Cuando el Presidente José Antonio Kast dijo que las investigaciones financiadas con fondos públicos terminaban en «libros preciosos, empastados, en la biblioteca», no cometió un desliz sino que realizó una declaración espartana contra el campo crítico. La frase no fue un infortunio medial sino su programa político explícito. Reveló, desde una tosquedad deliberada, el desprecio profundo por el conocimiento desinteresado, por la investigación que se niega a ser productiva en términos de ganancia, por todo aquello que no se pueda convertir inmediatamente en números, en empleos, en plusvalía extractible. Pero lo que José Antonio Kast dijo sin saberlo es esto: existe algo que el poder político no puede comprar, que no puede reducir a mercancía, que no puede traducir en la gramática del capitalismo cognitivo. Y eso lo asusta. Porque un libro precioso, empastado, en una biblioteca pública, es un síntoma de lo inapropiable. El líder de Republicano entiende perfectamente eso. Por eso lo ataca. Porque sabe que esos libros contienen preguntas que amenazan el orden existente, que contienen herramientas de pensamiento que pueden ser usadas para imaginar lo diferente. Porque comprende que la investigación humanista, la ciencia básica, la teoría crítica, son precisamente los lugares donde germina la posibilidad de cuestionar.

La lectura correcta del primer mandatario es, entonces, una lectura contrapuesta. Lo que él llama «pérdida» es precisamente lo que debe ser valorado. El Estado lleva años financiando investigación en humanidades, en ciencias básicas, en territorios del conocimiento que no producen retorno inmediato medible en cifras de empleo. Y eso es exactamente lo correcto, lo que justifica cualquier gasto público. El Presidente lo percibe claramente: «¿Cuántos trabajos generó?» pregunta, como si la única medida válida de cualquier actividad humana fuera la cantidad de empleados que genera, como si la vida humana fuera mero instrumento de producción. Esa pregunta contiene toda una filosofía política cristalizada. Una filosofía donde la vida humana es reducida a su capacidad productiva, donde el pensamiento es válido solo si vende, donde la cultura es un lujo que las naciones desarrolladas pueden permitirse pero que Chile debe sacrificar en el altar de la «eficiencia» empresarial. Es una filosofía donde el libro no importa si no genera empleo. Donde la verdad no interesa si no produce ganancia. Donde el pensamiento crítico es un desperdicio presupuestario.

En mayo de 2026, apenas dos meses en el poder, el gobierno Kast descontinuó once programas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Entre ellos, el Iniciativa Milenio, que durante años había financiado centros de excelencia académica en universidades chilenas. La cifra es brutal: 205 millones de dólares suprimidos de un golpe. Suspendió las becas de maestría y postdoctorado en el extranjero para nuevos investigadores. Redujo el presupuesto total del ministerio de Ciencia en 3 por ciento en un contexto donde la investigación ya era crónicamente subfinanciada. Estas no son decisiones económicas racionales. Son decisiones políticas sobre qué tipo de país se quiere construir, sobre quiénes tienen derecho a pensar, a investigar, a producir conocimiento. Son decisiones sobre si Chile seguirá siendo un país que aspira a la complejidad intelectual o si se resignará a ser un país de ejecutores, de aplicadores, de consumidores de tecnología diseñada en otros lados.

Pero la ironía política está en otro lugar, más profundo. Kast luego se retractó parcialmente, diciendo que «quizás la frase uno la podría modificar» y que «la ciencia es fundamental» para el desarrollo del país. Esa retractación incómoda es más reveladora que el ataque original. Revela que el Presidente comprende perfectamente que sus palabras sonaban incultas, que tocaban un nervio histórico que conecta directamente con la represión intelectual sistemática, con las épocas donde el poder político destruía libros y universidades, con los momentos oscuros de nuestra historia. Lo que hace entonces es reconfigurar el mensaje mientras mantiene la acción: preserva el contenido, la reducción del presupuesto, la discontinuación de programas de excelencia, la prioridad radical del sector privado, pero cambia completamente la retórica. Dice que la ciencia es importante, pero la estructura de su gobierno demuestra que solo cierta ciencia importa: la que produce ganancias inmediatas, la que puede ser patentada y vendida, la que sirve inmediatamente a empresas. Es la técnica clásica del poder: cambiar el discurso mientras mantiene la política intacta.

Las sociedades científicas respondieron masivamente. Más de treinta organizaciones académicas publicaron una carta abierta defendiendo la investigación científica como bien público. José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas, señaló que la investigación «no es un lujo» sino una condición fundamental para que profesores estén en la «frontera del conocimiento». El exministro Flavio Salazar escribió que las naciones desarrolladas comprendieron hace décadas que la ciencia es una «inversión estratégica» de largo plazo. Pero la respuesta institucional resultó ser papel mojado. El gobierno no cambió sus decisiones fundamentales. Solo cambió su lenguaje público. Y eso es lo más peligroso en la política contemporánea. Porque permite que la represión continúe bajo la apariencia benévola de apoyo, que los recortes prosigan mientras se proclama el valor de la ciencia, que la privatización del conocimiento avance mientras se habla de su importancia estratégica.

Pero cómo opera este cambio de lenguaje es tan importante como el cambio mismo. Kast produce significantes: «eficiencia», «prioridades», «objetividad». Estos significantes flotan sin significado fijo, pero operan con poder performativo absoluto. Capturan el deseo del investigador: ‘si quieres financiamiento, debes reconocer estas prioridades como verdaderas’. No hay explicitación de lo que significan realmente. No hay declaración de que «eficiencia» quiere decir «rentabilidad». No hay admisión de que «objetividad» significa «alineación con nuestro orden». Los significantes permanecen vacíos, flotando, imposibles de cuestionar porque ningún significado fijo puede ser atacado. Es la operación más sofisticada del poder: no dominar mediante definición clara sino mediante términos que rehúsan definirse. El investigador se encuentra capturado en una cadena que aparenta ser neutral pero que funciona como máquina de captura del deseo. Quieres ser financiado, entonces debes entrar al juego del lenguaje que el gobierno ha impuesto. Debes hablar en términos de «prioridades» sin preguntar quién las estableció. Debes aceptar «objetividad» como valor supremo sin examinar cuya objetividad es. Esta es la estructura profunda de la represión contemporánea: no prohibición explícita sino captura mediante términos vacíos.

Pero el mecanismo de represión es aún más sofisticado. No opera solo por eliminación presupuestaria explícita. Opera también mediante la «invisibilidad administrativa». En el FONDECYT de Postdoctorado 2027, las desigualdades sociales, las migraciones, el envejecimiento, los cuidados, el género, las familias, la pobreza, el racismo, los pueblos indígenas, la cultura, la memoria, los derechos humanos, la democracia, la cohesión social, los movimientos sociales, la participación política no tienen «lugar visible» en las prioridades de financiamiento. Tampoco la investigación teórica. Tampoco las preguntas que buscan comprender, más que intervenir, las transformaciones de la vida social. Nada queda formalmente excluido del concurso. La represión opera en el silencio, en la no-mención, en la invisibilidad como política. Si hasta un 70% de las adjudicaciones puede concentrarse en áreas que apenas reconocen estos temas, entonces la ciencia social crítica no compite en igualdad de condiciones. Pero no porque sea explícitamente prohibida. Porque ha sido redefinida como «no prioritaria», como «no alineada con los desafíos del país». Como si la desigualdad, la memoria, la democracia no fueran desafíos. Como si comprender la vida social fuera lujo epistemológico prescindible. La calidad científica sigue siendo evaluada. Pero ya no es el «único antecedente» considerado. Se ha introducido un nuevo antecedente: la «alineación con prioridades». ¿Cuáles prioridades? Las decididas administrativamente, sin deliberación científica comunitaria. Esto es: hegemonía ejercida como tecnocracia. La ciencia social crítica no es atacada. Es simplemente no financiada. No nombrada.

Lo que aquí se identifica es, entonces, el mecanismo central de la represión contemporánea: la normalización mediante la clasificación administrativa. Cuando el gobierno redefinió la investigación social como «no prioritaria», cristalizó el poder en una estructura de clasificación. Las ciencias sociales críticas fueron reclasificadas como anomalía estadística. Y la tecnocracia, esa máquina neutral que aparenta solo «evaluar», ejecuta la represión sin responsable visible. El 70% de adjudicaciones concentradas en áreas que apenas reconocen el conflicto social es exactamente petrificación: la desigualdad se vuelve «naturaleza de las cosas». El algoritmo administrativo no inventa discriminación. Reproduce la estructura existente como si fuera objetividad. Eso es poder normalizado. Lo sofisticado de esta operación es que José Antonio Kast está diciendo implícitamente «corten ciencias sociales». Porque la explicitación permitiría resistencia política visible. En cambio, la invisibilidad administrativa, la simple no-mención de lo crítico como prioridad, disuelve la responsabilidad política en procedimientos técnicos. «Las prioridades fueron decididas por expertos». «La evaluación fue objetiva». La culpa desaparece en la máquina. Pero hay algo que debería profundizarse: cómo esta normalización reproduce, internacionalmente, la lógica del capital cognitivo global. Chile no inventa esto. Importa el modelo de extractivismo epistémico donde solo ciertas formas de conocimiento son financiables porque solo ellas producen valor de mercado. La invisibilidad administrativa es la forma que toma ese extractivismo en la periferia: no requiere violencia explícita. Le basta clasificar, medir, hacer invisible mediante datos.

Pero la elección de qué investigación se financia revela la operación con claridad brutal. La elección de narcotráfico, justicia, ciberseguridad, gestión del riesgo, credenciales de crédito y crimen organizado como «prioridades» del FONDECYT no es accidental. Estos son temas que reproducen la estructura existente en lugar de cuestionarla. Son áreas donde el conocimiento es inmediatamente operacionalizable para el poder de Estado. Cuando se financia investigación sobre narcotráfico, se produce conocimiento para persecución, para vigilancia, para clasificación de poblaciones criminales. No se financia investigación que cuestione por qué existen economías paralelas, por qué las drogas son mercancía, por qué el narcotráfico es síntoma de desigualdad estructural. La ciberseguridad produce datos sobre vulnerabilidades que pueden ser usados para control y monitoreo. Justicia y gestión del riesgo producen categorías administrativas que normalizan la represión como procedimiento técnico. Todos estos son temas donde el conocimiento es capturado inmediatamente por la máquina estatal. Son temas donde la investigación no puede escapar de ser instrumentalizada. Por eso son elegidos. No porque sean «relevantes» sino porque son seguros: son investigación que refuerza el orden existente, que lo consolida mediante clasificación estadística, que convierte lo político en problema técnico-administrativo. El conocimiento capturado antes de poder cuestionar es el conocimiento que el poder puede tolerar indefinidamente.

Cuando el mandatario menciona que «la única manera que podrían mejorar los recursos destinados a ciencia es a través de una mayor participación del sector privado», lo que dice es algo muy preciso: que la investigación sea financiada exclusivamente por quien la pueda rentabilizar. Que la salud sea investigada solo si genera productos farmacéuticos vendibles. Que la educación sea estudiada solo si permite vender servicios educativos. Que la tecnología sea desarrollada solo si hay beneficios privados accionables inmediatos. Eso es el programa completo que está detrás de todas sus decisiones: la conversión total del conocimiento en mercancía, la privatización radical del saber. El conocimiento ya no es un bien público. Es un activo financiero. Y aquellos que no pueden pagarle acceso quedan sistemáticamente afuera de la posibilidad de crear.

Y sin embargo existe algo que estos libros «preciosos» guardan y que el mercado nunca podrá absorber. Existe algo que la máquina productiva no puede absorber completamente: la posibilidad de pensar diferente, de cuestionar, de comprender que el mundo no es como es porque deba serlo inevitablemente sino porque fue construido así por decisiones políticas, y que por lo tanto podría ser radicalmente reconstruido. Eso es lo que Kast realmente atacaba en Puerto Montt en aquella gira de gobierno. No la supuesta «ineficiencia» de la investigación académica. Su peligro político profundo. Porque las sociedades donde la gente lee intensamente, piensa críticamente, accede a investigación rigurosa que cuestiona, son precisamente las sociedades que cuestionan al poder. Y el gobierno de Kast necesita exactamente lo opuesto: poblaciones dóciles que no pregunten, que acepten como inevitable que «así funciona el mundo», que no tengan herramientas intelectuales para imaginar alternativas radicales. Los libros preciosos, la investigación humanista desinteresada, la ciencia básica que «no produce empleos directos», son precisamente los lugares donde esas herramientas de pensamiento crítico se desarrollan y fortalecen. Por eso se los ataca. Por eso se los reduce presupuestariamente. Por eso se pretende que no existen o que son lujos prescindibles. El poder siempre ha temido al pensamiento que no puede domesticar.

No hay pregunta «verdadera» que formular. Kast no está equivocado en su crítica a la eficiencia del FONDECYT. Kast está ejecutando un proyecto deliberado de clausura del pensamiento crítico. Sabe exactamente lo que hace. Reduce presupuestos sabiendo que debilita la capacidad de cuestión. Descontinúa programas comprendiendo que mata instituciones de investigación libre. Desfinancia postdoctorados consciente de que expulsa a la próxima generación de pensadores. Lo que está ocurriendo no es error administrativo ni ineficiencia económica. Es operación política de represión intelectual de largo aliento, ejecutada mediante dos tácticas coordinadas: violencia presupuestaria explícita combinada con invisibilidad administrativa. Kast y su gobierno no están combatiendo la «ineficiencia de la ciencia». Están destruyendo la capacidad de la sociedad chilena de pensar su propia historia, de imaginar futuros alternativos, de cuestionar el presente. En cada régimen autoritario, en cada momento de oscurantismo político, esto fue siempre lo primero atacado: la posibilidad misma de pensar diferente. Los libros seguirán empastados en las bibliotecas. Pero serán accesibles solo para quienes pueden pagarlos. Las universidades seguirán existiendo. Pero como proveedoras de mano de obra, no como espacios de pensamiento. Y las futuras generaciones de chilenos crecerán sin herramientas intelectuales para imaginar que las cosas podrían ser distintas. Eso es el proyecto. Eso es lo que gobierna con miedo necesita: ignorancia administrada, pensamiento domesticado, capacidad de cuestión sistemáticamente destruida. No es represión sin nombre. Es represión ejecutada como tecnocracia, y por eso es irreconocible, y por eso es infinitamente más peligrosa.

Todo ocurre en los grises de la emergencia.

Referencias.

Richard, Nelly. (2004). Residuos y metáforas. Ensayos de crítica cultural sobre el Chile de la Transición.