El neoliberalismo que conocimos durante las últimas cuatro décadas ha cesado. Ni continuidad, ni radicalización, pasaje a otra fase de acumulación de capital. Conviene nombrar con precisión, porque el diagnóstico errado autoriza respuestas erradas. La fase actual del capital es «anárquica» en sentido técnico, no metafórico. El término, recuperado aquí de la tradición Hayek-Rothbard que las nuevas derechas leen sin pudor académico, designa una operación específica: el mercado prescinde del Estado mediador, del parlamento deliberante, del partido articulado, del aparato pedagógico legitimador. Opera directamente, por velocidad, sin sintaxis. La política devino administración del flujo. Ya no condición de su legitimación.

Tres rasgos distinguen al neoliberalismo anárquico contemporáneo del neoliberalismo del siglo XX. Sin rodeos:

Primero: el neoliberalismo del siglo XX necesitaba «consenso» y «mediaciones». El de Reagan, Thatcher y Nakasone durante los ochenta, sus versiones posteriores en los noventa y primera década del 2000 (Clinton, Blair, Schröder, Jospin, y el aceleracionismo tecnocrático de la Concertación chilena), operó como dispositivo que exigía pedagogía pública sostenida. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las consultoras tecnocráticas, los partidos socialdemócratas reconvertidos, invirtieron tres décadas en fabricar el «consenso ideológico» del ajuste estructural, la apertura comercial, la flexibilización laboral. Cada medida exigía traducción técnica a lengua deliberativa, justificación racional sometida al escrutinio parlamentario. Y aunque sublimada, la gramática republicana era el medio mismo del régimen: leyes, debates, comisiones, informes, columnas. Lentitud constitutiva de la operación.

El consenso noventista chileno articuló un dispositivo donde la transición democrática operaba como «pacto de los silencios», donde las violencias materiales del modelo se traducían a «lengua técnica desafectada», donde los conflictos sociales se administraban en «mesas de diálogo» que neutralizaban su carga polémica. Costo simbólico, sí, pero también beneficio operativo: inscripción del orden mercantil bajo «apariencia deliberativa», naturalización del modelo bajo «lengua institucional», desactivación del antagonismo bajo forma de «gobernabilidad». Ese costo el régimen anterior lo asumía como condición de su propia legitimación. La fase anárquica actual no asume ninguno equivalente. Allí su novedad histórica más severa: prescinde del rodeo, ahorra la mediación, ejecuta sin disimulo.

Una matización imprescindible atraviesa este diagnóstico para no recaer en la nostalgia que el propio ensayo impugnará. Decir que el régimen anárquico vació la gramática republicana de su antiguo poder no equivale a conceder que esa gramática tuviera, en algún momento, el poder virtuoso que retrospectivamente se le atribuye. La gramática que la Concertación articuló durante veinte años no fue espacio de la política: fue «codificación policial» del consenso administrado. La pos-democracia consensual de los noventa fue ya, en su propio momento, dispositivo de neutralización del exceso democrático. No hubo una fase virtuosa de la deliberación. La nostalgia ilustrada por el «buen gobierno tecnocrático» operaba ya entonces como mecanismo desactivador del antagonismo. El régimen kastiano no es estricta ruptura con la Concertación: es su consecuencia material. Lo que ha cesado, en sentido estricto, no es la deliberación democrática perdida: es la «codificación policial» que durante treinta años traducía las violencias del modelo a lengua tecnocrática.

Segundo: el neoliberalismo anárquico contemporáneo prescinde de ese consenso. La nueva fase, visible desde la elección de Trump en noviembre de 2016 y consolidada por Bolsonaro, Milei, Meloni, Wilders, Kast (diciembre 2025), no busca convencer racionalmente. Opera por «facticidad». Hace primero, justifica después o no justifica nunca. La ortodoxia económica ya no se argumenta: se ejecuta. Cuando el ministro de Hacienda Jorge Quiroz anunció el 9 de marzo de 2026, dos días antes del cambio de mando, el recorte del 3% del presupuesto de todos los ministerios, la operación no fue debatida en el Parlamento, no fue justificada técnicamente, no fue negociada con las bancadas oficialistas. Se anunció. Milei opera idénticamente en Argentina con la «motosierra ritualizada». Meloni lo hace en Italia. El régimen ejecuta antes de hablar.

Tercero: el neoliberalismo anárquico opera bajo nueva «infraestructura comunicacional». La pedagogía pública republicana funcionaba en prensa escrita, radio razonada, televisión deliberativa, columna ilustrada, foro académico. La comunicación política contemporánea funciona en otra capa: redes sociales, posteos virales, fragmentos cortos, «hashtags afectivos». Cristián Valenzuela, jefe de la dirección de contenidos del segundo piso de La Moneda, articuló el 25 de marzo de 2026 un posteo institucional con la frase «Estado en quiebra» que motivó oficio de la Contraloría. La polémica subsiguiente no modificó la operación: Valenzuela conservó intactas sus atribuciones, el posteo cumplió su «función inscriptora» antes que la institución correctiva alcanzara a reaccionar, la frase quedó instalada en el sentido común mediático como diagnóstico. El régimen no busca convencer mediante argumentación: busca «inscribir mediante posteo». Aprovecha esa «asimetría temporal» sistemáticamente.

Hay que entender por qué esta mutación ocurre ahora. El diagnóstico exige articular dos órdenes de fenómenos que operan simultáneamente: la condición temporal del capital y la crisis cultural de las mediaciones democráticas.

El primer orden es estructural-económico. El capitalismo financiarizado contemporáneo opera a una velocidad que la deliberación democrática no puede acompañar. Un parlamento tarda meses en aprobar una ley; una orden algorítmica de mercado se ejecuta en milisegundos. Los flujos del capital configuran un «régimen temporal» incompatible con el de la democracia republicana. Paul Virilio nombró este fenómeno como «dromología», ciencia de la velocidad pura. Su tesis, formulada en 1977, sostenía que la aceleración planetaria produce una asimetría estructural entre el tiempo del capital y el de las instituciones políticas tradicionales. La fase actual le da plena razón empírica. El neoliberalismo anárquico no es voluntarismo ideológico: es adaptación funcional del régimen capitalista a su propia condición temporal.

El segundo orden es político-cultural. Opera aquí, además, una crisis de élites con sus relatorías transicionales agotadas: el ciclo concertacionista perdió hegemonía narrativa, sus mediadores envejecieron sin recambio simbólico, sus relatos legitimadores caducaron como dispositivos eficaces. La crisis de legitimidad de las democracias liberales tras 2008, profundizada por las protestas globales de 2011-2013 y reactivada por las revueltas de 2019, había abierto un escenario donde las antiguas mediaciones centristas perdieron capacidad articuladora. La izquierda postsocialdemócrata (Syriza, Podemos, los socialismos sudamericanos del primer ciclo bolivariano, el frenteamplismo chileno) intentó ocupar el vacío. La administración Boric (2022-2026) fue el último capítulo sudamericano de ese ensayo. Fracasó por exceso de respeto institucional. Gobernó bajo la ilusión progresista de que bastaba argumentar racionalmente para convencer, de que el lenguaje técnico desactivaría el conflicto, de que la inclusión jurídica reemplazaría la disputa material. El progresismo contemporáneo confunde aún forma con sustancia: cree que enunciar derechos equivale a garantizarlos, que producir ley es producir mundo. Ilusión escriturada de la república perdida. La ultraderecha tecnocrática ocupa precisamente el vacío que esa contención progresista dejó disponible. Opera a la velocidad nueva, sin escrúpulos gramaticales.

Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, defendió en distintas instancias judiciales al exgeneral Augusto Pinochet Ugarte. La operación es paradigmática del nuevo régimen: la «rehabilitación simbólica» del autoritarismo histórico se inscribe sin maquillaje, sin eufemismo, sin compensación retórica. El neoliberalismo chileno del siglo XX había necesitado cuidadosa elaboración eufemística para sostener su «componente pinochetista latente». La fase anárquica no lo necesita. Rabat es ministro sin que el régimen sienta la obligación de justificarse frente a las víctimas. Conviene precisar: aquí falta articular el componente racial-colonial constitutivo, la libidinalidad reaccionaria que moviliza demandas atávicas, la genealogía contrarrevolucionaria que conecta a Kast con Pinochet y a Pinochet con tradiciones autoritarias profundas. El régimen no se agota en dimensión económico-temporal.

El diagnóstico tiene consecuencias que conviene formular sin atenuantes. La oposición a un régimen anárquico no puede operar bajo los supuestos de la fase del siglo XX. No basta con argumentar mejor, escribir columnas más rigurosas, articular pronunciamientos académicos más fundamentados, denunciar éticamente las designaciones cuestionables. Estas operaciones, legítimas en sí mismas, suceden en una «capa temporal» y «capa comunicacional» que el régimen actual no comparte. Mientras la oposición chilena debate en comisiones el sentido del recorte, el recorte ya está vigente y el «sentido común afectivo» ya ha sido inscrito por posteo viral. La asimetría es estructural, no coyuntural. Aquí cabe formular la pregunta que la sociología politológica chilena ha evitado articular: ¿y esto es lo que nuestros analistas llaman en Chile «iliberalismo»? La etiqueta, importada del debate europeo poszimmermaniano, inscribe el régimen kastiano bajo categoría procedimental insuficiente. No hay aquí desviación liberal: hay mutación capitalista. Leer a Kast como simple iliberal procedimental conduce a exigir correcciones institucionales que el régimen no necesita conceder, y desactiva por anticipado la crítica que la situación exige. Cabe, sin embargo, una segunda interrogación: ¿no estará la operación crítica aquí desplegada desactivando su propio gesto al postular que la fase actual del capital opera «sin gramática», cuando toda política, incluso la más fáctica, opera bajo régimen significante? ¿No será que la cuestión no es facticidad sin gramática, sino desplazamiento de la gramática hacia operaciones performativas de nuevo tipo (posteo, fragmento, hashtag) que retornan como sombra de la política democrática? La pregunta debe quedar abierta. No clausura el diagnóstico, pero le impone vigilancia reflexiva: el régimen no carece de inscripción significante, ha desplazado su lugar. Y allí mismo se abre la posibilidad política: el posteo se inscribe, y porque se inscribe queda disponible para ser citado, impugnado, desplazado.

Desde esta vigilancia conviene formular la pregunta política. ¿Qué hacer entonces? No se resuelve aquí. Tres precauciones cuando menos.

Hay que decirlo claro: la oposición democrática no puede limitarse a defender la gramática republicana perdida bajo «nostalgia institucionalista». La gramática republicana ya no opera como dispositivo correctivo eficaz. La nostalgia ilustrada por el «buen gobierno tecnocrático» que la Concertación articuló durante veinte años funciona, en el escenario actual, como clausura anticipada de la pregunta sobre las formas inéditas que la crítica necesita inventar.

Pero tampoco basta con aceptar la nueva velocidad y operar bajo sus reglas. Cuando algunos sectores progresistas contemporáneos copian los métodos comunicacionales de la ultraderecha tecnocrática (posteo viral, fragmento afectivo, hashtag movilizador) reproducen la condición misma que pretenden impugnar. El mimetismo táctico ofrece visibilidad inmediata, sí, pero a costa de la posibilidad misma de articular un horizonte propio: la izquierda termina hablando la lengua del adversario y pierde la capacidad de nombrar diferencialmente lo que combate.

Y, lo que viene, si viene, tendrá que inventar otra cosa. «Inscripción material» de la disidencia donde la palabra ya no alcanza por velocidad estructural. Sostenimiento de presencia colectiva donde la sintaxis individual queda rebasada. Articulación de tiempos heterogéneos al tiempo del capital sin pretender competir con su velocidad acelerada. Recuperación reflexiva de la lentitud como operación crítica, no como nostalgia institucionalista. La fase anárquica vació la gramática republicana de su antiguo poder, pero no vació la posibilidad misma del pensamiento crítico. Solo desplazó el lugar desde donde este puede operar eficazmente.

El laboratorio chileno, con el gobierno de Kast como su versión sudamericana más nítida, ofrece a la teoría política contemporánea un material privilegiado. No por «excepcionalidad chilena», sino por intensidad local de un fenómeno planetario. Lo que se ensaya en Santiago bajo Kast se ensaya en Buenos Aires bajo Milei, en Roma bajo Meloni, en La Haya bajo Wilders, en Washington bajo Trump. El neoliberalismo anárquico es una fase global del capital, y no un anomalía nacional. El pensamiento crítico que viene tendrá que ser planetario y situado a la vez, lento y atento a la velocidad, articulado y consciente de los límites de la articulación.

Referencias

Virilio, P. (1977). Vitesse et politique. Essai de dromologie. París: Éditions Galilée. Edición castellana: Velocidad y política. Buenos Aires: La Marca Editora, 2007.

Hayek, F. A. (1944). The Road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press. Edición castellana: Camino de servidumbre. Madrid: Alianza Editorial, 2011.

Brown, W. (2019). In the Ruins of Neoliberalism. The Rise of Antidemocratic Politics in the West. Nueva York: Columbia University Press. Edición castellana: En las ruinas del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente. Barcelona: Tinta Limón / Traficantes de Sueños, 2021.

Dr. Mauro Salazar J. Universidad de La Frontera/Sapienza