El 2 de julio, el Parlamento británico votó para incluir al grupo Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas. La decisión llegó tras la última acción directa del grupo, ocurrida el 20 de junio, cuando algunos activistas dañaron dos aviones cisterna Voyager en la base de Brize Norton, desde donde parten regularmente vuelos hacia la RAF Akrotiri, la base situada en Chipre desde la que han despegado cientos de vuelos de vigilancia sobre Gaza. Mientras el gobierno británico insiste en que las operaciones de reconocimiento tienen como único objetivo localizar y rescatar rehenes, los activistas sostienen que el intercambio de información de inteligencia con Israel implica la complicidad del Reino Unido en crímenes de guerra.

En un encendido discurso parlamentario, la diputada Zarah Sultana —quien dimitió del Partido Laborista del Primer Ministro Keir Starmer y está lista para fundar un nuevo partido de izquierda contra la guerra junto al exlíder laborista Jeremy Corbyn— denunció la criminalización de una «red no violenta de estudiantes, enfermeros, maestros, bomberos y activistas por la paz», cuyo «verdadero crimen fue atreverse a revelar los lazos ensangrentados entre este gobierno y el estado israelí genocida y de apartheid, y su máquina de guerra». Sultana recordó que Palestine Action fue prohibida junto a dos organizaciones de extrema derecha y supremacistas blancos abiertamente comprometidas con la violencia contra civiles: Maniacs Murder Cult y Russian Imperial Movement. En la Cámara de los Lores, el par laborista y exactivista anti-apartheid Peter Hain condenó la equiparación entre Palestine Action y grupos como ISIS o al-Qaeda, calificándola de «intelectualmente fallida, políticamente carente de principios y moralmente errónea». Ya han comenzado los arrestos de personas acusadas únicamente de haber expresado apoyo al grupo.