a Nelly, que hizo del fragmento

una forma política.

Hay palabras que llegan a la política después de haber hecho carrera en las páginas de opinión. «Iliberal» es una de ellas. Su circulación reciente en Chile revela algo más interesante que aquello que pretende describir: muestra cómo una categoría puede transformarse en un recurso editorial, en una contraseña moral y, finalmente, en una tecnología de distinción política. Allí donde debería existir una discusión sobre las transformaciones efectivas del poder, o bien, en democratizar los circuitos institucionales, límites institucionales, relaciones con los intereses privados y sus formas de concentración, aparece una palabra que parece resolver anticipadamente el problema. Se nombra al adversario como «iliberal» y, con ello, se produce una escenografía en la que unos quedan del lado de la democracia y otros del lado de su amenaza.

El problema no es utilizar el término sino cuando el concepto deja de ser una herramienta para convertirse en un dispositivo de clasificación. La discusión parroquial ofrece precisamente ese riesgo. El término ha adquirido una presencia creciente a propósito de las políticas de seguridad del actual gobierno y de la discusión sobre los estados de excepción. Pero incluso quienes lo utilizan reconocen que su sentido no es equivalente a extrema derecha, autoritarismo o populismo. Se trata, más precisamente, de una categoría referida a la tensión entre la dimensión electoral de la democracia y los límites liberales que restringen el ejercicio del poder.

Hay, además, un vacío histórico que conviene no disimular. «Iliberal» no posee en la sociedad chilena una sedimentación conceptual comparable a otras palabras que sí han organizado nuestra memoria política: dictadura, autoritarismo, neoliberalismo, transición, republicanismo, democracia, excepción. Su aparición reciente no proviene de una larga elaboración situada en la experiencia histórica local, sino de una importación discursiva que busca nombrar, con rapidez, un fenómeno todavía en disputa. Por eso funciona menos como concepto arraigado que como operador performativo: no sólo describe una realidad, sino que produce una posición desde la cual esa realidad comienza a ser leída. Al nombrar al otro como «iliberal», se delimita el campo de lo democrático, se redistribuyen legitimidades y se anticipa el juicio político. El vacío histórico del concepto es, precisamente, lo que vuelve tan eficaz su rendimiento editorial.

Por eso resulta necesario formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando el progresismo chileno utiliza «iliberal» menos como categoría analítica que como recurso editorial para ordenar el campo político? La respuesta no debería ser complaciente. En determinados usos, la palabra opera como una suerte de superioridad semántica. Permite que quien la pronuncia se coloque notarialmente en el lugar de la defensa democrática, sin necesidad de interrogar las condiciones materiales, económicas e institucionales que han ido estrechando la capacidad de decisión de las mayorías. El adversario aparece entonces como una amenaza a las instituciones; pero rara vez se examina con la misma intensidad la captura de las instituciones por intereses económicos, las formas de concentración de la propiedad, la influencia privada sobre las políticas públicas o la transformación de la democracia en una arquitectura jurídica destinada a administrar aquello que previamente ya ha sido decidido por otros poderes.

Aquí aparece la paradoja. La crítica al «iliberalismo» puede ser normativamente correcta y, al mismo tiempo, políticamente deficitaria. Puede denunciar con razón cualquier intento de relativizar derechos, debilitar controles o ampliar excepcionalmente el poder ejecutivo. Pero si esa denuncia se limita a señalar la deriva autoritaria del adversario, sin interrogar las condiciones que hacen posible una concentración creciente del poder económico y político, termina defendiendo una versión demasiado estrecha de la democracia. Una democracia no pierde densidad solamente cuando el Estado invade los límites de las libertades. También se debilita cuando grandes decisiones colectivas quedan progresivamente sustraídas del conflicto político y son trasladadas al lenguaje aparentemente neutral de la técnica, el mercado, la administración o la regulación. Por eso el problema del «iliberalismo», casi omnisciente a estas alturas, no puede reducirse a la pregunta acerca de cuánto poder concentra un gobierno. También debe preguntarse al servicio de quién se concentra ese poder, qué intereses logra proteger y mediante qué entramados jurídicos consigue legitimarse.

Esta última cuestión es decisiva. Existe una forma de pragmatismo contemporáneo que ya no necesita proclamarse antidemocrático. Puede aceptar elecciones, tribunales, parlamentos, procedimientos y derechos formales, y al mismo tiempo utilizar la complejidad institucional para blindar determinadas relaciones de poder. No se trata necesariamente de abolir la legalidad. Se trata de gobernar mediante ella. El problema ya no es el poder situado fuera de la ley, sino el poder que encuentra en la ley una forma cada vez más sofisticada de legitimación. Ahí se agotan los méritos de la bullada palabra «iliberal».

Porque puede producir la ilusión de que el peligro democrático viene únicamente desde una derecha que pretende exceder los límites institucionales, cuando una parte de la transformación contemporánea del capitalismo ha consistido precisamente en utilizar las instituciones, los contratos, las regulaciones y las decisiones administrativas para estabilizar desigualdades que ya no necesitan presentarse como excepciones. La legalidad deja de ser solamente un límite al poder y comienza también a funcionar como mecanismo de su propia sedimentación.

Esto obliga a revisar críticamente el uso progresista de la categoría. No porque el progresismo sea equivalente a las derechas autoritarias. No lo es, y sería injusto abundar en aquello. Tampoco porque las amenazas a las libertades sean imaginarias. No lo son. De hecho, la discusión actual sobre seguridad y estados de excepción ha generado advertencias explícitas respecto de posibles tensiones con principios liberales de la democracia. Pero precisamente por eso la crítica debe ser más rigurosa y menos complaciente con sus propias categorías.

El progresismo corre el riesgo de construir una frontera moral demasiado cómoda: de este lado, la democracia; del otro, el «iliberalismo». La operación posee una enorme eficacia editorial porque simplifica un campo político complejo. Pero toda simplificación tiene un costo. Produce una economía del lenguaje donde la acusación sustituye al análisis y donde una palabra puede hacer el trabajo que antes exigía una investigación sobre las formas concretas de concentración del poder.

El término comienza así a funcionar como una especie de marca de ilegitimidad. Se etiqueta al adversario antes de reconstruir sus procedimientos. Se anticipa el juicio antes de describir la arquitectura institucional. Se reemplaza la pregunta «¿qué está ocurriendo con el poder?» por una pregunta más sencilla: «¿quién es iliberal?». El resultado es una paradoja: una categoría destinada a advertir sobre la erosión de los límites democráticos puede convertirse en un instrumento para cerrar prematuramente la discusión democrática.

Y aquí aparece una dimensión elitista que no debería ser ignorada. Hay algo profundamente desigual en la distribución de la capacidad para nombrar políticamente. Quienes controlan los espacios de opinión, los circuitos académicos, los medios y las instituciones de legitimación intelectual poseen una capacidad mayor para decidir qué fenómeno merece ser llamado «iliberal», qué conducta es considerada democrática y qué actor queda fuera del perímetro de la respetabilidad. La palabra no solamente describe: distribuye prestigio, sospecha y autoridad.

El campo social queda entonces reducido a una variable de legitimación. Si vota por determinadas opciones, se habla de malestar, desinformación o radicalización. Si vota por otras, se habla de madurez democrática. El problema no está en reconocer que una mayoría puede tomar decisiones incompatibles con los derechos fundamentales; eso es precisamente parte del dilema entre democracia y liberalismo. El problema aparece cuando el lenguaje democrático se convierte en propiedad de una élite interpretativa que se reserva el derecho de determinar qué decisiones populares son legítimas y cuáles son simplemente peligrosas.

La cuestión exige otra política del concepto. No se trata de abandonar la palabra «iliberal», sino de devolverla a su función analítica. Si se utiliza, debe preguntarse exactamente qué dimensión de la democracia está siendo erosionada: ¿la separación de poderes?, ¿la independencia judicial?, ¿la libertad de prensa?, ¿los derechos de las minorías?, ¿los controles sobre el Ejecutivo?, ¿la autonomía de la sociedad civil? Esa precisión es indispensable porque, de otro modo, «iliberal» se transforma en una categoría flotante capaz de significar casi cualquier cosa que incomode políticamente. El propio debate chileno muestra que el concepto ha comenzado a ser utilizado con sentidos diferentes y en ocasiones enfrentados.

Pero hay una segunda exigencia, todavía más incómoda: aplicar el mismo rigor a las formas progresistas de gobierno. Si se cuestiona la excepcionalidad securitaria de la derecha, debe cuestionarse también la excepcionalidad administrativa del progresismo. Si se denuncia la concentración del poder en nombre de la seguridad, debe examinarse la concentración del poder en nombre de la eficacia. Si se critica el decisionismo de la autoridad, debe criticarse igualmente la sustitución del conflicto político por expertos, protocolos, indicadores y lenguajes técnicos. La democracia no se reduce a escoger quién administra mejor.

Lo «iliberal» nombra una contradicción: aquello que pretende situarse fuera del liberalismo necesita, para imponerse, habitar sus instituciones, hablar su lengua y servirse de sus garantías. No es simplemente su exterior, sino su inquietante interior. Allí reside la aporía: la democracia puede engendrar aquello que después identifica como su contrario y amenaza.

Hay una concepción que, en nombre de la modernización, ha tendido a transformar la política en gestión de políticas públicas. Allí el ciudadano aparece como beneficiario, usuario, receptor o destinatario de programas, pero pierde progresivamente su condición de sujeto capaz de disputar el sentido de la vida colectiva. La política se vuelve una cuestión de diseño institucional. El conflicto, una anomalía. La diferencia, una demanda que debe ser procesada. La sociedad, una suma de indicadores.

Esa transformación puede ser perfectamente compatible con las formas jurídicas de una democracia liberal y, sin embargo, producir un vaciamiento de la experiencia democrática. El problema entonces no es solamente el «iliberalismo» de los otros. Es también el adelgazamiento progresista de la política. Cuando la izquierda o el progresismo abandona el conflicto para instalarse en la administración virtuosa, deja un espacio disponible. Allí donde antes existía una disputa sobre el modelo de sociedad aparece una disputa sobre quién puede garantizar mejor el orden. Y cuando la política deja de producir horizontes colectivos, la seguridad puede ocupar ese lugar. El adversario ya no es quien piensa distinto, sino quien amenaza el funcionamiento del sistema.

Así, paradójicamente, dos discursos aparentemente opuestos pueden terminar compartiendo una misma reducción de la política. Uno administra demandas; el otro administra amenazas. Uno convierte al ciudadano en beneficiario; el otro lo convierte en sujeto potencialmente peligroso. Uno confía en la gestión; el otro en la autoridad. Ambos pueden terminar debilitando la escena donde las diferencias deberían aparecer como diferencias políticas y no inmediatamente como problemas técnicos o amenazas. De allí que la crítica al progresismo chileno no deba consistir en acusarlo simplemente de «iliberal». Esa acusación repetiría exactamente el problema que se pretende denunciar. La tarea es otra: mostrar cómo una determinada forma de progresismo puede contribuir, sin proponérselo, a las condiciones culturales e institucionales que después permiten la expansión de respuestas más autoritarias.

El punto ciego está en creer que la democracia se conserva únicamente defendiendo sus procedimientos. También hay que defender su capacidad de producir conflicto, imaginación y mundo común. Chile continúa siendo reconocido internacionalmente como una democracia libre, con altos niveles de derechos políticos y libertades civiles. Precisamente por eso no corresponde construir un relato de catástrofe institucional. La crítica debe ser más fina. El peligro no está necesariamente en una ruptura inmediata del régimen democrático, sino en una modificación gradual de las condiciones bajo las cuales la ciudadanía puede intervenir significativamente en la definición de lo común.

Quizás la pregunta decisiva no sea entonces quién es «iliberal». Quizás sea quién está adquiriendo la capacidad de decidir sin tener que aparecer políticamente como quien decide. Esa pregunta desplaza el debate desde las etiquetas hacia las estructuras. Obliga a mirar la relación entre legalidad y poder, entre capitalismo y democracia, entre administración y conflicto, entre élites interpretativas y ciudadanía. Y obliga también al progresismo a abandonar la comodidad de una crítica puramente reactiva.

Porque una democracia no se defiende solamente denunciando a quienes quieren limitarla. También se defiende evitando que la política se convierta en un procedimiento administrado desde arriba, donde las decisiones fundamentales llegan a la ciudadanía cuando ya han perdido su carácter de decisiones. Como quien invoca una señalética, la palabra «iliberal» puede servir para advertir. Pero no puede pensar por nosotros. Cuando una categoría comienza a funcionar como sello editorial, deja de iluminar aquello que pretende mostrar. Y cuando una palabra sustituye la investigación sobre las relaciones entre poder, capital, ley e instituciones, la crítica corre el riesgo de convertirse en aquello mismo que denuncia: una forma de administrar el campo político desde arriba. La tarea, si todavía quiere conservar una vocación democrática, no consiste en monopolizar el vocabulario de la democracia. Consiste en devolverle a la democracia su capacidad de incomodar.

Con todo, y a riesgo de supremacía moral, cabe advertir que la sugestiva tesis de una dictadura constitucional, al menos como latencia o iniciativa de la derecha radical, desliza una ilusión institucional que la acompaña: un impulso que es (o deviene) en fetiche jurídico vaciado desde el 4 de septiembre, cuando la Convención Constitucional selló la derrota de las fuerzas del cambio: aunque lo que aquí se afirma sea cierto, no hay política. La stasis, sin negar su tenacidad y evidencia, no debería ser solo una hermenéutica de la guerra sino también imaginación y pensamiento para reorganizar el pesimismo.

«Iliberal» nombra así una aporía: no simplemente aquello que se opone a la política liberal, sino aquello que vacía la política mientras conserva sus instituciones. Cuando el conflicto es reducido a amenaza, la deliberación a obediencia y la diferencia a seguridad, la política desaparece sin necesidad de ser abolida. Permanece su escenografía, pero se retira su posibilidad. Allí la excepción no destruye la democracia: la deja funcionando como fronda, mientras sustrae aquello que la hacía política: la incertidumbre del otro, el desacuerdo y la apertura del porvenir. Queda entonces, como resto y como tarea, aquello que Norbert Lechner supo nombrar antes que nadie: una imaginación que, en la zona cero de las izquierdas, siempre se construye a partir de una imposibilidad que no se puede naturalizar.

Dr. Mauro Salazar J. UFRO/Sapienza.