La «emergencia» llega siempre tarde: nombra lo que ya ocurrió, promete lo que aún no ocurre, y en ese intervalo entre el diagnóstico y la medida habita, cómodamente, el poder. La «emergencia» no es el nombre de una crisis: es la crisis del nombre que se hace pasar por su solución.

La «emergencia» es una forma de gobierno antes de ser una descripción de la realidad: nombra lo que ya ocurrió, promete lo que aún no ocurre, y en ese intervalo entre el diagnóstico y la medida habita, cómodamente, el poder. La «emergencia» no es el nombre de una crisis: es la crisis del nombre que se hace pasar por su solución. «Gobernar es comunicar»: la frase ha sido repetida con tanta convicción durante tantos meses que ya nadie recuerda que es una metáfora y no una definición. Lo que la metáfora produce, cuando se la toma en serio, es la inversión silenciosa de la política en espectáculo: ya no se gobierna para comunicar lo que se hace, sino que se comunica para producir la impresión de que se gobierna. La diferencia parece técnica; en el fondo es la diferencia entre la política como acción sobre el mundo y la política como administración de su imagen. Que esa diferencia haya dejado de parecer importante es el dato más revelador del momento que vivimos, y también el más cómodo para quienes gobiernan.

Lo que se observa en el podio de La Moneda no es simplemente una vocera (ultraderecha) que no tiene la información a tiempo. Lo que se observa es algo más estructural y más grave: la fractura entre el nombre y la cosa, entre el «gobierno de emergencia» que la columna del domingo (El Mercurio) proclamó con la eficacia de quien ha encontrado la palabra exacta, y la administración cotidiana de esa proclama, que requiere otra velocidad y otro saber llamado «reconstrucción». La reconstrucción supone siempre un origen que fue puro, un orden que fue natural, una casa que existió antes del desorden. Mentira constitutiva. El origen que invocan no existió jamás: fue construido, la primera vez también desde la violencia, también desde el decreto, también desde la supresión de lo que vivía antes. Reconstruir es, entonces, la repetición de una fundación que nunca confesó su crimen inaugural. La misma mano. El mismo gesto. El mismo silencio administrado como verdad.

Esa fractura no es un problema de coordinación ni de experiencia: es el síntoma de un gobierno que creyó que nombrar la realidad era equivalente a transformarla, error que tiene consecuencias políticas reales sobre personas reales, aunque la retórica de la urgencia lo vuelva difícil de ver. Entre el diagnóstico y las medidas hay una distancia que el nombre «emergencia» se encarga de volver invisible. Si la emergencia es sanitaria, la respuesta no es la reducción del impuesto corporativo: las empresas que pagan menos impuestos no construyen hospitales públicos ni contratan médicos para el sistema estatal. Si la emergencia es el desempleo, la respuesta no es la desregulación ambiental: los proyectos desbloqueados generarán empleo en sectores específicos y en plazos diferidos, no donde el desempleo es más agudo ni cuando lo es. Si la emergencia es la lista de espera, la respuesta no es la reintegración tributaria. El programa existía antes del diagnóstico; el diagnóstico fue construido para justificarlo. Esta no es una observación retórica: es una afirmación sobre la honestidad intelectual de un gobierno que declara «emergencia sanitaria» y responde con reforma tributaria empresarial. La distancia entre ambas cosas no es un detalle de política pública: es el núcleo de lo que este gobierno es.

Hay una palabra que la columna no pronuncia pero que organiza todo lo que dice: «herencia». La «emergencia» requiere siempre un responsable previo. Ese alguien sin nombre —la administración anterior, «el último tiempo», los que «perseveraron en las mismas respuestas»— es el depósito donde se acumulan todos los males que el nuevo gobierno ha venido a resolver. La operación es conocida: ningún gobierno llega al poder sin heredar un desastre, y ninguno se va sin haber producido otro. Lo que varía no es la estructura, sino la elocuencia con que se narra. En eso el nuevo gobierno parte con ventaja, aunque la ventaja retórica y la capacidad de gobierno sean cosas distintas que la «emergencia» se encarga de hacer parecer equivalentes.

Pero hay algo más grave que la «herencia» en esta arquitectura retórica: el supuesto de que lo que viene es peor. El gobierno busca dibujar un «paisaje de la ruina»: la «emergencia» irrumpe para revocar el simulacro, esa democracia blanda que administraba la decadencia con buenos modales transcionales, y lo repone por pánico oligárquico. El pánico tiene nombre preciso aunque no se pronuncie en las columnas de El Mercurio: la certeza, compartida en los pasillos del poder con una convicción que bordea lo clínico, de que se viene un «complot zurdo», un intento de desestabilización que el nuevo gobierno debe anticipar y neutralizar. Con ese escenario trabajan. La «emergencia» no es solo un diagnóstico de la economía o la seguridad: es la preparación subjetiva de un estado de alerta permanente ante un enemigo interior que el discurso oficial no puede nombrar del todo porque nombrarlo comprometería la legalidad democrática que simultáneamente proclama defender.

La paranoia, cuando se institucionaliza, deja de ser un síntoma para convertirse en un programa. En su estructura más precisa, no es un error de percepción sino una certeza: el paranoico no duda, sabe. Sabe que el otro lo persigue, que el complot existe, que la amenaza es real aunque no pueda ser demostrada porque su misma invisibilidad es la prueba de su sofisticación. Lo que el sujeto paranoico no puede tolerar es la ambigüedad, la posibilidad de que el otro no tenga un plan, de que el mundo no esté organizado en torno a su destrucción. Un gobierno que opera desde esa certeza no necesita evidencia del «complot rojo»: la ausencia de evidencia es, para esa lógica, la evidencia más inquietante de todas. El «pánico oligárquico» es el miedo de la clase dominante ante la irrupción de lo heterogéneo (manufacturado como heterogéneo): ante la posibilidad de que la energía social que el sistema no puede absorber se libere de forma no controlada. La respuesta es siempre la misma: convertir el exceso en deuda, el desecho en problema de gestión, la energía que desborda en materia prima para el discurso de la emergencia. Lo que cabría añadir, con la ironía que el argumento practica pero no nombra, es que el «complot rojo» que el gobierno teme es la proyección de su propio exceso: el miedo ante lo que el propio sistema produce y no puede integrar. La paranoia oligárquica no teme al otro: teme al producto de sus propias operaciones de exclusión, que regresa bajo la forma del enemigo exterior.

Una columna de la vocera fue publicada cuatro días después de la asunción: tiempo suficiente para que la ceremonia sedimente, insuficiente para que cualquier medida produzca consecuencia evaluable. Es el único momento en que se puede escribir sobre un gobierno sin tener que hablar de lo que ha hecho, porque no ha hecho todavía nada que pueda ser medido. La columna inaugura así la forma más refinada —y más irresponsable— del discurso oficial: el discurso sobre las intenciones, que tiene la ventaja de no poder ser contradicho por los hechos porque los hechos todavía no han ocurrido. El cuarto día es el momento perfecto: demasiado tarde para la promesa de campaña, demasiado temprano para la evaluación de gestión.

La vocera declara que negar la «emergencia» equivale a aceptar como normales situaciones «inaceptables». La frase es una trampa lógica con consecuencias políticas serias: quien no comparte el diagnóstico queda automáticamente del lado de la complicidad con el desastre. No hay posición intermedia: o se acepta el nombre que el gobierno da a la realidad, o se acepta la realidad que el gobierno describe con ese nombre. La disyuntiva es falsa, pero su falsedad importa más allá del plano retórico: una sociedad que no puede articular posiciones intermedias entre la «emergencia» y la complicidad es una sociedad a la que le están cerrando el espacio de la política. Eso no es un problema de comunicación: es un problema democrático. De lo que antecede se sigue una consecuencia que el análisis no puede eludir: si la «emergencia» cierra el espacio de la política, lo que cierra es precisamente el espacio donde el malestar real podría articularse sin convertirse en violencia. Lo que resta, entonces, merece atención específica.

Aquí el análisis debe detenerse ante algo que el «pánico oligárquico» no puede ver porque verlo requeriría mirar donde no quiere mirar: la patología real y los estresores concretos de la subjetividad popular y de la informalidad económica llevan a un escenario radicalmente distinto tanto del «complot rojo» que el gobierno teme como de la «recuperación» que promete. Lo que la precariedad produce no es revolución sino retracción: depresión clínica, adicción, violencia doméstica, deserción escolar, fragmentación del vínculo social. El escenario que los estresores de la subjetividad y la informalidad construyen no es el de la insurgencia que justifica el estado de alerta permanente: es el de una sociedad que se deshace hacia adentro, silenciosamente, sin que ninguna «emergencia» declarada desde el podio alcance a nombrarlo, porque nombrarlo requeriría políticas que el programa no contempla y gastos que el ajuste fiscal no autoriza.

Los expertos señalan que el problema de la vocera es la «inexperiencia». La diagnosis es correcta pero insuficiente. La inexperiencia no es una carencia biográfica: es el síntoma de una concepción del poder que creyó que basta con encontrar el nombre correcto para que la cosa nombrada se produzca por sí sola. Lo que hay en el podio es alguien que aprendió el nombre antes que la cosa. Eso no es un problema de persona: es un problema de concepción del poder, y esa concepción tiene consecuencias sobre quienes dependen de que el poder funcione. «Chile merece algo distinto», concluye la vocera. Es verdad. El problema es que lo «distinto» que propone (reducción de impuestos, militarización, auditoría) es exactamente lo que la derecha regional ha intentado durante cuatro décadas, siempre con el mismo «optimismo inaugural», siempre con resultados que el tiempo documenta con una paciencia que los gobiernos nunca han tenido. Lo distinto no es el programa: es el nombre. Y el nombre, hay que decirlo con toda la gravedad que merece, tiene un costo: el costo de las expectativas que no se cumplirán, de las personas que esperaban que esta vez fuera diferente, de los 40 mil que ya no pueden esperar nada. La «emergencia» bien administrada es inagotable y perfecta como coartada. Lo que no es inagotable es la paciencia de quienes la padecen.

El «gobierno de emergencia» no describe ciudadanos en peligro: los constituye como tales, los interpela desde la posición de quien sabe lo que ellos padecen y está autorizado a actuar en su nombre. Esta es la forma más eficaz del poder pastoral moderno: el poder que salva no reprime sino que produce, no prohíbe sino que gestiona, no excluye sino que incluye en el régimen de visibilidad que él mismo ha establecido. Entonces, la «emergencia» no administra una crisis sino que produce una «población»: un conjunto de cuerpos que deben ser gestionados, protegidos, ordenados desde arriba. El «gobierno de emergencia» no describe ciudadanos en peligro: los fabrica como tales, los constituye en su vulnerabilidad para poder constituirse a sí mismo como poder que salva. Por fin, el Ejército desplegado en Chacalluta, las cámaras térmicas, los drones sobre la macrozona norte: no son respuestas a una amenaza sino la producción de su imagen. El poder que no puede demostrar que actúa necesita que se le vea actuando, y para eso requiere un escenario, una coreografía, un encuadre. La «mano firme» no es una política: es una fotografía de una política que todavía no existe, circulada antes de que exista para producir la impresión de que ya ocurrió.

Lo que este análisis ha intentado demostrar es, en su forma más desnuda, lo siguiente: la «emergencia» no es el nombre de un problema sino el nombre de una solución que el poder se da a sí mismo antes de que el problema sea formulado. Cuando eso ocurre, lo que se cierra no es la crisis: es la posibilidad de nombrarla desde otro lugar. Y lo que no puede ser nombrado desde otro lugar no puede, tampoco, ser pensado de otro modo. Esa es la economía del pánico: no produce escasez de recursos sino escasez de lenguaje. Y la escasez de lenguaje es, siempre, la forma más eficiente de la dominación.

Doy testimonio de mi deuda con Javier Agüero Aguila y Rodrigo Karmy

Dr. Mauro Salazar J. UFRO / Sapienza