Preámbulo: «A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno (…) Puede ser un gran estudio, pero no se tradujo en nada, en trabajo concreto para las personas.» José Antonio Kast, gira «Presidente Presente», Puerto Montt, mayo de 2026.

Esas palabras no son una opinión. Son una política. Cuando un jefe de Estado declara que el libro —ese libro «precioso, empastado, en la biblioteca»— no generó ningún trabajo concreto, no está pronunciando un juicio estético ni formulando una crítica al sistema universitario: está instaurando un régimen de valoración donde el agónico pensamiento crítico queda fuera de lo legítimamente financiable. La declaración toca al mismo tiempo la cultura, la universidad y el horizonte cognitivo de la ciudadanía. Son el mismo daño visto desde ángulos distintos.

El pensamiento crítico europeo identificó una figura recurrente en los populismos de derecha: quien convierte el resentimiento hacia la élite cultural en plataforma electoral, lumpemizando el discurso hasta hacer del desprecio al saber una virtud plebeya. No es ignorancia; es cálculo. Kast no desconoce el valor del libro: lo niega porque esa negación le produce rédito entre quienes aprendieron a sentir el conocimiento humanístico como un lujo ajeno. El libro, además, ya venía siendo degradado por un progresismo (politología) sin relieves. La indexación científica instaló durante la última década una jerarquía en que el libro humanístico ocupa el lugar más bajo: no porque carezca de rigor, sino porque sus tiempos no coinciden con los protocolos de la producción académica estandarizada. La indexación no quemó los libros; los volvió insignificantes y castigó el tiempo de la escritura. Preparó el terreno para que la declaración presidencial pudiera pronunciarse como sentido común. Si nada de lo que no cabe en los índices de productividad merece financiamiento público, la relación entre historia y prosistas tiene sentencia de muerte —y la institución educacional guarda, ante esa sentencia, un notable silencio.

A eso se añade la politología de think tank, que traduce el problema de la cultura en problema de gestión y cierra cualquier pregunta que no entre en una planilla de indicadores. La infraestructura digital completa el cuadro: los flujos algorítmicos de redes y nubes procesan visibilidad, no densidad; aceleran lo breve y lo afirmativo, y vuelven inoperante el libro —objeto que exige lentitud y tiempo no productivo— porque ningún algoritmo sabe qué hacer con algo que no genera engagement en las primeras líneas. Lo que la crítica instrumental no puede formular es la pregunta por lo que el libro sostiene en el orden del lenguaje. Una sociedad no habla sólo para comunicar información; habla para articular lo que le falta. Esa articulación —la del deseo, la de la carencia, la pregunta que no cierra— requiere un orden simbólico que la preceda. El libro humanístico mantiene abiertos los registros en que una comunidad puede nombrarse a sí misma y sostener la tensión entre lo que es y lo que querría ser. Cuando ese soporte se desfinancia, la degradación es lenta: una sociedad que pierde acceso a sus propias palabras, que sabe nombrar sus necesidades en términos de empleo, pero ya no sabe nombrar lo que le falta en términos de sentido.

En Chile, los libros ya ardieron. No como metáfora: ardieron físicamente. En septiembre de 1973, los incendios que acompañaron al golpe militar seleccionaron con particular precisión los volúmenes producidos durante el gobierno de la Unidad Popular: los manuales de alfabetización que Paulo Freire había inspirado, las ediciones de Quimantú, la editorial estatal que había puesto a García Márquez, a Neruda, a los clásicos del pensamiento social al alcance de un trabajador con su sueldo semanal, y los textos de ciencias sociales que habían hecho de Chile, durante ese breve período, uno de los campos más activos del pensamiento crítico latinoamericano. Quimantú publicó, entre 1971 y 1973, más de doce millones de ejemplares a precios accesibles. El golpe no la cerró: la quemó. Porque el libro de la UP no era sólo un objeto cultural; era la materialización de un «proyecto de soberanía cognitiva» popular, de una apuesta por hacer del conocimiento un bien común y no un privilegio de clase.

El fuego no es simplemente destructivo: es performativo. Quien pasó décadas reflexionando sobre el poder y la masa, ese pensador búlgaro-vienés que hizo del incendio una categoría político, advirtió que quemar libros es una declaración pública sobre quién tiene derecho a producir sentido. No es vandalismo; es protocolo. La quema de 1973 y la declaración de Kast de 2026 no son actos discontinuos: son el mismo gesto en dos temperaturas distintas. La primera necesitó el fuego visible porque el orden que instalaba era frágil y debía vencer una resistencia. La segunda opera en frío, a través del presupuesto y del discurso, porque el orden que consolida ya no necesita vencer nada: ha convencido a suficientes actores de que la investigación que «termina en un libro» es simplemente un gasto sin retorno.

Para las universidades chilenas, la declaración presidencial no es inocua. Llega en el contexto en que ANID (por si alguna duda existía) ya había suspendido becas de magíster y posdoctorado internacional para 2026, en que documentos filtrados del Ministerio de Hacienda apuntaban a discontinuar programas de alimentación escolar y apoyo docente, y en que los recortes habían provocado los primeros despidos en la agencia. La crítica al libro que no genera empleo es el argumento que legitima la restricción. Cuando el Estado señala que la investigación humanística es un gasto sin retorno, las universidades quedan expuestas a una presión doble: la del financiamiento que se retira (la exacerbación del precariato) y la del sentido que se impugna. No sólo se les pide que produzcan con menos; se les pide que acepten que lo que producen no vale. Esa doble exigencia ataca el suelo simbólico sobre el que descansa toda la arquitectura institucional del saber.

Más perturbador que la declaración de inutilidad es la comodidad con que fue recibida. Que no provocara reacción masiva del campo universitario sino apenas algunas declaraciones de académicos individuales dice que el lazo entre la sociedad y sus instituciones de saber ya estaba deteriorado. El poder no necesita destruir lo que la sociedad ha aprendido a despreciar; le basta con confirmarlo. Y ese desprecio al libro humanístico no lo instaló Kast: lo instalaron décadas de políticas de evaluación que premiaban el artículo indexado en Scopus y penalizaban el libro de autor. La misiva sobre el libro llega a esa conclusión porque alguien se la preparó. Cristián Valenzuela, abogado, ex director ejecutivo de Ideas Republicanas, asesor estrella del Segundo Piso de La Moneda, publicó en octubre de 2025 la columna «Parásitos», donde declaró que el Estado estaba «lleno de parásitos que viven de él, lo drenan y se reparten sus restos como si fuera un botín». La categoría tiene una lógica estructural precisa: el parásito ocupa el lugar del objeto sin producir valor reconocible por el orden del amo. Trasladada al campo humanístico, la lógica es implacable: el investigador que escribe libros que no circulan en Scopus, que no genera patentes ni empleos medibles, es el parásito perfecto. Produce pensamiento, crítica, memoria —pero lo que produce no circula donde el poder decide qué vale.

El libro que «termina empastado en la biblioteca» es el lugar donde la sociedad deposita su memoria crítica. No la memoria de los hechos —esa la administran los archivos oficiales— sino la memoria de las interpretaciones: los modos en que una época se pensó a sí misma, se interrogó, puso en tensión sus propios supuestos. Las bibliotecas no guardan respuestas; guardan la capacidad de volver a hacer ciertas preguntas. Cuando esa capacidad se desfinancia, los horizontes cognitivos disponibles para la ciudadanía se estrechan, no por prohibición sino por ausencia, no por censura sino por empobrecimiento silencioso de los lenguajes con que sería posible nombrar lo que ocurre.

Una sociedad que ha extraviado sus propios lenguajes críticos no sabe que los ha extraviado. Esa es la paradoja central: el daño no es registrable en los términos que el mismo proceso establece como válidos. No aparece en las métricas de productividad, no genera déficit medible, no produce síntomas visibles en el índice de empleo. Aparece en la calidad de las preguntas que ya no se hacen: en la incapacidad de articular lo que falta, en la ausencia de palabras para nombrar una carencia que no es material sino simbólica. Una ciudadanía privada de los instrumentos del pensamiento crítico no percibe esa privación; la siente, en el mejor de los casos, como una vaga sensación de que algo no encaja. Y carece de las palabras para decir qué.

En ese vacío entra la inteligencia artificial. No como solución sino como síntoma: cuando el Estado desfinancia el pensamiento crítico y la ciudadanía pierde acceso al lenguaje con que podría nombrarse, la IA ocupa el lugar de la pregunta con la eficiencia de la respuesta. Llena lo que el libro dejaba abierto. La indexación y las plataformas sancionan  la moderna «metafísica del autor», y quien está en la cadena del copista henchido. Con todo, el control de la IA termina por diluir las plásticas del autor (eticidad barrada) y se alza el «copista» de la indexación (vaciado de ethos) que maneja los dispositivos de «buenas prácticas» que, en el fondo, protegen el arte del plagio inmunitario. Todo redunda en indigencia simbólica.

Produce certeza donde debería haber interrogación. Es el objeto que el poder le ofrece a quien ya no sabe qué le falta. Lo que está en juego en las declaraciones de Kast no es el presupuesto de ANID ni la continuidad del Fondecyt. Es la decisión política sobre qué tipo de sociedad se administra mejor: una que sigue produciendo las preguntas que la incomodan, o una que aprende a vivir sin ellas. El libro de la Unidad Popular fue quemado porque amenazaba un orden. El libro de la investigación humanística contemporánea fue desfinanciado porque estorba a otro. Medio siglo separa ambos gestos; la estructura es la misma. La segunda operación es más limpia, no deja cenizas, no deja imágenes, no deja mártires, pero produce el mismo resultado: una cultura que ya no puede interrogar las condiciones de su propia existencia. El libro «precioso, empastado, en la biblioteca» es el signo de esa riqueza que no aparece en ningún indicador de productividad. Su desaparición tampoco aparecerá. Sólo se notará, años después, en el silencio de una ciudadanía que ya no sabe qué preguntar, porque el régimen post-social recién comienza.

Referencias bibliográficas:

(1) Lacan, Jacques. El Seminario, Libro XVII: El reverso del psicoanálisis [1969-1970]. Buenos Aires: Paidós, 2008. [Discurso del amo; objeto a; registro simbólico y producción de valor.]

(2) Canetti, Elías. Masa y Poder [1960]. Barcelona: Alianza, 2013. [El fuego como acto performativo del poder; la biblioteca como territorio a conquistar.]

(3) Valenzuela, Cristián. «Parásitos». La Tercera, 14 de octubre de 2025. [Columna que instala la categoría de parásito estatal como marco interpretativo del gasto público en el gobierno Kast.]

Dr. Mauro Salazar J. UFRO/Sapienza.