Hay palabras que maduran sin que su superficie se altere. «Privatizar» es una de ellas: pronunciada hoy, parece decir lo mismo que decía hace medio siglo: transferir al mercado lo que estaba en manos del Estado. Pero bajo tal continuidad semántica ha migrado un desplazamiento radical que conviene rastrear. No para fijar un origen, sino para mostrar cómo un término técnico-económico (en sus estriados) fue mutando en dispositivo de dominación, y cómo su sentido actual ya no se deja contener por la gramática de la eficiencia que lo vio nacer. En suma, «Privatización» es una palabra trizada que ha desertado de su domicilio económico. Ya no nombra la transferencia de un activo, el traspaso contable de lo estatal a lo privado; nombra, bajo esa coartada técnica, un despojo que se rehúsa a comparecer con su nombre propio.

Primer estrato: la libertad como coartada

La genealogía no empieza en una doctrina sino en un gesto: el del antiestatismo que cree, con convicción casi teológica, que lo público es por definición sospechoso. La operación discursiva es siempre la misma inversión: lo que la demanda popular y la deliberación democrática habían conquistado —Medicare, la seguridad social— queda recodificado como servidumbre, y el beneficiario de un derecho, transformado en víctima de su propia dependencia. Quienes prosperaron al amparo del Estado social aprendieron a declarar, sin pudor por la contradicción, que no les interesaba racionalizar el gobierno sino reducir su tamaño. Ahí está ya el núcleo: la privatización no es una técnica administrativa, es un relato sobre quién merece y quién sobra.

Ese relato encontró sus arquitectos. Milton Friedman, desde Chicago, hizo del mercado el principio y del Estado el residuo a dispersar: privatícense los parques, las escuelas, las carreteras, el correo, hasta la seguridad social. Mises y Hayek, desde la tradición vienesa, ofrecieron la coartada filosófica del siglo XX —la planificación como antesala del totalitarismo, el libre mercado vestido con «el lenguaje de la libertad y el cambio revolucionario»—. Desde los márgenes se cocinaba la economía austriaca con el resentimiento racial y el populismo de derecha, anticipando una fórmula que solo décadas después mostraría su rostro completo. Lo que en esos años se presentaba como cruzada por la libertad era, ya entonces, un programa de redistribución hacia arriba disfrazado de retirada del poder.

Segundo estrato: el consenso que borró el conflicto

El desplazamiento decisivo no lo produjo la derecha, sino su normalización. Cuando Ronald Reagan nombró los «zares de la privatización» para «desmantelar el Estado paso a paso», el gesto todavía tenía adversario. Lo grave vino después: el momento en que la defensa de lo público dejó de tener quien la enunciara. Años más tarde Clinton proclamaba que «la era del gran gobierno ha terminado», sustituyendo la asistencia por un régimen de plazos y castigos que canalizó fondos públicos hacia empresas privadas incentivadas a atender a menos gente, no representó una victoria de la derecha sobre la izquierda, sino la disolución de la frontera misma (Huntington, J. S. 2025).

Aquí la genealogía toca su punto más oscuro. El rescate bancario de 2008, más de un billón de dólares en malas apuestas trasladadas del capital al contribuyente, mientras los ejecutivos partían con sus «paracaídas de oro», consumó la lógica sin necesidad de nombrarla: «dinero libre para los capitalistas, mercados libres para todos los demás». La privatización había dejado de ser una política entre otras; se había vuelto la forma misma en que el poder reparte pérdidas hacia abajo y ganancias hacia arriba, blindando la operación tras la evidencia incuestionable del mercado.

Y llegamos al presente, donde la palabra termina de mudar de piel. Privatizar ya no promete eficiencia ni siquiera la finge: se ha vuelto arma post-hayekiana. Cuando se amenaza con retener cuatrocientos millones a una universidad hasta doblegarla, cuando se propone empujar al sistema universitario «a una recesión saludable» mediante la privatización del crédito estudiantil, cuando un vicepresidente reclama «confiscar las dotaciones» de las instituciones consideradas enemigas, lo que se administra no es un presupuesto: es una obediencia. El mercado se revela entonces como lo que siempre fue bajo la retórica de la libertad —un mecanismo de coacción—, algo que hasta Hayek admitió al reconocer que hay coerción cuando las alternativas se manipulan para que uno elija «lo menos doloroso».

Lo que distingue a este estrato es que la privatización ya no se subordina a la economía: la excede. No busca solo enriquecer, busca disciplinar cuerpos y administrar beligerancias. El dinero público fluye o se retira según una prueba ideológica, y el Estado deja de mediar intereses para volverse máquina de premiar a los propios y castigar a los otros. Es la «apoteosis del estado antisocial»: una forma estatal que abandona la seguridad social y entrega su aparato a un puñado de socios ultra-ricos. La democracia pública sustituida, sin estridencia, por un sistema de clientelismo que conserva las formas vacías de lo común ha derivado en una corrupción clientelar.

¿Qué sería, entonces, privatizar hoy?

Si hay que decirlo en una frase: privatizar hoy es clausurar la pregunta por lo común. No es vender activos, eso era el primer estrato, ni siquiera transferir riqueza hacia arriba —eso fue el segundo—. Es sustraer del litigio democrático la decisión sobre qué nos pertenece a todos, devolviéndola al régimen de la propiedad, donde no hay deliberación sino solo precio. Privatizar es producir un mundo donde la interdependencia, el hecho elemental de que existir es coexistir, de que nadie se sostiene solo, se vuelve invisible, reemplazada por la ficción del propietario autosuficiente. Lo «privado» recupera así su raíz latina: privare, privar. Privar a los muchos de lo que sostenía su vida en común para entregárselo a los pocos.

Pero —y aquí está la torsión que el presente añade— este despojo ya no se impone contra el deseo popular: se vende como su realización. Esta es la zona más inquietante del fenómeno, donde la privatización deja de ser cálculo tecnocrático y deviene insurgencia. La ultraderecha ha aprendido a presentar el desmantelamiento de lo público como un motín de los de abajo contra una casta, a vestir el saqueo con los harapos de la rebeldía. El que vacía la caja común se postula como el insurgente que viene a ajustar cuentas con los privilegiados, siendo él mismo, en los hechos, el privilegio en acto. Y el votante no es simplemente engañado: consiente, porque a cambio del despojo recibe pertenencia, reconocimiento, la promesa restauradora de un orden que lo nombra. La ira social, ese sedimento de un mundo percibido como amañado, encuentra quien la traduzca, y por ahora quien la traduce es la derecha. Mientras ese terreno siga vacante —mientras nadie ofrezca futuro en lugar de retorno—, el resentimiento seguirá siendo materia prima de la restauración. Entonces, qué seduce desde abajo. La pregunta debe incomodar la coartada consoladora del engaño. ¿Acaso sería más cómodo suponer una masa hipnotizada, un pueblo embaucado al que solo restaría desengañar? Lo sabemos, quien vota al despojador no ignora el despojo: lo consiente, encuentra en él una lengua que nombra su agravio cuando ninguna otra lo hacía. Hay un goce en esa entrega, un reconocimiento que la izquierda dejó de ofrecer.

Comprender esto exige tomarse en serio lo que la denuncia moral no alcanza a ver. Como advierte Stefanoni, conviene preguntarse por qué «la rebeldía se volvió de derecha», cómo el antiprogresismo y la anticorrección política «están construyendo un nuevo sentido común», y por qué la izquierda debería tomárselo en serio en vez de despreciarlo como mero engaño¹. La privatización, en su estrato más reciente, no se sostiene en la fría persuasión del experto: se sostiene en el calor del agravio. Y contra el calor no bastan las cifras.

En Chile el guion no es ajeno, y eso implica interrumpir la transparencia de la escritura. La ultraderecha que hoy gobierna llegó traduciendo el malestar en un «gobierno de emergencia», ofreciendo refundación donde sólo hay retorno. Su Ley de Reconstrucción, denunciada como beneficio cifrado para un puñado de allegados, repite la fórmula: desmantelar lo común mientras se invoca al pueblo agraviado (resentido). La «casta», el «despilfarro», el país «en decadencia» operan como significantes que cosen la ira social con el enriquecimiento de los pocos. Privatizar, también aquí, dejó de ser cálculo para volverse insurgencia: el saqueo vestido de cruzada, el privilegio postulándose como rebeldía. Y mientras la izquierda no ofrezca futuro en vez de nostalgia, será la derecha quien siga capitalizando el resentimiento.

Por fin, no basta con la certeza acusatoria. No existe un nosotros democrático incontaminado: por ahora el terreno sigue vacante.

Referencias:

Huntington, J. S. (2025, 16 de mayo). Una nación bajo privatización: El asalto de derechas a la democracia pública. Illiberalism Studies Program, Institute for European, Russian, and Eurasian Studies (IERES), George Washington University.

1 Stefanoni, P. (2021). ¿La rebeldía se volvió de derecha? Cómo el antiprogresismo y la anticorrección política están construyendo un nuevo sentido común (y por qué la izquierda debería tomarlos en serio). Buenos Aires: Siglo XXI.

Dr. Mauro Salazar J. Ufro/Sapienza