Octubre de 2019 no produjo un sujeto político. Produjo, más bien, una acumulación alterada de gestos —la evasión masiva del torniquete, la caceroleada, el estandarte improvisado, el meme que circula antes de que nadie lo firme— que la crónica política, apurada por encontrarle un nombre a lo que estaba viendo, bautizó como «estallido social». Llamarlo estallido (aunque más alienta decir revuelta) presupone una acumulación de presión bajo una superficie lisa, un adentro contenido que finalmente revienta hacia afuera. Lo que en realidad emergió esos días fue otra cosa: un archipiélago de «tribus» y de grupos socializados en la gramáticas del mercado, que sin proponérselo como programa articularon una crítica radical a la modernización chilena y a los mitos del progreso, sin necesidad de apelar —y este es el punto que interesa sostener aquí— al mandato de ninguna hegemonía.

Conviene decirlo con cuidado, porque la tentación de leer octubre en clave hegemónica es fuerte y viene de lejos: la cadena de equivalencias que unifica demandas dispersas bajo un significante vacío, el pueblo que se constituye al nombrarse a sí mismo, la articulación que da forma política a lo que antes era mera yuxtaposición de quejas. Esa gramática explica muchas cosas, pero no explica bien lo que ocurrió en Chile, porque supone una voluntad de totalización —de conversión discursiva de la diferencia en unidad— que la revuelta chilena, en su textura más íntima, no tuvo. Lo que hubo fue más bien una hibridación: turba escolar y usuario de AFP, feminismo y barra brava, ecologismo y comerciante saqueado, todos compartiendo la calle sin compartir necesariamente un proyecto. No una síntesis, sino una coexistencia de fragmentos que se rozan sin fundirse. Las tribus no delegan su voz en un significante que las represente a todas; conviven, se contagian estéticamente, se prestan consignas, pero no se subsumen.

Renunciar al relato hegemónico no es un capricho teórico ni una manera elegante de evadir la pregunta por la política. Es, sobre todo, un modo de no violentar el material: forzar la multiplicidad de octubre dentro del molde de una articulación exitosa supone atribuir, después de los hechos, una coherencia que la experiencia vivida no tuvo mientras ocurría. Quienes salieron a la calle no se reconocían necesariamente en la misma lista de demandas ni compartían el mismo diagnóstico sobre sus causas que diera lugar a nosotros escindido; compartían, más bien, un estado de ánimo —la exasperación de la humillación, la sensación de que las reglas habían dejado de cumplirse, aunque siguieran vigentes— que circulaba de un grupo a otro sin necesitar traducción. Ese estado de ánimo no requería un centro que lo organizara ni un vocero que lo tradujera en programa: se propagaba lateralmente, como se propaga una consigna en una plataforma, por afinidad y por contagio, no por representación.

Vale la pena, de paso, tomar distancia de un cansancio comprensible: el que produce cierta lira de la emancipación por decreto, esa retórica de pueblos que se liberan de golpe, saturada de nostalgias remasterizadas sobre sujetos colectivos que se redimen a sí mismos por el solo hecho de salir a la calle. Con todo octubre es, probablemente, lo más significativo que Chile ha tenido en mucho tiempo para pensar su propio orden; pero también lo que más ha cedido a préstamos lingüísticos, narcisismos críticos —el intérprete que se reconoce, halagado, en la epopeya que describe— y abundantes agendas personales de instalación que danzan con astucia alrededor del acontecimiento, usándolo como escenario antes que pensándolo como problema. Reconocer ese desgaste retórico no es desactivar la pregunta política de octubre: es negarse a resolverla con el atajo lírico que primero aparece a mano.

Esa hibridación tiene una genealogía que no puede separarse de las décadas de socialización en el mercado que la precedieron. Chile no llegó a octubre como una sociedad esperando redimirse de una dominación externa: llegó como una sociedad que había interiorizado, en el gesto más cotidiano, la lógica de la elección, del endeudamiento, de la competencia entre iguales, del cálculo de costos y beneficios aplicado a la salud, a la vejez, a la educación de los hijos. Por eso la crítica que estalló en las plazas no fue, en sentido estricto, anti-mercado: fue una crítica formulada, muchas veces sin saberlo, con las herramientas conceptuales que el propio mercado había distribuido. Se protestaba por el abuso, no por el intercambio; por la trampa en las reglas, no por la existencia de las reglas. Ahí reside buena parte de la ambigüedad histórica de la revuelta, y también su interés: no fue el regreso de una comunidad perdida que el neoliberalismo había destruido, sino la insurgencia de sujetos ya enteramente moldeados por él, que le exigían al sistema cumplir su propia promesa de movilidad y dignidad. Los mitos del progreso —el «jaguar» sudamericano, el modelo, el ejemplo— no fueron derribados desde afuera; fueron desmentidos desde dentro, por quienes habían sido convocados a creer en ellos y descubrieron el desfase entre la promesa y la experiencia vivida.

Si se busca una respuesta a la velocidad con que esa socialización de mercado logró instalarse, conviene mirarla sin eufemismo en su origen: fue la eficiencia colosal y draconiana de la dictadura la que, en apenas ocho años, transformó la matriz societal de la vieja república en matriz neoliberal, cerrando de un solo movimiento el ciclo abierto por la regresión oligárquica que corre entre 1938 y 1970. Pocas veces un régimen ha sido, a la vez, tan exterminador en sus métodos y tan eficaz en su calendario institucional —desde la nueva Constitución hasta el sistema de pensiones—, y esa coincidencia no admite lectura idílica ni relato de modernización técnica: es la condición de posibilidad brutal, y precisa, de todo lo que octubre de 2019 tendría después que reconocer como su propio sentido común.

Dicho esto, y aunque la esfera neoliberal haya colonizado prácticamente todos los registros de la vida social chilena —el lenguaje de los derechos convertido en lenguaje de prestaciones, la ciudadanía convertida en cartera de clientes cautivos—, sería un error cerrar el juicio ahí y declarar que nada verdaderamente político tuvo lugar. Hubo demandas concretas —el fin del sistema de pensiones por capitalización individual, la educación pública desmercantilizada, la salud sin lista de espera infinita, una nueva Constitución— cuya significación histórica sigue, con toda razón, en discusión. No hay todavía manera de zanjar si esas demandas alcanzaron a constituir un nuevo horizonte de sentido para el país o si fueron absorbidas, reformateadas y devueltas al ruedo institucional bajo una forma irreconocible respecto de su impulso original. Los dos plebiscitos constitucionales, con resultados que se contradicen entre sí, son el síntoma más elocuente de esa indecisión histórica: la sociedad chilena votó dos veces sobre su propio octubre y ambas veces respondió cosas distintas. Cualquier texto honesto sobre la revuelta debe sostener esa apertura y resistir la tentación de convertirla, retroactivamente, en el capítulo inaugural de una épica redentora o en la prueba definitiva de su propio fracaso. Todo esto se inscribe, en definitiva, al interior de problemas vivos: no hay para ellos última palabra disponible, y es justamente esa ausencia de cierre la que vuelve interesante a 2019. Pero esa apertura no debe convertirse en coartada para eludir el juicio, ni —mucho menos— en la ingenuidad de naturalizar el neoliberalismo hasta el punto de negarle a la revuelta su condición política.

Y es aquí donde conviene alejarse, con la misma firmeza, de la tesis de las vanguardias y de los pueblos redentores. No hubo una minoría iluminada que condujera a las masas hacia la conciencia de su propia opresión, ni una multitud que encarnara, de manera espontánea y pura, la verdad reprimida de la nación. Conviene, de hecho, descartar dos salidas igualmente perezosas: ni la anomia —que reduce octubre a mero ruido social sin politicidad propia— ni el pueblo redentor —que lo eleva a epopeya emancipatoria sin fisuras— alcanzan a dar cuenta de lo ocurrido; ambas son formas de cerrar, por la vía rápida, una pregunta que conviene mantener abierta. Negar esa épica no equivale a vaciar de sentido político la revuelta ni sus demandas: equivale, más bien, a describir con precisión el tipo de experiencia que la hizo posible, una experiencia que ya respondía —y esto la distingue de las revueltas anteriores en la historia chilena— al ecosistema algorítmico que organiza hoy la circulación de lo visible. La convocatoria a la plaza, la viralización de la imagen, la competencia por el clip que resume la jornada, la performatividad de las banderas y las lentejuelas verdes: todo eso no fue un ropaje externo sobrepuesto a una demanda que existía antes y aparte, sino la condición misma de posibilidad de su aparición pública. La revuelta se experimentó, se editó y se replicó según los mismos criterios de atención que rigen cualquier otro contenido en las plataformas, y esa mediación no resta politicidad a las demandas: simplemente indica que su politicidad ya nació entrelazada con la lógica del feed, del trending topic, de la viralidad como forma de existencia social.

La postdictadura chilena no cerró ese ciclo inaugurado en 1973: lo administró. Durante tres décadas ha operado como el brazo activo de preservación y de perpetuación regenerativa de esa transición epocal a los mercados, reproduciéndola en modulaciones cada vez más exacerbadas bajo gobiernos de signos distintos entre sí. Es en esa continuidad administrada —más que en la revuelta misma— donde hay que ir a buscar la Kastización: no como una ruptura del ciclo neoliberal, sino como una de sus modulaciones más agraviantes, la que mejor ha sabido capturar al sujeto refractario que la propia revuelta produjo bajo la forma del rechazo y los derechos sociales.

Esa morfología —hibridación de demandas, coexistencia de tribus sin proyecto común, mediación algorítmica de la experiencia— es también la que permite entender, sin escándalo ni sorpresa retrospectiva, que la revuelta contenga en su propia estructura la posibilidad de José Antonio Kast. No porque la derecha nacional-populista haya sido su desenlace lógico ni su traición necesaria, sino porque en la morfología de octubre la pregunta por lo común quedó sistemáticamente reemplazada por una hibridación de demandas y por lo que podría llamarse una cultura del rechazo: un repertorio afectivo de indignación difusa, de desconfianza generalizada hacia toda mediación institucional —partidos, iglesias, medios, la propia Convención—, que no requiere un contenido positivo compartido para reproducirse. Esa cultura del rechazo, que en 2019 se dirigió contra el orden establecido, es exactamente la misma estructura afectiva que unos años después pudo recibir un contenido opuesto y dirigirse contra el proceso constituyente, contra el «elitismo» del cambio, contra la clase política en bloque —incluida la que había prometido representar a octubre. El vacío de lo común no fue ocupado por una síntesis progresista porque nunca hubo, estructuralmente, un lugar diseñado para esa síntesis: había, en cambio, un dispositivo de rechazo disponible para cualquier significante que supiera capturarlo. Decir que la revuelta «implica» (presupone) a Kast no es decir que lo produjo ni que lo justifica: es decir que ambos comparten la misma gramática de fragmentación y de desconfianza radical, la misma economía afectiva del hartazgo, subjetividades coléricas), sin que uno sea el reverso moral necesario del otro. Dicho de otro modo: no hace falta imaginar una conversión ideológica de octubre en su contrario para explicar lo que vino después; basta con reconocer que la forma —la hibridación sin síntesis, el rechazo como lengua franca— sobrevivió a los contenidos que la habitaron primero, y que esa forma vacía estaba disponible para cualquiera que supiera nombrarla de nuevo.

Hay una manera de leer este entrelazamiento de crítica y regeneración del orden que remite, aunque sea de manera oblicua, a algo que Michel Foucault dejó entrever en sus análisis sobre la racionalidad neoliberal: la idea de que el mercado no funciona simplemente reprimiendo la crítica que se le dirige, sino administrándola, convirtiéndola en información, en ajuste, en nueva oportunidad de intervención sobre la conducta de los sujetos. Bajo esa lectura, la reivindicación —incluso la más furiosa, incluso la que se cree anti-sistémica— puede operar como el combustible mismo de la regeneración de los mercados que impugna: cada demanda de justicia se traduce en nuevo segmento a administrar, nuevo indicador a corregir, nueva promesa de eficiencia. No se trata de una conspiración ni de un plan maestro, sino de una racionalidad de gobierno que metaboliza la impugnación como parte de su propio funcionamiento.

Queda entonces un texto abierto, un archivo sin cierre. La revuelta chilena de 2019 no fue la irrupción de un pueblo redimido ni la comparsa dócil de una hegemonía neoliberal sin fisuras; fue la superficie visible —agitada, algorítmica, tribal— de una sociedad que había aprendido a hablar el idioma del mercado incluso para denunciarlo, y que en esa misma operación dejó abierta, sin resolverla, la pregunta por lo que, más allá del rechazo compartido, podría llegar a ser común.

Cualquier clausura apresurada de ese archivo, ya sea para celebrarlo como epopeya, ya sea para descartarlo como ingenuidad rápidamente corregida por la historia, traiciona lo más valioso que octubre dejó: la evidencia, incómoda y todavía sin traducción definitiva, de que un orden puede ser impugnado desde dentro de su propio lenguaje sin que eso alcance, todavía, a nombrar lo que vendrá después.

Dr. Mauro Salazar J. Ufro/Sapienza.