Vamos a seguir gobernando igual, porque también existe la gestión y también están los decretos». La frase pronunciada hace horas por el titular de Hacienda en el seminario de Clapes UC merece detenerse: no por su contenido programático, apenas la defensa rutinaria de una megarreforma en aprietos, sino por el desnudo formal con que la lengua del poder se deja ver allí, sin retórica, sin pliegue, sin esa cortesía parlamentaria que en otros tiempos cubría la operación con el barniz de la deliberación. Hay en esa frase un gesto que, leído bajo cierta clave, la que cierta tradición centroeuropea dejó como herencia para entender los engranajes íntimos del mando, resulta intolerablemente legible.

Habría que comenzar por el verbo. Seguir. Continuar. La declaración no anuncia un proyecto sino una inercia, y en esa inercia se condensa la operación más antigua del poder: aquella que se sostiene no en la legitimidad del acto sino en la mera capacidad de durar. El que sigue gobernando igual, independientemente del Congreso, independientemente del dispositivo deliberativo que la modernidad llamó parlamento, ejecuta el viejo gesto del superviviente, esa figura que constituye, según ciertas páginas inolvidables sobre los engranajes del poder, el corazón mismo de la lógica soberana. Sobrevivir al rechazo legislativo, sobrevivir a la inflación, sobrevivir al malestar, sobrevivir al desempleo. La política se vuelve técnica de permanencia, y no necesita aprobar nada: solo necesita estar.

El segundo elemento es el decreto. Y aquí la operación se sofistica. El decreto es, en su forma pura, la orden. Y la orden, esa unidad mínima que algunos análisis fenomenológicos del poder describieron con minucia entomológica, no es el contrato, no es la ley, no es siquiera el discurso: es el aguijón que se hunde en el cuerpo del receptor y queda alojado allí como un cuerpo extraño, dolido, persistente. Quien anuncia que gobernará por decretos no anuncia simplemente una alternativa procedimental; anuncia el desplazamiento del orden político hacia su zona menos discursiva, menos negociable, menos política en sentido fuerte. El decreto es la palabra que no admite réplica, la palabra que cae sobre quien la recibe sin abrir el espacio de la respuesta. Anunciarlo de antemano: «si la ley no se pasa, los decretos están», es exhibir, casi con coquetería técnica, la economía vertical sobre la cual descansa, en último término, la administración del país.

Hay un tercer elemento que merece glosa: la palabra gestión. «También existe la gestión». En ese pliegue se aloja la sustitución epocal completa. La política democrática supone deliberación, conflicto, formación de mayorías, lentitud institucional, costos de transacción; la gestión, en cambio, supone ejecución, eficiencia, indicadores, hojas de ruta. Cuando el ministro de Hacienda, investido por una cartera que en las democracias modernas requiere precisamente la sanción parlamentaria del presupuesto, enuncia que la gestión y los decretos pueden cumplir lo que el Congreso no autoriza, lo que se está afirmando no es una hipótesis técnica sino una redefinición de lo político. La política se vuelve administración del riesgo, y la administración del riesgo se vuelve, por su propia lógica, autorreferencial: no necesita consensos porque opera con datos, no necesita asamblea porque opera con tableros, no necesita oposición porque opera con metas. Lo notable, lo que vuelve la frase casi un texto dictado por un manual sobre el carácter paranoico del poderoso, es la fórmula final: seguir gobernando igual. Igual a sí mismo, idéntico, sin fisuras, sin desplazamientos. El poderoso —enseñaba aquella tradición austrocéntrica que combinaba etnología, historia y delirio clínico— se constituye en la repetición y en la negativa a la metamorfosis. No transforma su gesto: lo replica. La amenaza, el rechazo legislativo, el bajo Imacec, el déficit fiscal, los acuerdos rotos con el Partido de la Gente, no produce inflexión sino reafirmación. «Sorprende la porfía de hacer lo mismo una y otra vez, esperando resultados diferentes», cita el ministro como si se tratara de un consejo a la oposición. La ironía es que la frase, vuelta espejo, retrata exactamente el gesto del enunciante: la porfía, la repetición, la fe en que la insistencia administrativa basta para sostener un país.

Subyace en todo esto una cuestión de tiempo. El decretismo, históricamente, ha sido el modo en que el ejecutivo abrevia la temporalidad democrática: el Congreso es lento, el debate público es ruidoso, los acuerdos políticos son frágiles —y la economía, según se nos dice, no espera. La urgencia económica deviene así argumento meta-político: hay un orden cósmico amenazado —el crecimiento, el empleo, las tasas hipotecarias, el déficit— y solo el operador técnico, blindado contra la deliberación, puede salvarlo. Esta autoatribución salvífica es exactamente la posición que ciertos análisis han identificado como el núcleo paranoico del poder: el que se concibe como única barrera frente a la catástrofe. Pero hay todavía un cuarto pliegue, quizás el más inquietante. El ministro no formula su anuncio como amenaza sino como obviedad. No dice «recurriremos a decretos en una situación excepcional»: dice que los decretos siempre estuvieron ahí, que la gestión siempre estuvo ahí, que el Congreso es solo una variable más en una ecuación cuya solución administrativa ya está calculada. Esa naturalización del bypass institucional —dicha en un seminario universitario, frente a economistas, sin sobresalto, con la calma del experto— marca el punto exacto en que el decretismo deja de ser excepción y se vuelve gramática cotidiana. Ya no es la suspensión del orden; es el orden mismo.

Habría que detenerse, finalmente, en el escenario. Las declaraciones se producen en Clapes UC, una institución académica articulada con un saber técnico-económico específico. La universidad se vuelve aquí no espacio crítico sino caja de resonancia: legitima la operación, le presta sus salones, sus expertos, sus exministros. La frase «vamos a seguir gobernando igual» se enuncia entre aplausos calculados, entre informes financieros y debates sobre gradualidad. La crítica, si la hubo, se produjo desde dentro del mismo paradigma: ajustes, prudencias, cumplimiento del Consejo Fiscal Autónomo. Nadie nombró, porque nombrarlo habría roto el contrato, el problema más obvio: que un ministro acababa de anunciar que el principio republicano de separación de poderes era, en su lectura, un detalle administrativo.

Queda la pregunta, imposible y necesaria, sobre qué tipo de cuerpo político produce esta gramática a fuerza de repetirla. La orden alojada como aguijón en el receptor, la inercia del superviviente, la naturalización del decreto, la sustitución de la deliberación por la gestión, la coartada técnica frente a la catástrofe económica: cada uno de estos elementos, tomado por separado, parece anodino; reunidos, dibujan el mapa preciso de una mutación. No estamos (todavía) en el régimen abierto de la excepción: estamos en algo más sigiloso, en la conversión rutinaria de la democracia en su simulacro administrado.

Y la frase, «vamos a seguir gobernando igual», ya no es, leída con el oído suficientemente alerta. Una declaración política: Quiróz.

Santiago, mayo de 2026.

Dr. Mauro Salazar J. UFRO/Sapienza