Es probable que muy pocos de los que van a votar en las elecciones europeas se hayan cuestionado el significado político de su acto. Puesto que están llamados a elegir un «parlamento europeo» sin definir, pueden creer más o menos de buena fe que están haciendo algo que corresponde a la elección de los parlamentos de los países de los que son ciudadanos. Conviene aclarar desde ahora que no es así en absoluto. Cuando hablamos hoy de Europa, la gran remoción es ante todo la realidad política y jurídica de la propia Unión Europea. Que se trata de una verdadera remoción se desprende del hecho de que se evite a toda costa una verdad tan embarazosa como evidente. Me refiero al hecho de que, desde el punto de vista del Derecho constitucional, Europa no existe: lo que llamamos «Unión Europea» es técnicamente un pacto entre Estados, que sólo afecta al Derecho internacional. El Tratado de Maastricht, que entró en vigor en 1993 y dio a la Unión Europea su forma actual, es la sanción definitiva de la identidad europea como mero acuerdo intergubernamental entre Estados. Conscientes de que hablar de democracia con respecto a Europa carecía por tanto de sentido, los responsables de la UE trataron de suplir este déficit democrático elaborando el proyecto de la llamada Constitución Europea.