Cuando al comienzo del 2017 entrevisté al constitucionalista Bruce Ackerman, el mayor peligro de la presidencia de Donald J. Trump para el constitucionalismo liberal residía en una futura transformación de la Corte Suprema. Una transformación que, de conseguirse, cambiaría radicalmente el curso del estado de derecho del país [1]. Esta es la posibilidad que ahora se abre tras la nominación de la jueza federal Amy Coney Barrett, un nombre que ha venido circulando en la jurisprudencia conservadora en los últimos años. La jueza Barrett es producto de una silente revolución legal conservadora que asociamos con tres objetivos específicos: la Federalist Society como plataforma para la formación de élites jurídicas; el originalismo como hermenéutica constitucional; y la defensa de valores religiosos como reacción ante la creciente tecnificación liberal. Ciertamente el ascenso de Amy Coney Barrett es consecuencia de la incapacidad del liberalismo de llevar a cabo un proceso interno de renovación. Un impasse tan agudo que el propio Ackerman ha reconocido que el motor de los movimientos sociales ha entrado en un periodo de ocaso, carente de mediaciones efectivas con las cortes [2]. De manera que la nominación de Coney Barrett es el resultado triunfante de un nuevo cosmos intelectual del movimiento conversador. Estamos ante una revolución en lo absoluto despreciable, pues sabemos que el verdadero arcano de los poderes públicos en Estados Unidos es la fuerza del derecho.