseadas de hombres que acudían a su domicilio después de que su dirección se difundiera en un canal de Telegram. Según su relato, algunos de esos individuos acudían buscando encuentros sexuales. El episodio muestra una modalidad de acoso en la que la publicación de datos personales se convierte en una forma de intimidación y de invasión de la intimidad. Carla Antonelli, senadora y representante de Más Madrid, ha denunciado episodios de acoso transfóbico y señalamiento público, entre ellos los protagonizados por el agitador Bertrand Ndongo. Su caso incorpora una dimensión específica: la violencia política se combina aquí con la estigmatización por identidad de género. Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, ha relatado un incremento del acoso digital después de unas declaraciones sobre la okupación. Según su testimonio, determinados fragmentos de sus intervenciones circularon en foros y espacios vinculados a la extrema derecha, lo que desencadenó cientos de mensajes vejatorios y ataques dirigidos tanto contra sus argumentos como contra su apariencia física. Aunque no se trata necesariamente de amenazas de muerte, el episodio permite observar cómo la circulación descontextualizada de declaraciones puede activar campañas de hostigamiento. En septiembre de 2026 se difundió también el caso de Alberto Mayoral, diputado del PSOE, y Carmen González, concejala, quienes habrían recibido una carta amenazante en su domicilio familiar de Córdoba. Según la información recogida en el material inicial, ambos denunciaron los hechos ante la Policía. Este episodio debe mantenerse en el registro, pero sería conveniente incorporar una fuente periodística directa o la documentación de la denuncia para precisar el contenido de la carta y el estado de la investigación.



4https://www.amnesty.org/es/location/americas/south-america/colombia/report-colombia/

5https://globalwitness.org/es/campaigns/land-and-environmental-defenders/documentacion-de-asesinatos-y-desapariciones-de-personas-defensoras-del-ambiente-y-el-territorio/