La imagen del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, exultante mientras intentaba abrir una botella de champán en el pleno de la Knéset por la aprobación de una ley de pena de muerte para palestinos, quedará anclada en la historia como una de esas fotografías que no necesitan pie de foto.
Es la imagen de un país que nunca abandonó realmente el momento colonial en el que nació. No solo heredó prácticas británicas, sino que las mantuvo vivas durante más de 70 años. Ahora vuelve sobre sus pasos para recuperar una de las más oscuras de esas prácticas.
La nueva ley israelí de pena de muerte, que apunta exclusivamente a los palestinos, no surgió de la nada. Fue heredada de un patíbulo que los británicos ya habían construido en la misma tierra, probándolo sobre el mismo pueblo y bajo el mismo cielo. En su estudio sobre la “pacificación” británica de Palestina, Matthew Hughes, historiador militar de la Universidad Brunel, muestra cómo los tribunales militares establecidos por el Mandato Británico en noviembre de 1937 estaban diseñados, ante todo, para la rapidez: un terror ejecutado con tanta celeridad que nadie tenía tiempo de apelar ni de apartar la vista. El jeque Farhan al-Sa’di, anciano dirigente revolucionario qassamita y uno de los principales comandantes sobre el terreno del levantamiento de 1936, fue capturado un lunes, juzgado un miércoles y ahorcado un sábado. Es la misma ley que Israel ha reintroducido hoy.
Ficción de la razón 