Visita al correccional Daleney Hall, en Newark, donde la semana pasada se fugaron cuatro detenidos por ICE en medio de una confusión nocturna, entre zarandeos y gritos. Hoy algunas almas permanecían en la entrada a la espera de otros, pero tal vez ya los reclusos habían sido desplazados a otro recinto. O al menos eso se comunicó a horas tempranas de la mañana. Como ya sucedió en el 2020, es obvio que la gran marcha organizada en diversas ciudades puntuales – con los hospicios y los dólares de la heredera de Walmart – es otro instrumento contrainsurgente para ralentizar los focos dónde se ha coagulado, a lo largo de estos días, la energía del disturbio ampliado, en el que se entrecruzan la destrucción de la mercancía y el desplome de los salarios. Daleney Hall es ciertamente un ominoso lugar: el gris del día lluvioso se confundía con el arabesco del alambre de púas sobre las rejas. Las cámaras de seguridad multiplican los ojos ad infinitum, y es algo que sentimos de inmediato. Como tantos otros correccionales administrados por grupos privados, Delaney Hall es una entidad privada a manos del GEO Group, cuyas ganancias netas este año fiscal superan los 2 billones de dólares. En un momento de crecientes excedentes poblaciones, en medio de la crisis demográfica y del agotamiento del crecimiento laboral, la prisión es un reservorio ineludible para sostener el patrón de acumulación en picada. No otra cosa quedó clara en la disputa entre los federales y el alcalde Baraka hace unas semanas. Las disputas por la representación en Estados Unidos casi siempre son pugnas por cómo organizar, acoplar, y distribuir la tasa de ganancia en las diversas capas institucionales. Y poco más.