Tras la absolución definitiva del oficial acusado de cegar a Gustavo Gatica, el problema no es el fallo: es el nombre del edificio que lo dictó, y todo lo que ese nombre nos hace esperar y esperar y esperar…

El lunes 3 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó por unanimidad anular el juicio que absolvió a Claudio Crespo, el ex teniente coronel de Fuerzas Especiales acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica en noviembre de 2019. El tribunal que lo absolvió en enero juzgó los hechos de 2019 con un estándar que en 2019 no existía: el de la legítima defensa privilegiada que incorporó al derecho chileno la Ley Nain-Retamal, dictada años después. Gatica portaba una piedra. Un hombre con una piedra frente a un oficial con una escopeta. La resolución es inapelable. No hay más instancias. Eso que llamamos justicia terminó.

Les decimos tribunales de justicia con la misma naturalidad con que decimos ministerio del interior, y en esa naturalidad hay un trabajo que no vemos. El nombre promete que ahí adentro habita la justicia, que la justicia tiene dirección, horario de atención, escalafón. Que si uno espera lo suficiente —cinco años, siete, cuarenta— la puerta se abre y sale algo que repara. Llevo años entrevistando a personas que han pasado la vida entera frente a esa puerta, en Chile, en México, en Argentina. El nombre es la operación misma: mientras creamos que la justicia vive ahí, seguiremos haciendo fila afuera de un edificio que fue diseñado para otra cosa. Confundir la justicia con la jurisdicción ha sido uno de los grandes éxitos culturales del Estado moderno. La justicia es más vieja que los tribunales y más ancha que ellos: existía como práctica mucho antes de que hubiera jurisdicción que la administrara, y siguió existiendo por fuera cada vez que la jurisdicción se cerró.

Porque en Chile aprendimos a recitar una cadena: verdad, justicia y reparación. Suena a proceso, a etapas, casi a receta. Primero se establece la verdad, después llega el juicio, y al final, algún día, la reparación. Pero esa cronología es una ficción con efectos. Le entrega la primacía absoluta al tribunal —todo pasa por ahí, todo espera ahí— y posterga indefinidamente lo único que las personas pueden hacer mientras tanto, que es elaborar lo que les pasó. De hecho, en el estallido ese orden se subvirtió: hubo reparaciones económicas repartidas antes de que existiera un reconocimiento oficial de las vulneraciones y sin que se hubiera establecido quiénes eran los responsables. Los tiempos reales de esta cadena son de cuarenta, cincuenta años; hay procesos que exceden la vida de la gente y quedan de herencia para los hijos y los nietos, como una hipoteca del dolor. Y cuando la reparación por fin llega, llega traducida: en un país que aprendió a ponerle precio a todo, la vida se convierte en plata, el daño en categorías, la comunidad en una suma de expedientes individuales. Las personas que sufrieron violencia estatal tienen toda la razón en exigir esa reparación. Es el molde el que está mal hecho: uno llega con una pérdida que no se puede desandar y el Estado devuelve un formulario.

Alguien dirá que el fallo Crespo es una falla del sistema, una excepción lamentable. Yo creo que es su funcionamiento. Los mismos tribunales que dieron por justificado el disparo de un oficial identificado, filmado, en uno de los casos más documentados del estallido, decretaron y renovaron mes a mes, durante más de un año, la prisión preventiva de cerca de mil cuatrocientas personas: la mayoría jóvenes, la mayoría de sectores populares, la mayoría sin militancia alguna, detenidas por agentes vestidos de civil y liberadas después porque no había con qué acusarlas. Con ellas el sistema fue súper eficaz. No es que el tribunal falle: el tribunal distribuye. Distribuye quién espera y quién no, qué cuerpo es creíble y cuál es sospechoso, qué piedra constituye amenaza letal y qué escopeta constituye deber cumplido.

Por el mismo delito por el que Crespo fue absuelto, otro oficial fue condenado a más de doce años por cegar a Fabiola Campillai. Hay condenas, entonces; el sistema funcionaría. Ese oficial ya pidió el indulto. El Presidente prometió revisar las solicitudes caso a caso y usar la facultad con quienes, dijo, defendieron la patria; sesenta diputados le han pedido por escrito que se apure. De más de doscientos uniformados con sentencia condenatoria por el estallido, la mayoría recibió penas que no llegan a cinco años y que se cumplen fuera de la cárcel; los que están presos se cuentan con los dedos de dos manos. La condena, que es la única prueba que se ofrece de que el sistema funciona, es un papel que se levanta con una firma. Y aun así hay querellas, hay abogados y funcionarios que han dedicado la vida a que las haya, y que creen genuinamente en las instituciones. Y hay algo más incómodo: renunciar al tribunal puede ser exactamente lo que el poder quiere, convencernos de que no hay ninguna instancia a la cual acudir. Daniela Rea, periodista mexicana que ha acompañado durante años a familias de desaparecidos y que ha visto al Estado burocratizar y vaciar cada una de esas luchas, llamó a la policía el día que entraron a robar a su casa. Toda contradictoria, me dijo. Yo también. Hay que denunciar, hay que querellarse, hay que ir. Y sin embargo uno denuncia al Estado ante otro aparato del Estado, y esa paradoja tiene un piso: que el tribunal condene o absuelva a un hombre —porque todo el sistema está ordenado en torno al acusado, no en torno a quien fue dañado— no repara a nadie. Silvana Rabinovich me lo dijo así: si tu última palabra en el horizonte es la policía, algo anda mal; después de esa tiene que venir una palabra más ágil, más viva. Esa palabra existía antes del fallo y va a seguir existiendo después.

Esta mañana, en la radio, Gatica dijo que no construyó su bienestar en función de si iba a haber o no justicia; que lo construyó en función de otras cosas, que transformó la rabia y la tristeza del comienzo en algo distinto. Y sigue litigando: va a ir a cortes internacionales, no ha renunciado a nada. Pero en casi siete años no puso su vida a esperar en ese pasillo. Contó también cómo fue la búsqueda de la verdad: en enero de 2020 sus abogados le advirtieron que sería muy difícil de investigar, porque a pesar de la cantidad de gente presente esa noche no había registros, y porque Crespo ni siquiera figuraba en la nómina inicial de la cuadrilla. La verdad tampoco venía primero. Hubo que arrancársela al mismo aparato que después la declaró insuficiente.

Y eso que él hizo mientras tanto lo hace mucha gente. Mientras el estallido todavía ocurría, mientras los perdigones todavía volaban, hubo quienes levantaron un museo del estallido social; no esperaron ni un año, no esperaron peritaje ni sentencia. Hubo ojos bordados en telas y colgados en las plazas, memoriales en las esquinas donde cayeron los muertos, animitas que son nuestra vieja tecnología popular para decir aquí pasó algo y no lo vamos a soltar. Una plaza entera cambió de nombre sin que ningún decreto lo ordenara. En Ciudad de México bajaron a Colón de su pedestal y pusieron a una niña con el puño en alto; acá las arpilleristas cosieron la verdad durante la dictadura mientras los tribunales de entonces la negaban con timbre y firma. Nada de eso es consuelo, ni terapia, ni artesanía del dolor. Son prácticas de verdad y prácticas de justicia: formas en que la gente establece lo que pasó, nombra a los responsables, se junta, deja de culparse, comprende que lo que le hicieron no le pasó a ella sola sino a un cuerpo colectivo. Es la cadena invertida: la reparación no llega al final del proceso; ocurre mientras el proceso no llega, porque si no, no se podría vivir.

A veces me pregunto si pensar así es rendirse. Si decir «hagamos justicia en nuestros propios términos» no es el nombre elegante de una derrota. Pero la pregunta ¿habrá justicia? nos deja mirando una puerta que acaba de cerrarse, inapelablemente, en la cara de un hombre al que le quitaron los ojos. La pregunta ¿qué sería justo para nosotros? nos deja mirándonos entre nosotros. En alguna pared de Santiago hay un ojo bordado en tela, a la intemperie, destiñéndose con la lluvia. Nadie lo cosió por encargo de un tribunal. Ahí, me parece, hay más jurisprudencia que en el fallo del lunes.