Hay viejos culiaos que no creen en nuestro amor
¡No importa oh!
Mauricio Redolés.
Desde el 12 de diciembre de 2022 no hay más “proceso constituyente” sino Restauración Conservadora. El Congreso Nacional devoró a la Convención Constitucional y, con ello, el poder constituido hizo desaparecer al poder constituyente. En la medida que asistimos a la consumación de una Restauración Conservadora, ella se urdió desde un proceso puramente fáctico que articuló diversas tácticas a favor de una sola estrategia, múltiples mecanismos para lograr un solo objetivo: destruir al lugar de enunciación popular abierto desde la revuelta de 2019 y restituir al lugar de enunciación oligárquico propio de la forma “portaliana” de concebir la política. En la medida que el proceso de Restauración Oligárquica se ha sostenido en la articulación de diversas tácticas en base a esa sola estrategia, en realidad, debe ser entendido como un “golpe civil y parlamentario” agenciado esencialmente desde el Congreso Nacional. Este último, terminó por apropiarse del proceso político clausurando, vía un “acuerdo” oligárquico, las posibilidades de transformación abiertas en 2019. El solo hecho que el mal poeta haya sido convocado a firmar el famoso “acuerdo” muestra el carácter deslegitimado con el que nace el proceso en curso. Un mal poeta, ahora vocero de un partido puramente fáctico, que habla el lenguaje del pastor mientras actúa como lobo.
Síntoma de lo anterior es que la misma nominación de las instancias políticas se ha reducida: de Asamblea Constituyente, pasamos a Convención Constitucional y de ésta, ahora se nos dice que el “acuerdo” ha resuelto establecer un “Consejo”. Quizás, todo terminará en una “oficina”, aunque sin olvidar que, de hecho, todo comenzó ya en una miserable oficina donde los partidos se pusieron de acuerdo sobre 12 bordes que resultan ser los 12 mandamientos revelados por Dios: fronteras sagradas que impiden cualquier modificación sustantiva del actual estado de cosas; puntos que terminan consagrando el actual estado de cosas. No hay quórum que pueda trastocar esos 12 bordes porque ellos parecen ser el propio maná que emerge de la boca de Dios. Pero, en la época del capitalismo triunfante y globalizado, el Dios en cuestión es nada más que el Capital, ergo, los 12 bordes son los 12 bordes de las AFPs y del sistema financiero chileno que tuvo al prominente Congreso Nacional de representante: la asonada popular de octubre puso en peligro al sistema financiero y, a la vez, a los partidos políticos tradicionales (el “partido portaliano”). Así, sistema financiero y sistema político se unieron y expresaron su profunda filiación oligárquica atrincherándose contra la irrupción de los pueblos. Finalmente, cuando el resultado del 4 de septiembre se impuso, ese hecho no podía ser leído simplemente como el rechazo popular a la propuesta de la Nueva Constitución, sino más allá de ello: como la decisión popular a delegar en un conjunto de “notables” el curso total del proceso. El plus hermenéutico que va desde “el rechazo a la nueva propuesta constitucional” a la “delegación del proceso en el conjunto de “notables” es justamente el salto que marca la profundidad del golpe civil y parlamentario en curso.
Al espíritu democrático portaliano –tan consistente en los intelectuales que frecuentan las columnas de periódicos del poder- la tesis de un golpe civil y parlamentario les parecerá demente. Como demente les pareció la revuelta popular de Octubre, como los disfraces de la tía Pikachú, en realidad, como demente, les parece cualquier cosa que no coincida con sus nobles modales. Pero, es real que aquí ha habido un golpe. Y un golpe no “militar” (no an old fashion –dirían ellos), sino un lawfare o “institucional” (by the new fashion). Por eso, ese golpe se vuelve tan irreconocible, precisamente porque no aparece como tal. Su efectividad se mide por el hecho de que, al no ser “tan sanguinario” como los típicos golpes militares urdidos en la década de los 70 y al no ser necesariamente “militarizados” sino casi enteramente “policiales”, vuelven ilegítima cualquier crítica, urdida desde la izquierda y al progresismo contra el régimen vigente, dado que éste ha terminado por imponerse no por la fuerza, sino por la institucionalidad. En otros términos, la efectividad del lawfare consiste en su capacidad no solo de restituir los privilegios amenazados, sino de neutralizar toda amenaza contra ellos vía las formas “democráticas”.
En el caso chileno: el plebiscito del 4 de septiembre parece desacreditar cualquier crítica contra la idea de que la derecha impuso sus términos de manera “ilegítima”, tal como ocurrió en 1973. Pareciera que la derecha habría terminado por “civilizarse” y, a la vez, saber interpretar el clamor popular que la izquierda no supo. El triunfo fue democrático y, en este sentido, la izquierda no tendría nada que esgrimir en contra del proceso. En este sentido, que haya sido la oligarquía la que haya podido capitalizar el dispositivo democrático a su favor introdujo el efecto político de la expropiación de la lengua: dejar a las fuerzas transformadoras sin vocabulario, sin léxico y, hasta cierto punto, obligadas a hablar la lengua de otro. El golpe en curso, cuyas diversas fases se ciñen al 15 de Noviembre (Acuerdo por la Paz), al 16 de Marzo (Declaración de la Pandemia), 4 de septiembre (plebiscito de salida) y 12 de diciembre (nuevo Acuerdo constitucional) produjo el efecto de la expropiación de la lengua producida porque, finalmente, el proyecto progresista era una cara más del partido portaliano y, en ese sentido, dicha facción gestó la renovación de clase y recomposición de la fuerza.
Su conciencia histórica no estaba dirigida a organizar el pesimismo de la revuelta popular de Octubre, sino a administrarlo a partir de su compensación litúrgica: símbolos, gestos y discurso jurídico. De hecho, que la campaña del Apruebo estuviera centrada en la noción de orden (capas medias) y no en dar sentido a la transformación muestra de manera prístina que el proyecto último no consistía en generar una fuerza de transformación sino en recomponer al partido portaliano ofreciéndole una “nueva generación”. El plebiscito del 4 de septiembre fue un momento de consolidación del proceso de renovación, al precio de perder el aura de transformación: en gran parte, un gobierno que apelaba a la “transformación” terminó, en virtud de su propio devenir, siendo un “gobierno transformado”. Como si el núcleo duro del Frente Amplio no hubiera hecho más que aceptar cómodamente el que se le dijera que eran “hijos de la democracia” y, con ello, subjetivarles en virtud de la filiación “portaliana” del nuevo siglo XXI. De ahí en adelante, todo terminará en la conmemoración del presidente Patricio Aylwin vía la revelación de su estatua y, por tanto, consolidación de la renovación del partido portaliano y la claudicación total de la disputa política con la transición. En otros términos, el devenir progresista de la izquierda signa su paso triunfal a la renovación del partido portaliano al precio de abandonar todo proyecto transformador.
¿Cómo se entiende, pues, el devenir del golpe portaliano señalado y la transfiguración del Frente Amplio como dispositivo de renovación oligárquica? Justamente, porque en sus diversas fases, el golpe estuvo destinado, al mismo tiempo, a civilizar a la nueva camada generacional y a conjurar de por vida, el atentado de los pueblos sublevados en la revuelta popular de octubre. Inscribir a los primeros en la filiación portaliana (y, por tanto, hacer que hablen y gesticulen como ellos en cuanto “hijos”) implicó aplastar dictatorialmente a la revuelta. En eso consistió el golpe civil y parlamentario urdido desde el inefable Congreso Nacional como poder constituido.
En este sentido, la escena replica, de manera feroz, a la escena final del regreso del Jedi: el padre devenido una máquina sin corazón se encuentra con el hijo que aún está del lado del bien. Este último, en peligro, es salvado gracias a un agónico gesto del padre frente al emperador. Pero al hacerlo, éste queda debilitado y ad portas de su muerte. Así, Luke saca la máscara de Vader y éste último le manifiesta al primero haber sido salvado por él. El legado del corazón ahora pasa del padre al hijo, de la soberanía de los 30 años a la economía de los próximos 30 años: la transición está salvada en la transición que viene, el portalianismo está salvado en el portalianismo de los hijos.
El camino de los vencidos es siempre más lento y enrevesado. Es necesario explicar mucho, pensar todo, problematizar las ilusiones que nos trajeron hasta acá. Sólo si dejamos atrás las ilusiones podemos arrojarnos a la esperanza. Para eso, me parece indispensable volcarnos a una crítica de la razón democrática contemporánea que sea capaz de profundizar el cuestionamiento a los 30 años de transición y exponga a la luz del día el carácter oligárquico o “portaliano” de la misma. No porque un presidente haya elevado a Aylwin al santo patrono de la democracia chilena resultaría imposible el trabajo de su crítica. Es precisamente frente a dicha restitución fantasmática, frente a dicha liturgia que tendremos que ir a contrapelo y mostrar cómo nuestra denominada “democracia” fue siempre “portaliana”, es decir, centrada en la oligarquía como clase dominante, justamente a la que el núcleo duro del FA y la “renovación” socialista arrimada a él, se pliega entusiasta.
Desde que el ex presidente paraguayo Fernando Lugo fue sacado del poder en Paraguay hace años desde el Congreso Nacional precisamente, el devenir latinoamericano de las democracias muestra que ésta no puede ser aceptada simplemente como dogma, sino que debe plantearse como un problema. Ella es el semblante del golpismo contemporáneo, de la forma fáctica por la que todos los días van retrocediendo nuestras libertades y derechos. Y no solo en Latinoamérica como frecuentemente se esgrime, sino en todo el mundo. La democracia ha devenido tanática por doquier, y bajo distintas formas, porque ese régimen es hoy casi indistinguible de la propia guerra civil global.
¿O acaso dentro de los 12 bordes planteado por el pre-acuerdo constitucional no está el “derecho a la vida”, que volverá imposible constitucionalizar el derecho al aborto en la nueva carta magna y, en este sentido, haciendo de la famosa democracia el régimen que está haciendo perder derechos a las mujeres, y, por tanto, a la sociedad en general? ¿No dicen esos mismos “bordes” revelados a nuestra “clase política” como por algún ángel que trajo el mensaje divino, que el Estado chileno será un “¿Estado social de derechos” pero que los derechos sociales no sólo se implementarán “progresivamente” sino que ello sería posible sólo bajo la cláusula de no traspasar los límites del cálculo fiscal, es decir, de no transgredir el mandamiento neoliberal por excelencia? Cada vez que desde el progresismo y las izquierdas se demanden reformas sociales ¿acaso el ministro de Hacienda no dirá que eso no será posible porque “no estamos preparados financieramente para eso porque eso desincentivará la sacrosanta “inversión”? El punto de partida es éste: la nueva Constitución, aquella que restituirá los privilegios oligárquicos, ya está escrita. La elección y redacción ulterior simplemente constituirán la liturgia confirmatoria de un proceso fácticamente realizado.
Diciembre 2022
