La llegada de Bernardo Fontaine a la presidencia del directorio de Codelco no puede ser comprendida únicamente como un relevo administrativo ni como la incorporación de un economista de orientación liberal a la conducción de una empresa estatal. Su llegada expresa algo más profundo: la instalación, en el corazón de la principal empresa pública de Chile, de una racionalidad que pretende presentarse como situada más allá de la ideología. Seguridad, eficiencia, productividad, disciplina financiera, transparencia, reducción de costos, revisión de inversiones, evaluación de activos y alianzas público-privadas aparecen como categorías técnicas, casi desprovistas de conflicto político. Justamente allí reside el problema. Cuando una determinada racionalidad, herencia agudizada de nuestra modernización terciaria, logra presentarse como simple administración de hechos objetivos y la ideología no desaparece: cambia de estatuto. El lenguaje aparentemente neutral de la gestión funcionaría como soporte ideológico del capital.
La novedad de la derecha radical reside precisamente en administrar la «ideología»: no pretende simplemente imponer una ideología alternativa, sino gobernar el momento en que esta parece haber desaparecido: la ideología funciona precisamente cuando no necesitamos creer en ella. En este desplazamiento, cabe nombrar las múltiples acepciones del concepto desarrolladas por Terry Eagleton, como sistema de ideas, falsa conciencia, legitimación del poder, producción de significados, cierre semiótico, naturalización de las relaciones sociales o articulación entre discurso y poder, resultan indispensables, pero insuficientes. La derecha aprende a operar sobre el intervalo que las separa: ya no necesita producir una doctrina coherente, porque gestiona signos, afectos, percepciones, datos y narrativas como recursos estratégicos. Su eficacia reside en convertir intereses particulares en evidencias aparentemente neutrales, mientras la inteligencia organizada produce una realidad que se presenta como espontánea.
Este desplazamiento permite comprender de otra manera el programa de Fontaine en Codelco. El presidente del directorio ha planteado como prioridades la recuperación de la productividad, el control de costos, la sostenibilidad financiera, la generación de mayores excedentes para el Estado y una revisión de la cartera de inversiones. También ha defendido una ampliación de las alianzas público-privadas y una evaluación de activos y proyectos. El lenguaje es deliberadamente sobrio. No habla de una transformación ideológica de Codelco, sino de una «recuperación»; no presenta las asociaciones con capital privado como privatización, sino como instrumentos de crecimiento; no formula una disputa sobre el papel histórico de la empresa estatal, sino una discusión sobre financiamiento, eficiencia y capacidad de ejecución. Pero ninguna de esas categorías es políticamente neutra. Decidir qué inversión es «rentable», qué activo es «estratégico», qué proyecto debe continuar, qué costo es excesivo o qué asociación es conveniente supone previamente una definición de aquello que debe ser considerado valor. La administración no llega después de la política: produce una determinada forma de política bajo el aspecto de administración.
Por eso resulta insuficiente preguntar si Fontaine pretende privatizar Codelco. Él mismo ha señalado que la privatización no forma parte de sus planes. La pregunta relevante es otra: ¿qué sucede cuando una empresa permanece formalmente estatal, pero sus criterios de decisión comienzan a organizarse cada vez más mediante categorías provenientes de la racionalidad financiera y empresarial? La propiedad jurídica -nuevamente- puede permanecer intacta mientras se transforma la arquitectura efectiva de las decisiones. El problema, entonces, no es solamente quién posee Codelco, sino quién define su horizonte estratégico, quién establece sus métricas de éxito y qué formas de conocimiento adquieren autoridad para decidir su futuro. La empresa contiene una memoria técnica y organizacional que no puede reducirse a sus activos contables. Sus trabajadores, especialistas, comunidades técnicas y estructuras institucionales constituyen una forma de inteligencia organizada cuya existencia excede ampliamente la figura jurídica de la empresa.
La cuestión adquiere mayor densidad cuando se observa la retórica de la crisis. Los argumentos sobre endeudamiento, costos, productividad y caída de excedentes son reales y no pueden ser simplemente descartados. Codelco enfrenta problemas operacionales, proyectos de gran escala, una elevada carga de inversión y dificultades productivas que requieren decisiones. Pero una crítica rigurosa debe resistir la tentación de convertir esos problemas en una narrativa totalizante según la cual todo el ciclo anterior sería simplemente incompetencia y el nuevo ciclo representaría la llegada de una racionalidad puramente técnica. Una empresa minera de la escala de Codelco no puede ser evaluada exclusivamente por la fotografía de un balance. Sus inversiones tienen temporalidades extensas, sus proyectos enfrentan riesgos geológicos y productivos, y su función económica no se agota en la utilidad anual.
El peligro de la racionalidad técnica aparece justamente cuando transforma una interpretación particular de estos problemas en una evidencia natural. «Hay que reducir costos»; «hay que priorizar inversiones»; «hay que asociarse con privados»; «hay que vender activos no estratégicos». Cada afirmación puede ser razonable en determinadas circunstancias. Lo decisivo es preguntar quién define esos criterios y qué queda fuera de ellos. La ideología contemporánea no necesita mentir sobre los hechos. Puede operar seleccionando qué hechos cuentan, qué indicadores adquieren centralidad y qué dimensiones de la realidad son expulsadas del campo de visión.
Aquí aparece la relación entre ideología y producción de realidad. La operación ideológica alcanza su máxima potencia cuando el poder logra desaparecer de la escena y deja en su lugar una multitud de voces aparentemente autónomas. Allí donde todos parecen hablar por sí mismos funciona una maquinaria que nadie quiere mirar: «influencers», cuentas anónimas, fundaciones, consultoras, operadores digitales, expertos, plataformas y redes de circulación de contenidos. El mensaje aparece separado de las condiciones materiales que hicieron posible su circulación. La opinión parece espontánea, cuando puede encontrarse atravesada por financiamientos, segmentaciones, estrategias comunicacionales y formas sofisticadas de intervención.
El reportaje publicado por Reportea introduce precisamente este problema al documentar que la Fundación Ciudadanos en Acción, vinculada a Fontaine, recibió más de $1.900 millones en donaciones e ingresos entre 2015 y 2024, incluidos recursos provenientes del extranjero, y al investigar su relación con campañas digitales, influencers y operadores de redes sociales. Estos antecedentes no permiten establecer automáticamente una continuidad entre esas actividades y la conducción actual de Codelco, ni autorizan por sí mismos imputaciones penales. Pero sí permiten formular una pregunta política de enorme relevancia: ¿qué significa para la esfera pública que actores vinculados a la conducción económica del Estado hayan participado previamente en dispositivos organizados de producción y circulación de opinión?
El problema no es solamente el dinero. El problema es su transformación en capacidad de producir realidad. Manipular un mercado de las percepciones supone confundir deliberadamente «opinión» y «propaganda», «libertad» y «capacidad de compra», «ciudadanía» y «audiencia». Una publicación puede parecer una opinión individual y funcionar como pieza de una arquitectura comunicacional. Un influencer puede aparecer como voz autónoma y participar, consciente o inconscientemente, de una operación de legitimación. Una fundación puede presentarse como espacio ciudadano y formar parte de una red más amplia de producción de sentido. La obscenidad del dispositivo no reside únicamente en que alguien pague por comunicar, sino en que las condiciones materiales del mensaje desaparezcan detrás de la apariencia de espontaneidad.
Aquí la inteligencia organizada adquiere un papel decisivo. La inteligencia no es simplemente una propiedad individual. Se encuentra distribuida entre instituciones, trabajadores, tecnologías, bases de datos, expertos, algoritmos, lenguajes y comunidades. El capitalismo contemporáneo ha aprendido a capturar esa capacidad colectiva, convertirla en organización y ponerla al servicio de objetivos particulares. La apropiación ya no consiste solamente en comprar fuerza de trabajo o materias primas. Consiste también en capturar capacidades de interpretación, anticipación, comunicación y coordinación.
Tal transformación permite comprender la dimensión contemporánea de la ideología. La vieja representación de la ideología como conjunto de representaciones opacas resulta insuficiente para comprender un escenario donde las ideas pueden ser técnicamente verdaderas y, sin embargo, encontrarse insertas en dispositivos de producción de realidad. El problema ya no es solamente si una afirmación es ideológica en una clave moderna, sino quién dispone de la capacidad para hacerla circular, qué afectos organiza, qué percepciones modifica, qué acontecimientos vuelve visibles y cuáles consigue mantener fuera del campo de atención.
La derecha comprende bien la mutación del capital: no hay querellas normativas. Su fuerza no proviene necesariamente de haber construido una gran doctrina coherente, sino de haber aprendido a administrar fragmentos: inseguridad, inflación, migración, orden, productividad, mérito, emprendimiento, eficiencia, corrupción, miedo, cansancio. Cada fragmento puede ser movilizado como una evidencia inmediata. La política deja de parecer una disputa por proyectos históricos y se convierte en una sucesión de problemas urgentes que requieren «gestión». El gobierno aparece entonces como una administración de inevitabilidades.
Es aquí donde la razón cínica adquiere relevancia. Ya no resulta necesario que los sujetos crean completamente en aquello que dicen. Basta con que continúen actuando dentro del dispositivo. Se puede saber que las redes sociales están atravesadas por intereses económicos y seguir hablando de «opinión ciudadana». Se puede conocer la existencia de financiamientos políticos y continuar describiendo determinados discursos como espontáneos. Se puede reconocer que el mercado no es neutral y, simultáneamente, presentar sus resultados como expresión objetiva de eficiencia. La contradicción deja de ser un obstáculo y se convierte en parte del funcionamiento normal del sistema.
En Codelco esta lógica puede adquirir una forma particularmente sofisticada. La empresa estatal puede conservar su propiedad pública mientras se produce una transformación gradual de los criterios que determinan su funcionamiento. La asociación público-privada puede ser presentada como mecanismo puramente financiero; la venta de activos, como simple racionalización patrimonial; la reducción de costos, como necesidad operacional; la reorganización de proyectos, como ejercicio técnico. Pero detrás de cada una de estas operaciones existe una disputa acerca del sentido de lo público.
La pregunta no es si Codelco debe ser eficiente. Naturalmente debe serlo. La pregunta es qué entendemos por «eficiencia» cuando hablamos de una empresa cuya función histórica excede la generación inmediata de utilidades. ¿Eficiencia para quién? ¿En qué temporalidad? ¿Con qué costos sociales? ¿Con qué pérdida o conservación de conocimiento? ¿Qué ocurre con la inteligencia laboral acumulada? ¿Qué conocimientos se internalizan y cuáles se externalizan? ¿Qué capacidades estratégicas permanecen dentro del Estado y cuáles comienzan a depender de actores privados?
Estas preguntas devuelven la política al interior de aquello que la post-ideología pretende presentar como neutral.
La verdadera disputa, entonces, no está solamente en el balance financiero de Codelco. Está en la producción del sentido mediante el cual ese balance será interpretado. Quien controla las categorías con las cuales una institución se piensa a sí misma posee una parte sustantiva de su poder. Si Codelco comienza a verse exclusivamente como un conjunto de activos, proyectos, pasivos, costos y oportunidades de asociación, se habrá producido una transformación mucho más profunda que cualquier modificación jurídica de su propiedad.
Por eso la pregunta crítica frente a Fontaine no debería limitarse a establecer si sus decisiones son «buenas» o «malas» para Codelco. Debe preguntar qué régimen de realidad comienza a instalarse mediante esas decisiones. ¿Qué significa «recuperar» una empresa? ¿Qué se recupera: productividad, rentabilidad, control estatal, capacidad estratégica o confianza de los mercados? ¿Qué significa «eficiencia»? ¿Qué actores tienen derecho a definirla? ¿Qué significa «alianza» cuando uno de los socios posee capital y el otro concentra conocimiento estratégico? ¿Y qué ocurre cuando quienes administran la empresa participan simultáneamente, o han participado, en redes capaces de organizar las percepciones mediante las cuales la sociedad interpreta esas mismas decisiones?
La derecha ha aprendido que no necesita conquistar el campo ideológico mediante sistemas doctrinarios. Le basta con administrar las condiciones materiales de producción de sentido. El poder ya no tiene que decir «yo soy el poder». Puede desaparecer detrás del lenguaje de la eficiencia, detrás del experto, detrás del dato, detrás del influencer, detrás del algoritmo, detrás de la supuesta espontaneidad de la opinión pública. La operación es más eficaz precisamente porque nadie parece estar imponiendo nada: simplemente «los mercados exigen», «los números muestran», «los expertos recomiendan», «los ciudadanos opinan». La autoridad política se disuelve en una cadena de supuestas evidencias objetivas.
Codelco puede seguir siendo estatal y, sin embargo, ser progresivamente imaginada desde una gramática en la que lo privado aparece como sinónimo de eficiencia, la rentabilidad como medida superior del valor y la asociación con capitales privados como horizonte casi inevitable. El desplazamiento decisivo no ocurre entonces en el registro jurídico de la propiedad, sino en el régimen de inteligibilidad que define qué puede ser pensado, discutido y finalmente decidido. La crítica debe ir todavía más lejos. Si la política compra eficiencia, influencia, expertos, operadores y capacidad comunicacional, entonces ya no estamos frente a una simple disputa entre posiciones ideológicas. Estamos frente a una desigualdad en la capacidad de producir realidad. Quien dispone de más recursos puede comprar no sólo publicidad, sino atención; no sólo atención, sino interpretación; no sólo interpretación, sino legitimidad. Y cuando esa capacidad se articula con redes digitales capaces de multiplicar voces aparentemente autónomas, el capital deja de limitarse a financiar la política: comienza a intervenir en las condiciones mismas bajo las cuales la sociedad distingue entre verdad y opinión, espontaneidad y propaganda, ciudadanía y audiencia.
Decir que la derecha ha «superado la ideología» constituye, quizás, su operación ideológica más eficaz: aquella que consigue borrar las huellas de su propia inscripción política. El «esto no es político, es técnico» funciona como una pequeña máquina de neutralización: desactiva el conflicto, clausura la pregunta por los intereses y convierte una decisión histórica en una evidencia administrativa. El problema no consiste en la post-ideología, sino en convertir lo privado en el único horizonte posible de inteligibilidad. Una vez que la eficiencia se convierte en criterio supremo.
Ese sería probablemente el núcleo de la crítica: el capital no necesita apropiarse jurídicamente de Codelco para modificar su lógica. Le basta con convertirse en el horizonte implícito desde el cual se define qué significa que Codelco «funcione bien».
Referencia bibliográfica:
Eagleton, Terry. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991. 242 pp. ISBN 0-86091-538-7.
Sloterdijk, P. (1988). Critique of cynical reason (M. Eldred, Trans.). Verso. (Trabajo original publicado en 1983).
Dr. Mauro Salazar J. UFRO-Sapienza
Ficción de la razón 