Traducción de Vicente Montenegro Bralic (colaboró en la revisión: Isaac Hernández).

En un momento en el que ningún proyecto de reforma ha sido aun publicado, ningún documento sometido a análisis, ninguna negociación oficialmente iniciada, indicaciones fragmentarias han sido de un tiempo a otro liberadas a la prensa. Ellas conciernen solamente los principios rectores de una “ley de orientación del sistema educativo”. Estos principios parecen estar ya definidos. Se conocía así, en sus grandes líneas formales, la organización general de la enseñanza primaria y secundaria. Fue el tema de aquello que el ministro llamaba el primer “paquete”[1]. Abandonada a comisiones de las que no se sabía cómo serían constituidas, más precisamente designadas, la definición de los contenidos de enseñanza fue brutalmente disociada y subordinada. Ella deberá seguir: en un tercer “paquete”, se dice nuevamente, “actualizado y adaptado”. Todo ocurre como si se hubiera querido sustraer el proyecto de un auténtico examen –sistemático y crítico– y desmovilizar, por astucias de procedimiento, una oposición de la que se tienen buenas razones para temer. Los modos de elaboración (o de improvisación), de publicación (o de ocultación) de un proyecto así de serio convocarían ya, por sí solos, a un análisis vigilante.